El debate por los pasivos ambientales de Sierra Pintada cada vez se instala más a nivel nacional. En los últimos días se hicieron varios comentarios y referencias en torno a la mina de uranio, los residuos que se ubican en el lugar, la contaminación y hasta una posible reapertura de la explotación.
Días atrás, la periodista especializada en temas ambientales Victoria Bianco realizó un informe en radio, donde alertó que la CNEA está proyectando reactivar el complejo de Sierra Pintada para el año 2019. La propia periodista había avisado días atrás que “en la provincia de Mendoza se ha extraído uranio en los centros de Malargüe, San Rafael, y Huemul”, pidiendo que “optemos por energías limpias”, marcando su postura contraria a la propuesta de volver a trabajar allí.
Asimismo, el tema de Sierra Pintada se hace muy presente desde las Asambleas contra la Minería en La Rioja. En la vecina provincia, hace varios días se realiza un corte de ruta a fin de evitar el ingreso de maquinarias mineras a un yacimiento donde se pretende explotar uranio a 15 kilómetros de la ciudad capital.
Según la asamblea riojana, “este proyecto, encabezado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), no cuenta con los procedimientos legales correspondientes pero, sin embargo, ya están realizando la exploración en el lugar (...) Esta empresa es la responsable del abandono de la mina de uranio Sierra Pintada, donde hace más de 15 años se encuentran diques de cola fisurados con 14 millones de toneladas de material estéril y tóxico, 5.000 tambores con residuos peligrosos semienterrados, campamento e infraestructura en completa desidia. Pese a que se enviaron fondos internacionales para su remediación, y a que la Suprema Corte ratificó su culpabilidad exigiendo 1 millón de pesos por daños y ordenó la remediación del área afectada, no se ha avanzado en reparar las afecciones ambientales. Sumado a ello, la CNEA es una de las autoras de pedidos de inconstitucionalidad de las leyes de regulación de la minería metalífera en Córdoba (Ley 9.526) y Mendoza (Ley 7.722)”.
Del mismo modo, los partidos del Frente de Izquierda también salieron a alertar sobre la peligrosidad de Sierra Pintada. En el marco del rechazo a la instalación de la procesadora Dioxitek en Formosa, el Partido Obrero emitió un duro comunicado rechazando la instalación de la firma en Formosa, recordando su antecedente negativo en Córdoba y la experiencia de la mina en San Rafael.
Sobre la CNEA, destacaron que “la empresa también fue denunciada por volcar a la mina de uranio de Sierra Pintada en San Rafael más de 4.000 barriles con residuos de uranio, que fueron descargados en las pilas de residuos minerales. Un incendio en una instalación de estas características podría producir una catástrofe similar a otras históricas; sería, en menor escala, un nuevo Chernobil o Fukushima”.
Como si esto fuera poco, las asambleas del Agua de Mendoza denuncian el avance de la Megaminería ilegal en Las Cuevas (Mendoza) y en la quebrada de Alipán (La Rioja). En este marco, exigen “que se respete la voluntad de los pueblos y se cumpla con las leyes de protección ambiental”. Además, “denuncian la falta de accionar de los gobiernos provinciales y piden la remediación inmediata de los pasivos ambientales de Sierra Pintada y el cierre de la mina”.