El ministro de Economía, Axel Kicillof, defendió el acuerdo del Gobierno con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF al considerarlo “tremendamente exitoso para la Nación”, a la vez que reconoció que la empresa española implementaba “una política de saqueo reñida con los intereses de la Argentina”. Fue en un plenario de Diputados, en el que expuso con el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; el CEO de YPF, Miguel Galuccio; y el titular del Tribunal de Tasaciones, Daniel Martín. Los opositores tomaron esa contradicción y que no se consideraran los pasivos ambientales como principales argumentos para rechazar el monto de la indemnización, de US$ 5.000 millones.

“Esta discusión no tuvo su punto central en el precio, sino en la modalidad de pago. Argentina no podía pagar en efectivo”, arrancó la defensa del acuerdo Zannini, y volvió a justificar el apoyo a la privatización de YPF en 1992: alegó que Néstor Kirchner había asumido como gobernador de Santa Cruz un año antes, que no tenía el poder de decisión de 2003 y que “la táctica fue favorecer a la provincia”. A su turno, Kicillof enumeró la caída en la producción y las reservas de petróleo y gas durante la gestión de Repsol, y la “pérdida de significación” en el mercado. “Era una política de saqueo, beneficiosa para la empresa pero perjudicial para la política de crecimiento con inclusión social”, aseguró el ministro de Economía, que para defender la indemnización consideró “el valor como activo estratégico infinitamente mayor” y estimó en US$ 1.120 millones el ahorro en importación de energía. También generó polémica al cruzar a los opositores por el cálculo de los intereses: “Entiendo que muchos no sean economistas, pero eso lo conoce cualquiera que compra una tostadora en cuotas”.

En el tramo de las preguntas hubo cruces con los opositores, que insistieron con la sospecha de que el valor fue fijado en la negociación con Repsol y no por el Tribunal de Tasaciones.

“¿Quién responde por los pasivos ambientales, el vaciamiento y la desinversión?

El valor está inflado, hay que hacer una revaluación”, cuestionó el radical Miguel Giubergia. “No puede haber una solución amigable con una empresa que vació YPF”, dijo Claudio Lozano, de Unidad Popular. “Sabemos el daño que nos ha ocasionado y ojalá pudiéramos recuperar activos, pero no podemos estar lamiéndonos las heridas”, respondió en un momento Zannini, y adjudicó a la oposición “comprar el discurso de las corporaciones”. El plenario seguirá hoy, con expositores propuestos por los opositores. El kirchnerismo intentará firmar el dictamen y llevar el acuerdo al recinto el miércoles 23.

ministro de Economía, Axel Kicillof , detuvo de pronto su exposición . "¡Diputado, preste atención cuando le respondo!", reprochó, mirando en dirección a los legisladores del bloque radical, que acababan de interrogarlo y conversaban entre ellos.

Con vehemencia en los argumentos y en un clima de tensión, el Gobierno defendió ayer en el Congreso el proyecto de ley para convalidar el acuerdo que dispone indemnizar a Repsol , con 5000 millones de dólares, por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF .

Kicillof; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini ; el CEO de YPF, Miguel Galuccio , y el presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Daniel Martín, expusieron durante seis horas ante un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda. El salón de uno de los edificios anexos de la Cámara de Diputados estaba repleto y, por la humedad y el calor, el aire estaba irrespirable.

Tras escuchar la postura de expertos convocados por la oposición, convocados para hoy a las 10, las comisiones emitirán su dictamen. El oficialismo prevé convertir el proyecto en ley el 24 de este mes, al cierre de una sesión maratónica, que empezará el día anterior.

El debate de esa jornada será áspero, a juzgar por los cuestionamientos lanzados ayer por la oposición. Uno de los más duros fue Claudio Lozano (Unidad Popular). "El Gobierno está defendiendo un acuerdo de pago impresentable porque fue cómplice del comportamiento depredador y de vaciamiento que Repsol ha hecho con YPF y nuestro recurso petrolero", les espetó en la cara a los funcionarios que acababan de defender el acuerdo como la opción más favorable para el país. "Es un acuerdo mentiroso, que le reconoce a Repsol un valor de entre 7300 y 8500 millones de dólares, que es el valor que tenía la acción de YPF en el mercado bursátil un año antes de la estatización", agregó.

