Primero fue la Fragata Libertad. Luego, los satélites. Ahora, el fondo NML, de Paul Singer, intenta ir contra supuestos bienes de Lázaro Báez en el estado de Nevada, en su afán por intentar embargarlos y cobrarse, con ello, los más de 1700 millones de dólares en bonos de deuda argentina impagos que asegura poseer.

El voluminoso expediente, al que tuvo acceso LA NACION, fue tramitado por una firma de abogados de Las Vegas y presentado en la corte de distrito de Nevada.

En términos generales, la presentación sigue y reitera la línea argumental que el periodista Jorge Lanata expuso en sus programas de televisión el año pasado sobre el empresario, al que se atribuye ser "socio" de la presidenta Cristina Kirchner, y que fue tomada luego por fiscales de la Argentina que, sin embargo, hasta ahora no han logrado probar delito alguno.

"No sé realmente qué futuro puede tener esto", dijo a LA NACION uno de los abogados que vienen siguiendo la ofensiva de NML contra la Argentina. "La presentación parece bastante confusa", añadió. El escrito, sin embargo, sostiene la convicción de que la justicia norteamericana "puede ayudar a la Argentina a probar" delitos financieros, entre ellos, el de lavado de dinero.

El texto, adelantado ayer por The Wall Street Journal (e incluido en su edición Américas, que se publica en LA NACION), apunta a que la justicia de Nevada pida información sobre 123 empresas registradas en ese estado que supuestamente están vinculadas con el ex empleado que se convirtió en ultramillonario gracias a contratos de obra pública durante la gestión de los Kirchner.

"Tenemos el mismo interés por recuperar fondos estatales que fueron robados", sostiene el escrito de NML. "Poseemos también razones para creer que la asociación ilícita entre Báez y el gobierno argentino puede haberle permitido al constructor esconder decenas de millones de dólares en activos ahora ocultos alrededor del mundo", añade.

La voluminosa documentación sigue, una vez más, el entramado de empresas que supuestamente administra el conglomerado Aldyne, del que se declara ejecutiva una funcionaria panameña de nombre Leticia Montoya, a la que se le requieren una serie de documentos.

Sin embargo, otros expertos en el litigio calificaron el pedido del fondo NML-Elliot respecto de los bienes de Lázaro Báez como un "bluffing" al estilo de un juego de cartas, y le asignaron pocas posibilidades de éxito, aunque no descartaron que se les brinde la posibilidad de preguntar por el origen de esos fondos.

En diálogo con LA NACION, en on y off the record, abogados especialistas en deuda coincidieron en señalar que se trata de una "piedra" adicional que Elliot pone en el camino cuando comienza a transitar por carriles decisivos tanto la causa del pari passu -perdida por el Gobierno en dos instancias- como la del discovery -que tendrá una audiencia en dos semanas- en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

El experto en derecho administrativo Lucas Piaggio dijo que el pedido "no tiene muchas chances de prosperar, porque si bien los tribunales norteamericanos tienen bastante desarrollada la doctrina del álter ego, por la cual se pueden embargar bienes que pertenezcan a personas que están bajo la órbita o dominio de otra, no creo que en este caso se llegue al extremo de embargar bienes de un empresario argentino en una causa que tenga a la República como demandada".

Otro abogado también dijo que "aun cuando pudieran probar el vínculo entre Báez y los Kirchner, deberían demostrar que esos activos tienen un fin comercial". Pero fuentes familiarizadas con la causa se preguntaron en voz alta: "Si esto es mentira, ¿por qué Báez nunca respondió a los pedidos judiciales?".

Voceros del dueño de Austral Construcciones desacreditaron la presentación. "Esto no es más que un intento oportunista y poco serio", afirmó el portavoz, tras asegurar que Báez "no ha tenido ni tiene activos en Nevada", ni en otro lugar que no sea su país.

"Esta acción legal pareciera ser una herramienta de presión política en contra de Cristina Kirchner, en vista de que sus fundamentos legales no son claros", añadió.

Singer rechazó los canjes de deuda propuestos por la administración Kirchner y entabló juicio para cobrar el ciento por ciento del valor de sus bonos, aunque en los últimos meses renovó expresiones en el sentido de estar "listo" para una "negociación seria" con el Gobierno.

El objetivo de los tenedores de bonos es cobrar parte la deuda pendiente con Argentina, de aproximadamente 1.700 millones de dólares y para ello pide que las empresas del empresario de Río Gallegos sean embargadas, lo reveló The Wall Street Journal

Los fondos buitres que mantienen litigio con Argentina por el cobro de 1.700 millones de dólares en Bonos de la Deuda, pretenden que la justicia de EEUU confisque empresas de Lázaro Baéz en ese país de acuerdo a un artículo escrito por los periodistas Shane Romig y Santiago Pérez.

De acuerdo a la transcripción del diario Perfil, la nota expresa:

La acción es el intento más reciente de NML Capital Ltd., fundada por el multimillonario estadounidense Paul Singer, en su caza de activos argentinos alrededor del mundo como parte de su batalla derivada de la cesación de pagos del gobierno sobre casi US$100.000 millones en deuda en 2001. NML trató en 2007 que los tribunales decomisaran el avión presidencial Tango 01, en 2012 que embargaran una fragata argentina en Ghana y recientemente presentó una demanda en California para impedir que Argentina lanzara un par de satélites al espacio.

La acción legal más reciente fue presentada el miércoles en la Corte de Distrito en Nevada, Estados Unidos. El fondo le pidió al tribunal que ordenara a 123 empresas de dicho estado, presuntamente afiliadas con el magnate de la construcción argentina Lázaro Báez, que suministren información sobre activos de Argentina en EE.UU.

Los esfuerzos de NML se suman a un escándalo de corrupción que involucra a Báez y que ha sido una vergüenza para el gobierno de Fernández de Kirchner, a quien le quedan dos años en la presidencia.

NML dice que los activos que presuntamente son propiedad de Báez, quien enfrenta una investigación por lavado de dinero en un tribunal argentino, podrían ser decomisados para saldar un pago de US$1.700 millones otorgado por una corte de Nueva York a favor de NML sobre los bonos soberanos argentinos.

“Compartimos un interés común con el pueblo argentino en identificar y recuperar fondos estatales robados”, dice NML.

El año pasado, fiscales argentinos iniciaron una investigación después de que el popular programa de televisión Periodismo para todos difundió declaraciones grabadas de presuntos socios de Báez en las que describieron un plan para sacar gran cantidad de dinero de Argentina y lavar alrededor de US$65.000 millones a través de una red de empresas dudosas en paraísos fiscales del mundo.

NML dice que “tiene razones para creer que la asociación ilícita entre Báez y el gobierno argentino puede haberle permitido al constructor ocultar decenas de millones de dólares en activos ahora ocultos alrededor del mundo”.

Báez, quien aún no ha sido imputado de delito alguno, ha negado las acusaciones y dice que las demandas forman parte de una campaña para desacreditar al gobierno y obstaculizar las operaciones de Austral Construcciones S.A., su empresa bandera y gran receptora de cientos de millones de dólares en contratos públicos en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, lugar de origen de los Kirchner.