Desde el 1 de abril, luego que la Presidenta Michelle Bachelet firmara el proyecto de Reforma Tributaria, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados puso el acelerador y se ha reunido en varias ocasiones con el ministro Alberto Arenas y una serie de actores vinculados.

La instancia, presidida por el diputado DC Pablo Lorenzini, estableció un cronograma de discusión en el que han participado distintas ramas del empresariado, especialistas, gremios de trabajadores y autoridades de otras reparticiones.

En la misma línea, con mayoría en ambas cámaras y en la misma comisión, los parlamentarios acordaron que el próximo martes se vote la idea de legislar sobre el proyecto en general y desde el miércoles se vea el articulado punto por punto.

La agenda de la Nueva Mayoría busca que el texto se revise en sala entre el 6 y 8 de mayo, para que sea votado la semana siguiente.

El debate no ha estado exento de polémicas, presión desde distintos círculos de poder y de críticas a las características del proyecto ingresado por el Ejecutivo. En los últimos días, por ejemplo, se ha instalado la idea de que algunos parlamentarios de la DC han criticado más de la cuenta.

Ante esto, el diputado Lorenzini aclaró que “en términos generales respaldamos el proyecto y en eso yo creo que no se pierde nadie en la Nueva Mayoría”.

El parlamentario explicó que este lunes continuará el debate y que el martes se acaba el plazo para presentar las indicaciones. De forma paralela, se reunirán con el ministro y su equipo para acotar el documento que se votará y no demorar en errores de forma: “Si hay cambios y nos vamos a demorar un año, obviamente que el sistema es diferente. Llegó el minuto de tomar decisiones, este lunes lo vamos a conversar con el ministro y el subsecretario de Hacienda para ver en qué condiciones estamos y la receptividad que habrá en la Cámara y el Senado a estos planteamientos”, explicó.

Según el diputado José Miguel Ortiz, también democratacristiano e integrante de la comisión, se ha gestado una campaña de desprestigio y división. Si bien hay indicaciones puntuales, “nadie ha planteado que vaya a votar en contra de tal o cual artículo”.

“Se está formando una imagen que poco menos que no tiene el piso ni los votos, lo que es falso. Los ocho diputados de la Nueva Mayoría, tres de los cuales son de la comisión de Hacienda, tenemos el compromiso -y lo hemos expresado públicamente- de votar a favor de la idea de legislar”, afirmó.

Si bien concuerdan en los grandes temas, hay dudas en torno a temas específicos, como la aplicación de un impuesto mayor a los alcoholes, incorporar o no la disminución progresiva del beneficio tributario que tiene el sector de la construcción y la necesidad de que algún porcentaje de los impuestos que pagan las empresas quede en regiones con libre disposición.

El diputado Ortiz reconoció que el calendario de recaudación que incluye el proyecto entraría en régimen recién en 2017, pero cree que poniendo freno a la evasión se podría asegurar el financiamiento para la reforma educacional: “Cada punto que aumenta la evasión son 340 millones de dólares que ni ingresan al erario nacional. Tengo mucha fe que se va a avanzar bastante en el tema de la evasión y elusión. Eso significaría muchos millones de dólares y se podría adelantar el financiamiento de la reforma educacional”, indicó.

Este lunes el diputado Lorenzini se reunirá con el ministro Arenas para acordar un camino que impida trabas o revisiones del Tribunal Constitucional u otra instancia que demore la reforma.

El proyecto debe estar listo para ser promulgado al menos en septiembre, para dar viabilidad a los presupuestos 2015.

Prácticamente durante todo el fin de semana, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se mantuvo trabajando con su equipo en una misión particular: estudiar y preparar la redacción de un conjunto de indicaciones para introducir  modificaciones a la reforma tributaria, proyecto emblema del segundo mandato de Michelle Bachelet en La Moneda.

 En la antesala de que se formalice el trámite legislativo en el Congreso, con la votación de la idea de legislar el martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara, La Moneda se prepara para la primera gran batalla en el proceso: la discusión en particular, es decir, artículo por artículo.

Si bien hasta ahora no habría problemas para que los diputados de la comisión aprueben  en general el proyecto, pues el oficialismo cuenta con mayoría, en el gobierno ya advirtieron del complejo escenario que se abre en el trámite punto por punto.

Sobre todo a partir de las objeciones que se han levantado desde la Nueva Mayoría, en particular desde la DC. 

El aumento de atribuciones al Servicio de Impuestos Internos (SII), el alza impositiva a las bebidas alcohólicas, e incluso el incremento de los tributos sobre las bebidas azucaradas, son los temas que han sido cuestionados por diversos parlamentarios DC, quienes hoy protagonizarán un concurrido encuentro -asistirán diputados, senadores, la mesa directiva y constitucionalistas- para discutir en profundidad los alcances de la reforma tributaria. 

La arremetida del partido que dirige Ignacio Walker empujó al gobierno a abrirse a introducir cambios a su proyecto de ley estrella. La propia Presidenta Michelle Bachelet lo adelantó el viernes cuando señaló que estaba dispuesta a “corregir” aspectos de la reforma. No obstante, comentan en Hacienda que dicha apertura no implicaría poner en entredicho los objetivos globales de recaudación (US$ 8.200 millones).

Hasta ahora, según las mismas fuentes, el gobierno perfeccionaría su propuesta de fortalecimiento del SII, precisando algunas atribuciones que fueron consideradas “arbitrarias” y “carentes de legitimidad” por personeros DC.

Entre otros aspectos, la iniciativa permite al organismo solicitar sistemáticamente información a los contribuyentes, a través de entidades como la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), pero también le permite acceder a información de personas sobre los pagos de tarjetas de crédito y débito. Este último punto sería modificado, restringiendo dicha prerrogativa a los instrumentos crediticios de empresas.

En el gobierno también han  analizado el impacto de las alzas de impuestos sobre los alcoholes, aunque, dicen las mismas fuentes, no hay claridad sobre eventuales modificaciones.

Los cambios que introduciría La Moneda apuntan a evitar dejar flancos abiertos respecto de la constitucionalidad del proyecto, para cerrar caminos de eventuales presentaciones ante el Tribunal Constitucional, tal como lo han esbozado, por ejemplo, desde la UDI.

Con todo, el ministro Arenas almorzará hoy -como todos los lunes- con los integrantes de las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado de la Nueva Mayoría, cita en que los parlamentarios esperan ser notificados de los eventuales cambios.

“ En la reunión de hoy con el ministro esperamos recibir noticias sobre los próximos pasos del gobierno”, dijo ayer el diputado DC, Matías Walker. “Esperamos que el gobierno soluciones el tema mediante las indicaciones correspondientes, dijo a su turno, Aldo Cornejo, quien lideró los reparos por las atribuciones del SII.