Igual que los radicales Miguel Giubergia y Julio Martínez, los primeros en cuestionar el acuerdo, Lozano no se mostró conmovido por la extensa exposición de los funcionarios. En su argumentación, Kicillof reconoció que Repsol había llevado adelante al frente de YPF "una política de saqueo, perjudicial para la política de crecimiento e inclusión del Gobierno". Pero sostuvo que el precio acordado surgía del trabajo hecho por el Tribunal de Tasaciones y que representaba la mejor opción para el país. "Es un precio razonable y justo. Estamos seguros del método y la seriedad con la que se ha valuado a esta compañía", dijo, y recordó que ese mismo organismo era el que había valuado Aerolíneas Argentinas en menos 800 millones de dólares, antes de su expropiación.

LOGROS EN DUDA

Para fundamentar sus palabras, el ministro destacó como un logro que se hubiera alcanzado un pago en cuotas, ya que, aseguró, de acuerdo con la ley de expropiaciones, el Gobierno debía pagar en efectivo.

Martín Lousteau (UNEN) tampoco se mostró convencido con los argumentos del Gobierno. "Piensan pagarle a Repsol prácticamente con la misma tasa que en el megacanje de 2001. De hecho, si se descuenta la tasa libre de riesgo (el rendimiento de los bonos del Tesoro de los EE.UU.), la sobretasa resultante de la operación con Repsol es idéntica a la del Megacanje de Cavallo de 2001: 10,5%. Esto quiere decir que se está convalidando el mismo riesgo país que en 2001, cuando el país estaba en las vísperas del colapso", señaló Lousteau, luego de la reunión.

Como había ocurrido durante el debate en el Senado, cuando Zannini se emocionó hasta las lágrimas al evocar la historia de un trabajador de YPF desplazado por la privatización, el secretario de Legal y Técnica captó la atención con sus respuestas. Fue cuando tuvo que contestarle al radical Julio Martínez, quien lo responsabilizó por el despido de la delegación La Rioja de la Afsca de María Elena Reinoso, abogada querellante en un juicio contra el jefe del Ejército, César Milani.

Esta vez, risueño, Zannini rechazó las acusaciones y contestó con una línea de la canción "La hija del fletero", de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: "Como dice el Indio Solari, yo soy más pequeño que mi reputación".

La primera línea del Gobierno volvió a defender ayer ante el Congreso el acuerdo con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF que, según aseguró el ministro de Economía, Axel Kicillof, terminará siendo pagado “por el resultado de la operación de la empresa”. La oposición, de todas formas, cuestionó el entendimiento por u$s 5.000 millones y objetó que el oficialismo haya negociado con una empresa a la que acusa de “vaciamiento” y “saqueo”.

“Este valor es razonable y va a ser pagado por el resultado de la operación de la empresa. No porque la empresa le gire dinero al Estado, sino porque el Estado deja de pagar otras cuentas y porque cada peso que invierte YPF tiene también un efecto multiplicador en la economía”, resaltó Kicillof al dar su informe ante los diputados de las comisiones de Energía y Presupuesto. Por lo pronto, destacó, el último año el Tesoro se ahorró “u$s 1.200 millones por la no compra de gas”. Junto a él se presentaron el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio.

Zannini destacó que la política del Gobierno apunta a “sumar a las provincias como propietarias de los recursos a la conducción de la empresa”. En este punto, la Casa Rosada mantiene un conflicto sordo con los gobernadores de provincias petroleras desde que los mandatarios provinciales en una ya complicada situación fiscal se enteraron de que pasarán a ser deudores de la Nación por u$s 2.450 millones para mantener las acciones que tienen en YPF. De lo contrario, el Gobierno ya avisó que les exigirá entregar las áreas de concesión para generar recursos que puedan ser destinados al pago a Repsol. Llamativamente, ningún diputado consultó a Kicillof sobre el tema.

