En la segunda jornada del plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto, y luego de una serie de expositores que cuestionaron el acuerdo con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, el kirchnerismo consiguió el dictamen de mayoría en Diputados para avalar la “solución amigable” de indemnizar a la empresa con títulos públicos por US$ 5.000 millones. De ese modo, aunque la mayor parte de la oposición anunció que no acompañará la iniciativa del Ejecutivo, el oficialismo se encamina a aprobarla en el recinto dentro de dos semanas.

En el turno de los expositores propuestos por los diputados opositores, se acumularon las críticas por el monto del acuerdo, el vaciamiento de YPF en la gestión de Repsol, la falta de una contemplación adecuada de los pasivos ambientales, entre otros puntos. Parte de esos argumentos habían sido reconocidos por funcionarios de la primera línea del Gobierno: el ministro de Economía, Axel Kicillof, atribuyó la caída en la producción y en las reservas de gas y petróleo a “una política de saqueo” y el secretario Carlos Zannini, admitió el “daño” aunque alegó que “no podemos estar lamiéndonos las heridas” que generó Repsol.

“Se querían ir de Argentina a México, se podría haber negociado por menos dinero”, estimó Gustavo Calleja, Subsecretario de Energía de Raúl Alfonsín, y apuntó que Repsol “vació el único yacimiento que teníamos”, en referencia a Loma de la Lata. El ex Secretario del área Alieto Guadagni atribuyó la caída de la producción al ingreso del Grupo Petersen, en 2008, y cuestionó que el valor no considerara “la familia de juicios enorme que se viene”. Jorge Altamira, por el Frente de Izquierda, reclamó un juicio en lugar de un pago para los españoles.

“Vaciaron YPF, no podemos ser entreguistas”, pidió. “Si no se cambia la estructura del modelo energético, que ha fracasado, no hay perspectiva de salir de esta situación”, aseguró José Rigane, titular de FETERA, que también rechazó el acuerdo y exigió recuperar el 100% de YPF”.

Las exposiciones, como se descontaba, no alteraron la decisión del oficialismo de avanzar con el dictamen para llevar el proyecto al recinto el miércoles 23. Entre propios y aliados, reunió 30 firmas. El radicalismo, el Frente Amplio Progresista, los diputados nucleados en UNEN y Unidad Popular adelantaron su rechazo al acuerdo. “Las condiciones de pago que el Gobierno decidió unilateralmente obliga a las provincias petroleras a un severo ajuste”, remarcó el radical Ricardo Alfonsín. “Quedó clara la falta de sustento de la tasación, se trata de un informe a medida para convalidar los términos de la negociación”, dijo Omar Duclós, del FAP. El Frente Renovador y el PRO no definieron su actitud. “El proceso ha sido errático y contradictorio. No nos respondieron si el tasador había visto el contrato con Chevron y sobre los pasivos ambientales, dijo Federico Sturzenegger, del PRO.

El Frente para la Victoria firmó este miércoles el dictamen favorable al proyecto que ratifica el acuerdo del Gobierno con la empresa Repsol por la expropiación del 51% de YPF, una norma que llegará el recinto para su debate el próximo 23 de abril.

El despacho de comisión se logró en el marco del plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda que continuó este miércoles, luego de pasar a un cuarto intermedio tras las exposiciones del ministro de Economía, Axel Kicillof, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el CEO de YPF, Miguel Galuccio.

En el encuentro se escuchó a invitados que habían sido sugeridos por legisladores de la oposición, quienes expresaron sus críticas al convenio firmado por el Poder Ejecutivo con la compañía española.

Tras las exposiciones, el bloque oficialista planteó su intención de firmar inmediatamente el dictamen de comisión sin modificaciones, tal como fue aprobado el mes pasado en la Cámara de Senadores.

Así fue como, pese a las resistencias de la UCR y el FAP, el kirchnerismo, junto a sus aliados, consiguió los respaldos necesarios para avanzar con el tratamiento de la iniciativa.

