La votación terminó 64 a 42, más 3 abstenciones. La mayoría de los legisladores chilenos optó por rechazar el trabajo de la Comisión Investigadora al considerar que los aportes que habían hecho desde la comunidad de Valle del Huasco -lado argentino del gigante binacional- eran suficientes para pedir la revocación de los permisos ambientales a Barrick. Como los resultados de la Comisión no ordenan quitar esos permisos de operación, decidieron rechazar el escrito.

Es obvio decir que con la votación de ayer la mayoría de los diputados de Chile piensa que hay que quitarle definitivamente los permisos para que Barrick siga operando el proyecto. En la práctica implica un revés político muy duro para la continuidad del proyecto, y mete presión al encuentro que tendrán las presidentas Michelle Bachelet y Cristina Fernández la semana que viene, a la que fue invitado el gobernador José Luis Gioja. ¿Será capaz el gobierno argentino de convencer a la chilena para torcer el pensamiento de esos diputados? ¿Cristina escuchará a Gioja en ese pedido? ¿Es momento de charlar estos temas, o es preferible dejar pasar el tiempo? Un final abierto que mete miedo.

Bachelet no la tiene fácil en la Cámara de Diputados: hay 67 diputados de la Nueva Mayoría -Bachelet-, 49 de la derechista Alianza y 4 independientes, quienes estarían a favor de los cambios propuestos por Bachelet durante su campaña. Los 67 de Nueva Mayoría y los cuatro independientes sumarán 71, uno menos que los que se requieren para impulsar, por ejemplo, una reforma tributaria o una modificación en el sistema electoral binominal que rige actualmente a pesar de haberlo establecido el ex dictador Augusto Pinochet. Es decir, no tiene mayoría especial, pero sí mayoría simple, por tanto la votación de ayer contó con el apoyo de varios -no se conoce en precisión cuántos- legisladores del “oficialismo” chileno. 

Para colmo, sin haberse aprobado, el informe fue bastante duro. Aquí, algunos párrafos:

1- “En parte importante del desarrollo del proyecto minero Pascua Lama se han producido incumplimientos, de parte del titular del proyecto, a normas del ordenamiento jurídico chileno de orden ambiental, de salud, de vialidad, laboral y de seguridad en lugares de trabajo”.

2- “Dichos incumplimientos se han reflejado en el quebrantamiento, por parte del titular del proyecto, de las Resoluciones de Calificación Ambiental que autorizaron el desarrollo del proyecto y, a su vez, han generado procesos y sanciones de parte de organismos administrativos y judiciales de nuestro país”.

3- Además, se señala que los hechos constatados por las instituciones del Estado “constituyen una violación del objeto preventivo de la Resolución de Calificación Ambiental, provocando un debilitamiento de este instrumento, que constituye la principal norma preventiva que resguarda el derecho constitucional establecido en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República”.

4- El documento recalca que, debido a que la empresa ya se encuentra en un rango de incumplimiento calificado como gravísimo (se la ha sancionado con multa 10.000 UTM y clausura temporal), se debería proceder a la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental N° 24 del año 2006 (mecanismo que autorizó sus operaciones), en caso que, con posterioridad a la implementación de las medidas que se le han impuesto por las autoridades competentes, la empresa reincida en incumplimientos manifiestos.

El último párrafo de esta síntesis es el más polémico. La Comisión Investigadora chilena recomienda revocar la resolución ambiental de 2006 -la que dio inicio a los trabajos- siempre y cuando la empresa vuelva a incurrir en errores. Es decir, le da tiempo a otras equivocaciones para recién revocarles el permiso y es lo que disparó la reacción de la mayoría de los parlamentarios chilenos. La posición política chilena, por lo que se desprende, es mucho más dura de lo que se analizaba en San Juan. A pesar de ello, en la provincia leen como un claroscuro lo ocurrido ayer en el parlamento de Chile: analizan algunos empresarios que si para destrabar estas diferencias hay que usar la política, es justo el terreno en el que el gobernador de San Juan se mueve con facilidad y, basados en esa característica, descansan sus errores en la capacidad de Gioja para revertirlos.

El mandatario sanjuanino ya ha demostrado esos dotes incluso con la mandataria chilena cuándo el Tratado de Maipú, y también con el expresidente Sebastián Piñera cuándo la licitación del Túnel de Agua Negra. Veremos cómo le va a Gioja en esta arremetida que, sin haberle consultado, seguro estará pensando en emprender por estas horas. Lo ocurrido ayer en Chile no es definitivo, pero es importante porque no valida la permanencia de la empresa en el Valle de Huasco.

En lo estrictamente técnico y en los errores que ha cometido Barrick, no hay análisis posible. Tienen que arreglar lo que han hecho mal y es, en definitiva, responsabilidad de la empresa la situación en la que hoy se encuentran. Por supuesto que algunos cambios en las reglas de juego que impuso nuestro país, también sumaron, pero en Chile y por lo que se lee en los medios de ese país, Barrick cometió equivocaciones y de eso no hay dudas. Habrá suspenso hasta la semana que viene.