En cambio, la mayoría preguntó cuestiones que ya habían sido respondidas por los funcionarios en el Senado y obtuvieron, no sorprende, las mismas respuestas que sus pares de la Cámara alta. Así, gran parte de las cinco horas y media de reunión giró sobre la tasación de las acciones que expropió la Argentina a un valor que no convence a los opositores. Tasación que de todas formas el Gobierno logrará aprobar definitivamente dentro de dos semanas, a instancias de sus mayorías parlamentarias.

“Se compran el discurso de las corporaciones cuestionó Zannini. No digo que no lean los diarios, pero léanlos con inteligencia”, reclamó. Fue después de que los radicales Miguel Giubergia y Julio Martínez cuestionaran la valuación de YPF y preguntaran por las amenazas no cumplidas de incluir los pasivos ambientales en ese cálculo. El secretario además volvió a defender el papel del ex presidente Néstor Kirchner durante la privatización de la empresa. “Lo critican como si hubiera tenido en el 92 la capacidad de decisión que pudo construir después de 2003”, analizó.

Los funcionarios también se cruzaron fuerte con Federico Sturzenegger, luego de que el macrista sugiriera que habría sido mejor dejar la administración de YPF en manos privadas. “Los precios de las naftas aumentaron 120% y fue el mecanismo que el Gobierno encontró para suplir la falta de financiamiento que tenía YPF”, sostuvo el ex presidente del Banco Ciudad. “Respeto su opinión, pero no la comparto”, apuntó un diplomático Galuccio antes de reconocer: “A mí me gustaría tener financiamiento al 3%. (Pero) vivo y trabajo en este país y juego con lo que tengo que jugar acá”.

En esa línea, el ingeniero agregó: “Hoy la nafta de YPF está 10% por debajo de las empresas a las que usted dice que tenemos que darle todo el sector energético para que produzcan. 10% por debajo del precio de mercado. Ojalá lo podamos subir un poquito más”.

"Venimos con el corazón abierto para que nos acompañen, porque es bueno para la Argentina. Cristina no se va a llevar YPF a El Calafate, esto es bueno para la Argentina". Se lo dijo ayer Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico de la presidencia y por estos días principal embajador de la Casa Rosada en el Congreso, a los diputados que lo escuchaban en un plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto de Hacienda donde se debatía el proyecto de ratificación del acuerdo entre el Gobierno y Repsol para indemnizar a la española por la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

"Este convenio es bueno para el país, no tiene trampas ni letra chica", insistió Zannini en la comisión en el primer día de discusiones sobre el proyecto que, de todas formas, ya comenzó a circular por los despachos de los diputados kirchneristas para la firma del dictamen a pesar de que hoy reste otra reunión de ese plenario para escuchar a opositores. Todo terminará el 23 de abril cuando el proyecto se convierta en ley en el recinto.

Zannini explicó también que la negociación con las autoridades de Repsol se efectuó "desde diciembre de 2013 hasta 27 de febrero de 2014", porque "se estuvo discutiendo no sólo el precio sino la forma de pago, porque la Argentina no podía afrontar el pago en efectivo". Lo acompañaban Axel Kicillof, ministro de Economía y Miguel Galuccio, CEO de YPF.

Kicillof dio allí una interpretación del proceso de expropiación de acciones que hasta ahora el Congreso no había escuchado: dijo que antes de la decisión YPF "podía ser rentable para un privado, pero era perjudicial para el pueblo argentino".

Sostuvo además que el acuerdo con Repsol "pone un punto final a un proceso que no va a ser cuestionable y va a dejar a la empresa libre de todo litigio".

