Pascua Lama vive el panorama judicial más incierto desde la aprobación de su permiso ambiental. Con una apelación congelada, que no ha podido llegar a la Corte Suprema -por un vacío legal- y con la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) estudiando una reagrupación de faltas que podría aumentar su multa más de 10 veces (cerca de US$100 millones),  el proyecto binacional se aferra sólo a un golpe de certidumbre.

Barrick, responsable del proyecto, presentó un recurso de casación contra la resolución del Tribunal Ambiental, que invalidó la sanción por US$16,4 millones que interpuso el regulador, pero el texto se encuentra entrampado.

¿El motivo? Por requisitos legales la apelación de Pascua Lama no podrá continuar su camino a la Suprema a menos que tenga la firma de la ministra suplente Ximena Fuentes Torrijo. El gran problema para la empresa es que la profesional renunció a su puesto, dejando en jaque el recurso de apelación.

“La apelación no puede salir a la Suprema si no tiene esa firma o bien la de su reemplazo, el cual aún no se ha definido. Es un vacío que tiene la ley y que no ha sido resuelto por el legislador”, explican desde el tribunal.

La apelación de la minera seguirá empantanada hasta que el Servicio Civil llame a concurso para un nuevo juez suplente o bien, si el Congreso aprueba un proyecto que modifica la ley N° 20.600, que permite que jueces ambientales de otros tribunales y ministros de la Corte de Apelaciones completen el quórum en caso de emergencia. El texto aún se encuentra en segundo trámite constitucional. 

Recurso inconcluso

Mientras la apelación a la Suprema se encuentra congelada a la espera de quórum, en la vereda administrativa, la SMA continúa trabajando en una alternativa  que reemplace a la sanción cursada en la administración Piñera. 

“Todos estos antecedentes están siendo analizados por la SMA, y no es posible -en el actual estado del proceso- anticipar las consecuencias que esto tendrá respecto de la futura decisión que la superintendencia tendrá que tomar en relación con este proyecto”, expresa el superintendente Cristián Franz.

Según fuentes de la SMA, una de las alternativas es reagrupar las infracciones del titular de acuerdo a la gravedad de éstas. Esto implicaría llegar a una multa considerablemente mayor a la ya cursada, lo que podría llegar a los US$100 millones.

El regulador monitorea de cerca el avance del recurso de Barrick y no mostrará sus cartas hasta que la apelación de la minera se concrete. 

La decisión del actual gobierno contrasta totalmente con la determinación tomada por la superintendencia encabezada por Juan Carlos Monckeberg. Para este escenario, la administración anterior contemplaba defender hasta las últimas consecuencias la resolución sancionatoria tomada en mayo. Es más, el texto de la casación de la SMA ya se encontraba virtualmente terminado por los abogados José Hernández y el ex fiscal de la SMA, Sebastián Perello. Sólo faltó la firma de Monckeberg para su envío.

Según personeros de la administración anterior, el actual gobierno no ha respetado la institucionalidad ambiental, y en el caso de Pascua Lama, consideran que lo óptimo era defender la sanción que fue anulada por el Tribunal Ambiental. 

“No me parece que  se haya incurrido en actuaciones infundadas.  En su defensa ante el Tribunal Ambiental se  acompañó opiniones jurídicas respetables, por lo que a lo menos debe señalarse que el tema es discutible”, afirma el académico de la UC y ex subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez.

Una opinión similar tiene la ex ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. “Si de mí dependiera, yo habría presentado el recurso de casación”, pero deja claro que ésta es una atribución exclusiva de la SMA.

Benítez sostiene que el actual gobierno no ha respetado el trabajo desarrollado por la administración anterior, lo que a su juicio quedó demostrado en la revocación de las determinaciones tomadas por el Comité de Ministros por el caso HidroAysén.

“Considero que se actuó con ligereza: en 45 minutos de reunión se echó por tierra el trabajo de más de 2 años de muchos profesionales de distintas reparticiones competentes de la administración pública, aplicando la retroexcavadora”, argumenta la ex ministra.

Con todo, en Barrick existe molestia. Hasta última hora la empresa esperó el recurso de la superintendencia, sin embargo, éste nunca llegó.

Con ese escenario, Pascua Lama encomendó a sus abogados Juan Antonio Urrutia y Francisco Charlín elaborar una nueva estrategia, la cual implicaba enviar un recurso de casación defendiendo la sanción cursada en mayo de 2013.

Fuentes ligadas a Barrick Gold afirman que la empresa considera que el fallo del Tribunal Ambiental incurrió en infracciones que fueron determinantes en su decisión, “siendo legalmente procedente el requerimiento de la compañía que la Corte Suprema anule dicho fallo y emita una sentencia de reemplazo”.

En cuanto a la reanudación de las faenas, fuentes ligadas a la empresa afirman que “la decisión de reiniciar la construcción dependerá de una mejora de las perspectivas del precio del oro de largo plazo y de una menor incertidumbre en relación a los requerimientos legales y regulatorios en Chile”.

Tras el portazo de la Cámara Baja este martes al informe de la comisión investigadora de Pascua Lama, recomendando que se revoquen los permisos ambientales al proyecto minero, la ONG ambientalista Greenpeace aplaudió este logro, definiéndolo como un avance en la lucha de las comunidades afectadas, que han exigido por años la revocación de los permisos.

“Este es un triunfo muy importante para las comunidades y organizaciones ambientalistas que han denunciado, incluso cuando la propia autoridad ha omitido fiscalizar”, afirmó Matías Asún, director Nacional de Greenpeace en Chile.

“Atrocidades medioambientales como las que han ocurrido en Pascua Lama son aún posibles, entre otras cosas, porque Chile no cuenta con una legislación que garantice la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua. A nombre de los casi 100.000 ciudadanos de la República Glaciar exigimos al Senado, la Cámara de Diputados y la presidenta, una ley de Protección de Glaciares”, agregó.

La organización ambientalista interpuso el pasado 23 de diciembre del 2013, una denuncia contra el proyecto Pascua Lama frente a la Superintendencia de Medio Ambiente, revelando ocultamiento de información y descargas ilegales de aguas sin tratar al Rio Estrecho. Greenpeace tuvo acceso a los “Flash Report” internos de la empresa, donde se describen los incidentes ambientales, mismos que demuestran como Barrick Gold entregó antecedentes falsos a las autoridades ambientales en su autodenuncia realizada a comienzos del 2013.