La pelea entre Nación y las provincias productoras de petróleo por el pago de la indemnización a Repsol por la expropiación a YPF continúa su marcha: el gobernador de Chubut Martín Buzzi dejó entrever que funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner amenazaron con quitarle las concesiones a los 8 estados productores si no cumplen con el compromiso de pago.

“La expropiación debe pagarse con las utilidades que genere la empresa”, aseguró Buzzi. Y agregó: “No hay posibilidades que el estado chubutense y por lo que hablé con otros gobernadores tampoco el resto, pueda asumir ningún compromiso financiero para poder pagar eso”. Fuentes del gobierno provincial aseguraron a Clarín que desde el gobierno de Cristina ya comenzaron las presiones.

Pero hay más: días pasados el secretario general de la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) Antonio Cassia arremetió contra las provincias productoras asegurando que “pretenden que el esfuerzo siempre sea de otro” y las calificó como las “más beneficiadas por el gesto político que significó la nacionalización de la petrolera, antes en manos de la española Repsol”.

A través de un comunicado Cassia dijo que “mientras el Estado nacional asume el cumplimiento económico con sacrificio presente y futuro del erario público se escuchan algunas voces provinciales que esbozan su intención de escaparle al compromiso de pagar”.

Las ocho provincias productoras deben pagar 2.450 millones de dólares de un total de 5 mil millones. El acuerdo con Repsol ya tiene el visto bueno del senado. Y ahora debe tratarse en diputados antes del primero de mayo según lo firmado por argentinos y españoles. A Chubut le corresponde pagar 200 millones de dólares.

Buzzi había anunciado una reunión de la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) para esta semana, pero un temporal de viento y lluvia tuvo a mal traer a la provincia en los dos últimos días por lo que el gobernador prefirió quedarse para seguir de cerca la situación.

A partir de la ratificación del contrato, las ocho provincias productoras se convertirán en deudoras del Estado nacional. Ninguna quiere asumir ese compromiso. Por eso la reunión de la OFEPHI serviría para unir criterios en la discusión con el gobierno nacional.

Cuando asumió, en diciembre de 2011, el gobernador de Mendoza, el kirchnerista Francisco Pérez , anunció lo que sería luego su propio laberinto, del que le cuesta ahora salir. Si logra hacerlo, seguramente será más caro. Esa provincia no cede en el gasto público, sobre todo en personal, que ya demanda el 57 por ciento de la pauta anual. Y esto tiende a seguir creciendo por la simple razón de que el propio mandatario prometió algo que no cumplió: el congelamiento de incorporaciones de agentes al Estado. Ahora, las paritarias vuelven a golpearle la puerta.

Empezó con uno, después fueron dos y ya son tres los decretos a los que apeló Pérez de manera desafiante, pero le terminaron jugando en contra. En dos años de gestión, la planta pasó a tener, al menos, 6000 empleados más, según datos del Ministerio de Hacienda local. El gobierno provincial relativiza la cifra, mientras que el radicalismo asegura que supera los 10.000 agentes nuevos. Mendoza ya tiene en la administración pública a más de 109 mil empleados, sobre una población económicamente activa de 398.000 personas.

En el medio del laberinto ha quedado encerrada una gestión que pide a los cuatro vientos auxilio financiero ante una oposición que exige mayor control y eficiencia en el uso de los recursos. Mientras, el proyecto de presupuesto 2014, por 33 mil millones de pesos, ha quedado frenado en el palacio legislativo y hay dudas de que finalmente se dé el debate para que Mendoza tenga su ley de leyes. Se esperaba una discusión áspera, pero todo quedó en la nada. Y hay quienes, dentro de la oposición, sospechan de un posible manejo discrecional de los recursos públicos. En el radicalismo creen que el gobierno contará con unos 7 mil millones de pesos con libre disposición, obtenidos de lo que se recaude por sobre lo que indica el presupuesto de 2013, que fue de 25 mil millones de pesos.

La ineficiencia y los gruesos problemas de gestión han llevado a cometer errores graves que agudizan aún más el camino por recorrer en medio del cepo al dólar y los problemas en la política cambiaria. A pesar de ello, Pérez decidió el año pasado -aún con vencimientos de deuda de administraciones anteriores- emitir tres bonos y una letra bajo la modalidad dollar linked (pago en pesos a la cotización de la moneda estadounidense al momento del vencimiento), lo que ya hizo crecer ese pasivo, aproximadamente, en un 20%. Asimismo, con la disparada del dólar, los compromisos de pago de deuda postergados en acuerdo con la Nación pierden la fuerza inicial.

Mientras las arcas provinciales siguen sufriendo, la "entrega" del gobernador a los últimos designios K en el tema petrolero tras la estatización de YPF ha puesto en alerta a los mendocinos. Tras el acuerdo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), Mendoza ha cedido un importante porcentaje en el cobro de Ingresos Brutos a la exploración y explotación de petróleo y gas: se reducirá el gravamen del 5% al 3%, por lo que dejaría de percibir unos 56 millones de pesos anuales. La explicación oficial es que se promueven las inversiones.

Mendoza nunca dejó de ceder. Ya había perdido con la promoción industrial y no reclamó más por la coparticipación federal, mientras crece la presión fiscal en desmedro de las economías regionales y de las pequeñas y medianas empresas.

En el medio, otra vez, quedan los ciudadanos, que tienen que hacerse cargo de los errores, con menos y desmejorados servicios por inoperancia, controles endebles y falta de inversión. Las subas tarifarias de la luz, el agua y el transporte público no hacen más que incrementar la impotencia y el malestar. Una realidad que ha dejado a la población sin una clara salida a la vista. No sólo se trata de administrar el dinero público, sino de hacerlo bien y por el bien de todos.