Galuccio, sostuvo que "la discusión que tenemos que dar es si queremos ser dependientes o independientes energéticamente", y explicó que el desarrollo "requiere de inversión, tecnología, gente experta y eficiencia. El desarrollo energético requiere una inversión que no existe en el país", insistió.

Durante las seis horas de debate, el radical Miguel Giubergia le respondió: "Sería más que válido para proceder a una revaluación de la empresa por parte del Tribunal de Tasación de la Nación, por la cual tome en cuenta no sólo lo informado por la nefasta gestión de Repsol, sino a la luz de las correcciones que se van realizando bajo la nueva administración".

El radicalismo inmediatamente fijó la postura que mantendrá en el recinto: como sucedió en el Senado votará en contra alegando no estar de acuerdo con la valuación de la empresa que habilitó el pago de u$s 5.000 millones en bonos a Repsol por la expropiación.

Por el PRO, Federico Sturzenegger intervino: "Siempre pensamos que la expropiación iba a ser perjudicial para el país y así lo expresó oportunamente Mauricio Macri, porque anticipábamos que se abortarían todas las inversiones en el sector. Y así fue. La producción de gas es hoy el 8,4 por ciento menor".

Federico Sturzenegger fue el blanco preferido del kirchnerismo durante el debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados por el pago a Repsol, que seguirá mañana para que en 15 días sea ley.

El ex presidente del Banco Ciudad fue el elegido del PRO para cuestionar no el pago a la multinacional española, sino la previa confiscación de sus acciones en YPF de hace dos años.

“Siempre pensamos que iba a ser perjudicial y así lo expresó Mauricio Macri, porque anticipábamos que se abortarían todas las inversiones en el sector y así fue: La producción de gas es un 8,4% menor y la de petróleo de 2,5”, argumentó el ex integrante del equipo económico de Domingo Cavallo.

Sturzenegger afirmó además que el costo financiero adicional que supuestamente paga YPF sea de “430 millones de dólares por año, cuando las utilidades de la empresa están por debajo de esa cifra. Al contribuyente la compra le termine costando más de lo que recibe”, sostuvo.

Criticó también que se haya destinado una inversión de 2000 millones de dólares en el mega yacimiento de shale de Vaca Muerta “cuando (de ese yacimiento) se extraen 11 mil barriles y la producción argentina es de 560 mil”.

Y puso en tela de juicio la rentabilidad de la empresa, al señalar que el aumento de combustibles le dio a YPF 3600 millones de ganancias extras cuando el subsidio de gas demandó un gasto de 4200 millones.

La respuesta del kirchnerismo

La exposición del economista del PRO fue casi un blanco perfecto para el kirchnerismo y el primero en cruzarlo fue el camporista Juan Cabandié.

“Está muy preocupado por los intereses y es el mismo que estuvo en contra de haber nacionalizado YPF y se endeudó al 14% para financiar los subtes y no los hizo y terminó poniendo la plata en el Banco Ciudad", le recordó el diputado, que fue legislador porteño y siguió de cerca en su momento el no uso de ese crédito que tomó la Ciudad.

“Encima durante su gestión al frente del ex Banco Ciudad, Sturzenegger destinó el 76 por ciento de los créditos a grandes empresas como Monsanto, Cargill y Molinos”, gritó y levantó a varios de sus compañeros cruzar al economista de Macri.

Sturzenegger sólo sonreía. “Voy a ser un poco más técnico pero en la misma línea que Cabandié", comenzó por su parte Kicillof y agregó: "A los contribuyentes les digo que se ahorraron 1200 millones de gas el año pasado, que lo que hicimos fue dejar de decrecer”.

“Y no sé si vamos a recuperar la inversión en ese plazo pero si se que la recuperación de un recurso estratégico nos obliga a pensar en más tiempo. No se puede hacer estas comparaciones y ni siquiera me pongo a comparar con negocios que no dejan nada, como el megacanje”, agregó, en obvia referencia a la cuestionada operación que en su momento instrumentó Cavallo, ex jefe de Sturzenegger en Economía.