El martes en representación del Gobierno, Kicillof, Zannini y Galuccio, volvieron a defender en el Congreso el convenio con Repsol por la expropiación del 51% de la petrolera, al tiempo que coincidieron en que será beneficioso para el país el pago con bonos y no en efectivo.

Con una dinámica similar a la del mes pasado en el Senado, los funcionarios se presentaron ante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde ratificaron conceptos acerca del convenio con Repsol y contestaron preguntas de la oposición.

Las explicaciones del ministro de Economía, el secretario de Legal y Técnica y el titular de YPF sirvieron para inaugurar el último tramo del debate parlamentario del acuerdo con la empresa española, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara alta. La reunión plenaria entró en cuarto intermedio tras casi seis horas de trabajo y continuará este miércoles a partir de las 10.00 con ponencias de expertos convocados por los distintos bloques opositores.

En tanto, se ratificó la fecha de sanción de la norma: el 24 de abril, tras una extensa sesión que arrancará el miércoles 23. El ministro de Economía remarcó el funcionamiento de YPF y aseguró que "cada peso que invierte tiene un efecto multiplicador en el país" y destacó como "ventaja" que el pago del 51 por ciento de las acciones expropiadas "no va a ser realizado en efectivo sino en títulos de legislación argentina".

"Este valor (de la expropiación) va a ser pagado por el propio precio de la empresa, y no porque la empresa le gire plata el Estado, sino porque el Estado se ahorra de pagar otras cosas", subrayó Kicillof. El funcionario indicó que YPF "sigue siendo una empresa abierta, que cotiza en bolsa, bajo las leyes argentinas y la Comisión de Valores de Estados Unidos" y subrayó que su valor de tasación, de 5.000 millones de dólares, fue aceptado por los accionistas de la compañía española.

"Se hizo una cláusula gatillo, si vale menos se va a reponer ese valor con una determinada cantidad de bonos, hasta llegar a un máximo de 4.670 millones de dólares o hasta emitir un máximo de 1.000 millones de bonos nuevos", señaló el ministro, y recordó que "otro elemento que funciona como una salvaguarda de la Argentina es que 5.000 millones es el techo máximo de lo que Repsol puede cobrar".

Para Kicillof, YPF "podía ser rentable para un privado, pero era perjudicial para el pueblo argentino". Además, consideró que el convenio con Repsol "pone un punto final a un proceso que no va a ser cuestionable y va a dejar a la empresa libre de todo litigio". "Este acuerdo limpia a YPF para convertirse en un motor para el desarrollo del país, la distribución del ingreso y el desarrollo con equidad", señaló el titular del Palacio de Hacienda.

Por su parte, Zannini también defendió el convenio y aseguró que "es mentira que Néstor Kirchner haya sido el privatizador de YPF", tras rechazar a quienes acusaron al santacruceño de impulsar esa medida desde la Gobernación provincial, que asumió el 10 de diciembre de 1991. "Como si en 1992 hubiera tenido la capacidad de decidir que tuvo en el 2003", resaltó el funcionario.

En tanto, al salir al cruce de la oposición, Zannini ironizó: "Cristina no se va a llevar YPF a El Calafate, esto es bueno para la Argentina". "Venimos con el corazón abierto para que nos acompañen, porque es bueno para la Argentina. Cristina no se va a llevar YPF a El Calafate, esto es bueno para la Argentina", indicó. A la vez, sostuvo que el acuerdo para resarcir a la empresa española "no tiene trampas ni letra chica".

Al igual que ocurrió en el Senado, pero ésta vez sin emocionarse, Zannini rechazó la "desnacionalización" de la compañía y recordó que "hubo un gran daño social que se vivió sobre todo en la Patagonia". Durante el debate, la oposición volvió a cuestionar la tasación de YPF y se quejó porque los funcionarios se retiraron antes de responder las preguntas de todos los anotados en la lista de oradores.

El radical Miguel Giubergia evaluó: "Daría la impresión que, con esta oferta y la aceptación de Repsol de retirar la demanda por expropiación, las cuentas quedan saldadas para ambas partes, pero en el medio están los contribuyentes que deberán poner plata de su bolsillo hasta el 2033, para pagar un acuerdo poco claro, con reglas menos claras todavía".

