Pese a que sigue existiendo y aún hay empresas que se acogen a él, la dictación del primer royalty en 2005 le hizo perder casi todo su valor. Durante la Semana Cesco, que reunió a los principales ejecutivos del sector, fue uno de los ejes principales.
Desde 2005, el Decreto Ley 600, instrumento creado en 1974 para atraer inversión extranjera, ha estado en la mira de la autoridad. Si bien antes se plantearon modificaciones, hoy lo que se busca es mucho más radical: su eliminación definitiva.Esto encendió de inmediato las alarmas en el sector minero, justo en una semana clave para la industria.

La propuesta contenida en la reforma tributaria que se discute en el Congreso -además de sus efectos-, fue uno de los temas centrales de la reciente Semana Cesco, que finaliza hoy en Santiago, y que reúne a ejecutivos, empresarios y abogados para discutir en torno a la realidad de la minería chilena y mundial.

Entre los participantes hay casi un consenso. Los ejecutivos han manifestado su preocupación por dos temas: qué es lo que se busca con su eliminación y qué propuesta alternativa emanará desde el Ejecutivo.

LAS DUDAS

El ex subsecretario de Minería, Francisco Orrego, plantea que lo que más extrañeza le genera es que si el gobierno de la presidenta Bachelet señala que el principal beneficio del DL 600, que es la invariabilidad tributaria, prácticamente no se usa, por qué no se elimina sólo ese punto y se mantienen aquellos artículos que otorgan estabilidad jurídica.

“Centrar el debate en el poco uso del DL 600 no tiene ningún sentido. Hasta el día de hoy cerca del 60% de la inversión extranjera llega por la vía del DL 600 y de esa suma del cerca de 30% llega directamente a la minería. En los últimos meses el Comité de Inversión Extranjera (CIE) ha seguido aprobando proyectos al alero de este instrumento”, señaló Orrego.

Una visión similar manifestó hace un par de días el CEO de Antofagasta Minerals -el mayor grupo minero privado de capitales chilenos- Diego Hernández, quien sostuvo que el DL 600 ha sido fundamental para el crecimiento de la minería.

“Ha sido un instrumento de mucha utilidad y la prueba de eso es el gran parque productivo que tenemos hoy en día (...), aunque quizás lleve muchos años y, probablemente, haya que perfeccionarlo”, planteó el ex presidente ejecutivo de Codelco.

El presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez, también opinó en una línea similar: “Se trata de un mecanismo que en alguna medida se debe analizar y perfeccionar”, dijo.

A CALMAR LAS AGUAS

En el gobierno se alertaron de la preocupación de las grandes empresas mineras y fue la propia Presidenta Bachelet quien salió a dar una señal de tranquilidad.

Esto, en medio de la cena Cesco, tradicional evento en el que cerca de 2.000 invitados, entre quienes se encontraban los CEO de importantes empresas mineras internacionales y prácticamente la totalidad de los altos ejecutivos del sector en Chile.

La mandataria no sólo reconoció que percibe que el tema genera preocupación en el mundo privado, sino que también dijo que éste había sido dictado en una época distinta, en medio de un contexto social, político y económico diferente cuando el prestigio internacional de Chile era mínimo.

Además, señaló que en el contexto democrático de Chile no es necesario que este mecanismo exista para atraer la inversión extranjera hacia la minería.

Por ello, siguiendo la línea de la presidenta, la ministra de Minería, Aurora Williams, planteó en ese mismo foro que el gobierno se hará cargo de generar un instrumento que reemplace al DL 600, acogiendo los planteamientos y las inquietudes de la minería.

Al respecto, Francisco Orrego señala que era esperable que al mismo tiempo que se propusiera el fin del Estatuto de Inversión Extranjera, también se diera a conocer la alternativa.

“Es lo que uno hubiera esperado. Que se dijera: vamos a derogar el DL 600 pero que al mismo tiempo se señale en qué se está trabajando y cómo está compuesto el paquete de medidas o garantías para proteger la inversión extranjera”, comenta.

Una lectura distinta hace el director asociado de Private Equity Mining de Buena Vista Capital, Carlos Gómez, quien plantea que el impuesto específico o royalty en 2005 -a lo que se sumó el alza de la tasa en 2010- ya alteró significativamente el espíritu del estatuto, al generar una tasa tributaria de las más altas que cualquier industria en Chile.

Esto, porque lo que el DL 600 buscaba era precisamente no discriminar a la minería, lo que terminó ocurriendo de todas maneras.

Pero eso no es todo. Según su visión, le derogación del royalty podría incluso permitir una baja en los impuestos de la minería.

“Desde el punto de vista de la recaudación fiscal, la derogación del DL 600 significa que la tasa de impuesto a la renta disminuirá de 42% a 35%.  Por lo tanto, no es claro que la recaudación fiscal aumente. Recordemos que la esencia del DL 600 es darle estabilidad tributaria y cambiaría a la inversión extranjera por un máximo de 20 años, a cambio de una tasa de impuestos a la renta muy superior de 42%”, expresa Gómez.

“En otras palabras, los accionistas de empresas extranjeras acogidos al DL 600 pagaban impuestos sustancialmente mayores a cambio de invariabilidad tributaria y cambiaría por 20 años”, concluye.