“Las empresas privadas saben perfectamente como operaba Repsol y por eso las inversiones no cayeron”, agregó.

Aunque sin perder su cautela, más duro y concreto fue Miguel Galuccio. “Respeto su opinión de que no hace falta una petrolera de bandera, pero yo pienso todo lo contrario. Hace 20 años que recorro el mundo y veo como los países que tiene recursos cuentan con una empresa” y enumeró desde “Bolivia, Colombia y México o Estados Unidos, que tiene varias, y hasta Francia, que tiene muy poca producción”.

“Vaca Muerta es rentable con los costos de ahora. No puede imaginarse que Chevrón va a enterrar plata en Argentina si no fuera así”, agregó y le explicó a Sturzenegger que "el mundo tiende a buscar recursos en aguas profundas y buscar recursos no convencionales", como el shale de Vaca Muerta.

Y agregó que desde que la empresa volvió a tener control estatal se consiguieron "mejores resultados que en los últimos 10 años", destacando que "hemos tenido el índice de reemplazo más importante" de la última década.

“Vivo en Argentina y trabajo en Argentina. Me gustaría financiarme a tasas más baratas pero le recuerdo que estamos pagando créditos de 1998 a 10%, o sea, no es un tema de ahora”, siguió. Y remató: “Sobre los precios las empresas a las que usted les quiere dar todo, están un 10% por encima”.

Debate escueto

Como en el Senado el primero en defender el acuerdo con Respol fue Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico, mano derecha de Cristina y sin voz conocida hasta hace semanas.

“Venimos con el corazón abierto para que nos acompañen porque este acuerdo es bueno para la Argentina", aseveró Zannini, para luego agregar que la Presidenta "no se va a llevar YPF a El Calafate".

En el mismo tono, Kicillof enfatizó, para defender el acuerdo, que "hemos recuperado una compañía para los próximos 100 años" y aseguró también que es "razonable y justo" el precio que se le paga a la compañía española.

Al respecto, precisó que el precio a pagar por las acciones expropiadas "se fijó en 5 mil millones de dólares" y "se puso un límite a la emisión de bonos en 6 mil millones de dólares", al tiempo que explicó que en el acuerdo "se especifica que por ningún concepto Repsol podrá cobrar más que 5 mil millones de dólares en capital, si ello ocurriera, tendría que devolver el resto".

Por su parte, Kicillof volvió a aclarar ante una crítica del massista, Alberto Roberti, que "nadie del Gobierno dijo que no le íbamos a pagar a Repsol", como el mismo insinuó en su momento.

Sin embargo, pasó un trance complicado cuando tuvo que explicar porque en su momento dijo que prácticamente era Repsol la que tenía que pagar a la Argentina si se computaba el daño ambiental y ahora se llegó a este desembolso.

"Se ha hecho el descuento sobre el particular en lo que tiene que ver con pozos pendientes de instalación y cañerías en riesgo ambiental", se defendió, aunque ante la insistencia del radical Miguel Giubergia, admitió que hubo "un desprolijo tratamiento del medioambiente" por parte de la compañía española.

En ese sentido, el titular del Tribunal de Tasaciones, Daniel Martin, dio en la reunión un detalle de la valuación de activos y pasivos que se hizo tanto de YPF como de YPF Gas, que también entró en la expropiación, cuyo 100 por ciento dio como resultado 9.657 millones de dólares, suma de la que se extrae el valor de las acciones expropiadas.

Zannini, Kicillof y Martín fueron acompañados en el estrado por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. “YPF es la bandera del autoabastecimiento energético. Las inversiones necesarias en Vaca Muerta la convertirán en una fuente de generación de divisas muy significativa”, sostuvo.

“A corto plazo se extiende el horizonte de reservas petrolíferas de la Nación, pasando de 4.400 millones de barriles a 27.000 millones, y de 29 a 802 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas. Si pensáramos en términos económicos, los 27.000 millones de barriles representan, a valores de hoy, más de 2.500 billones de dólares”, agregó Domínguez.