Cuando hoy el gobernador Pérez estampe en Buenos Aires su firma junto a la del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, Mendoza completará el grupo de las primeras 15 provincias adherentes al Programa de Convergencia Tarifaria, por el cual la Nación dispone congelar tarifas eléctricas por lo que queda de 2014 a cambio de $ 200 millones, como mínimo, para obras.

No obstante, las concesionarias del servicio tienen un as bajo la manga, de resultar insuficientes los fondos prometidos en compensación de un VAD (Valor Agregado de Distribución, su ítem de ingresos) muy atrasado: que la Justicia suspenda el pacto.

Una medida cautelar que revierta la decisión política de Pérez, según la arquitectura legal de la acción, está fundamentada en que el convenio viola un principio: cualquier decisión sobre la tarifa eléctrica es potestad del poder concedente local, o sea, el Estado mendocino. Tanto como la facultad de la Nación de disponer sobre el mercado mayorista eléctrico y la red de transporte.

Hasta última hora de ayer, mientras Pérez se embarcaba en su vuelo a Buenos Aires, los responsables de las principales distribuidoras eléctricas desfilaban por el Ministerio de Energía para anoticiarse sobre los detalles de un acuerdo marco cuyo borrador básicamente es el mismo para todas las provincias firmantes. En el caso de Mendoza, a cambio de inmovilizar tarifas a usuarios hasta enero de 2015, Planificación destinaría no menos de $ 200 millones para obras, lo que en criollo básico es mantenimiento, salarios y compensación de ingresos a las distribuidoras.

Un resorte jurídico

A priori, los popes consideraban "irrisoria" la cifra confirmada como piso por fuentes del Ejecutivo para llegar a fines de 2014, habida cuenta de que la última revisión integral de cuadros tarifarios se hizo en mayo de 2008 y el nuevo está en suspenso desde agosto del año pasado. Quienes repasan los números de facturación y costos permanentemente aseguran que se necesitan alrededor de $ 600 millones para lograr el equilibrio.

"Por eso consideramos que el concedente no debe firmar con la Nación. Hacerlo sería renunciar a la soberanía eléctrica que Mendoza conserva "tranqueras adentro" en cuanto a distribución. La Nación tiene competencia en la administración del mercado mayorista por lo que sólo puede establecer pautas generales en generación y transporte, en tanto depende del sistema interconectado nacional", argumentaron desde la Federación de Cooperativas Eléctricas.

Mientras desde Edemsa dijeron desconocer el esquema previsto, Raúl Stasi, gerente general de Edeste, admitió que ir a la Justicia "es una hipótesis posible: con tarifa congelada, paritaria, sin inversión, no se puede funcionar. Cualquier empresa que se considera arbitrariamente perjudicada puede hacerlo; si el Gobierno decide adherir tiene que haber una oferta adecuada a cambio para cubrir el desfasaje".

Más allá de un atraso tarifario del 60% (según los estudios de costos de las empresas auditadas por el EPRE), Santa Fe constituye un antecedente a nivel nacional de judicialización que, aunque por un motivo diferente (multas) tuvo éxito. De ahí que sus impulsores en Mendoza confían en que también puede resultar un resorte útil para desbloquear el cepo a la tarifa.

Sobre la Provincia, en tanto, pendía, hasta ayer, una espada de Damocles: si la decisión era no adherir al Programa de Convergencia y sí dar tarifa, la Nación podía apurar la quita de subsidios en la misma proporción y así encarecer aún más el servicio para los usuarios que todavía gozan del beneficio. Medida que, inexorablemente, deberá implementar.

Variables y un plazo menor

Los impuestos, otro componente de la tarifa, e incluso el Fondo Compensador eran -al oficializarse la adhesión de Mendoza- otras variables analizadas para dar un poco más de VAD. Aunque quienes saben dicen que una recaudación cercana a $ 50 millones y de reposición irregular, exigiría multiplicar por 3 la alícuota que lo nutre.

"Vamos a hacer todo lo que sea para sobrevivir, por eso hicimos llegar nuestras inquietudes al Gobierno. Se necesitan fondos, vengan de donde vinieren, pero lo mejor que podría pasar es que no se firme", aseveró Julio Gallego, de Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz.

En cualquier caso, los concesionarios aguardaban hasta última hora una propuesta que significara, al menos, un plazo de congelamiento menor. En principio, a rever al cabo de los próximos 6 meses si, como lo planteó el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, la prioridad es mantener un estándar de calidad del servicio, aun frente a la paritaria salarial del sector y una inversión corriente en mantener las redes.