A su vez, el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez cuestionó: "Estamos tratando de saber el precio de la expropiación de una empresa saqueada, privatizada, y comprada por el PJ y sus funcionarios no tienen tiempo para responder preguntas".

En la misma línea, el diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, aseguró que "es un acuerdo mentiroso que le reconoce a Repsol un valor entre 7.300 y 8.500 millones de dólares", que es "el valor que tenía la acción de YPF en el mercado un año antes de la estatización".

En nombre del PRO, Federico Sturzenegger cuestionó "el costo financiero" del convenio con la petrolera española, por considerar que "implica que en los próximos diez años se pagarán 420 millones de dólares por año de intereses".

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar: el porteño Juan Cabandié le respondió que la posición de Sturzenegger "es la de defender los intereses económicos extranjeros".

Las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitieron dictamen de mayoría favorable al acuerdo con Repsol por la expropiación del 51 por ciento de sus acciones en YPF, y el oficialismo planea aprobarlo en el recinto en dos semanas.

El dictamen tuvo el apoyo del kirchnerismo, que es mayoría en ambas comisiones, y los habituales bloques aliados, a los que se sumó el Movimiento Popular Neuquino, que también había apoyado en el Senado y fue clave para acelerar el trámite en la comisión de Energía de esa cámara.

Esta situación se repetiría en el recinto el miércoles 23, en la que será la primera sesión ordinaria del año, por fuera de lo que fue el informe de gestión de Jorge Capitanich. En la sesión, el oficialismo prevé darle media sanción al acuerdo con un piso de 136 votos a favor.

Los diputados de la UCR, el Frente Amplio Progresista (FAP) y UNEN ratificaron en las comisiones su rechazo por discrepancias con la valuación de las acciones expropiadas a Repsol. En tanto, el PRO, que en el Senado se abstuvo al momento de votar el acuerdo, y el Frente Renovador, no definieron todavía su posición. El Peronismo Federal también se abstuvo en la Cámara alta.

Luego de que ayer los diputados escucharon a Axel Kicillof, Carlos Zannini y Miguel Galluccio, hoy fue el turno de los especialistas recomendados por la oposición. El ex funcionario duhaldista Alieto Guadagni marcó su oposición al acuerdo, al señalar que la valuación no considera contingencias como "el juicio de Uruguayana que tiene un fallo adverso en la cámara arbitral de Paris" contra la empresa.

Tampoco contempla, añadió, juicios abiertos contra la refinería de La Plata por vecinos de Quilmes y "después viene una familia de juicios enorme", dijo, muchos de ellos radicados por empresas extranjeras.

Propuesto para exponer por el Frente de Izquierda, el líder del sector Jorge Altamira donde sostuvo que la política del Gobierno respecto de los hidrocarburos "es antinacional". "En nuestro país hay libre exportación y, por lo tanto, hay una entrega de la renta petrolera al capital internacional", aseveró.

José Rigane, titular de la FETERA, que nuclea a trabajadores de la energía, marcó su desacuerdo con la solución "amigable" a que se llegó con Repsol por la expropiación de sus acciones y exhortó a que se recupere YPF como "una empresa 100 por ciento nacional, una sociedad del Estado que esté integrada con representación de los que defienden el medio ambiente".

Rigane denunció que forma parte "la extranjerización de un modelo energético que ha fracasado", a la vez que advirtió que "en tanto y en cuanto no se cambie esa estructura no hay perspectiva de salir de esa situación".

El abogado Eduardo Mertehikian, de ASSUPA, apuntó que le preocupa a la entidad que defiende el medio ambiente que "nos preocupa la cláusula de indemnidad que el acuerdo incluye", aunque avisó que proseguirá la demanda contra Repsol por "recomposición del ambiente".

Por último, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, destacó que "uno de los lugares de mayor impunidad, de mayor inseguridad jurídica, es la cuestión relacionada con lo ambiental" y sentenció que "la contaminación de todos estos años fue un delito que debió ser investigado aun de oficio por las autoridades".