La ministra de Minería, Aurora Williams, defendió este lunes la eliminación del Decreto de Ley 600 contenida en el proyecto de reforma tributaria que fue enviado la semana pasada al Congreso.

La secretaria de Estado sostuvo que el Decreto de Ley 600, que regula las inversiones extranjeras, "fue por años una herramienta de inversión en Chile, hoy en día sólo es utilizado por un 30% de las inversiones que ingresan al país".

"Podemos pensar entonces en otras formas de potenciar el ingreso de capitales, como son las medidas que deseamos tomar respecto de la exploración minera. En esta materia, estamos conscientes de la poca disponibilidad de propiedad minera concesionada", agregó la ministra en el marco del VII Foro Internacional de Exploración Minería organizado por el Centro de Estudios del Cobre (Cesco).

Williams advirtió que existe un número importante de concesiones que no han registrado trabajos, ni avances en la obtención de exploración geológica desde la fecha que fueron constituidas, por lo que anunció que se estudiará "la manera de perfeccionar el actual sistema de concesiones de modo de poner término a la potencial barrera de entrada de nuevas actores que implica esta situación".

La ministra aseveró que se continuará reforzando el trabajo del plan nacional de geología que prevé el levantamiento de información microcientífica de gran parte del territorio nacional. 

"Mientras más detalles se conocen de la mineralización de un país, mayor es su valor", enfatizó.

La ministra ya se reunió con el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller.
“Es indudable la necesidad que tiene Codelco para el financiamiento de sus proyectos estructurales, que implican darle viabilidad futura a la empresa”, reconoció la ministra de Minería, Aurora Williams, durante la inauguración de la Semana Cesco.
Codelco tiene un programa de inversiones ambicioso, por US$ 24 mil millones entre 2013-2017; de éstos hay unos US$ 13.500 millones que son proyectos llamados estructurales (Chuquicamata subterránea, Sulfuro Radomiro Tomic fase II, Nuevo Nivel Mina El Teniente y Proyecto Andina). Según cercanos, Codelco pedirá al Estado recursos por US$ 1.200 millones este año.
Williams comentó que aún no se reúne con el directorio de la cuprera, aunque sí con el presidente ejecutivo, Thomas Keller.
Respecto del financiamiento de Codelco, la ministra agregó que “con el Ministerio de Hacienda se están barajando distintas posibilidades que permitan su financiamiento”.
Atractivo para inversionistas

La ministra se refirió además a la medida anunciada dentro de la Reforma Tributaria, que envió el gobierno al Congreso, de eliminar el DFL 600. “La derogación (...) viene conversándose con la industria desde el año pasado. (...) A partir de enero de 2016 se derogará definitivamente, lo que da un espacio para que los proyectos que actualmente están en evaluación puedan concluir su proceso contractual y, además, los contratos vigentes se mantienen, por lo tanto, hay que pensar que el DL 600 es una herramienta que permite el fomento para la inversión extranjera, pero que la estrategia de mantener la inversión es un tema distinto”.
Williams añadió que “podemos pensar entonces en otras formas de potenciar el ingreso de capitales”. Una de las líneas de acción sería revisar las concesiones mineras entregadas. “Existe un número importante de concesiones que no han presentado trabajos ni avances en la obtención de información geológica desde la fecha que fueron constituidas. Es por ello que estudiaremos la manera de perfeccionar el actual sistema de concesiones, de modo de poner término a la potencial barrera de entrada de nuevos actores que implique esta situación”, señaló.

 “Nunca un ministro de Hacienda se había visto tan seguido en el Congreso”, bromea el diputado DC, Pablo Lorenzini, quien preside la Comisión de Hacienda de la Cámara, al referirse a la seguidilla de visitas que realizó la semana pasada Alberto Arenas para tratar de agilizar la tramitación de la reforma tributaria.

Aunque la iniciativa sufrió un percance en su presentación y no alcanzó a ingresar el martes, el jefe de las finanzas públicas igualmente expuso ese día en la tarde en la comisión. El miércoles y jueves, en tanto, concurrió nuevamente para escuchar y responder inquietudes y críticas de los diputados.

Pero la premura del Ejecutivo (que pretende tener publicado el cambio impositivo antes de octubre, cuando comienza la discusión de la Ley de Presupuesto), no cayó bien en todo el espectro político.

Así, como hay voces del oficialismo y la oposición que respaldan una tramitación acelerada, también hay parlamentarios en ambas coaliciones que discrepan y advierten los riesgos de legislar “a la rápida”.

“Es una irresponsabilidad de proporciones hacer esto apurados”, dijo el diputado UDI, Ernesto Silva.

En respuesta, Lorenzini dijo que la tramitación se puede hacer con celeridad. Incluso escuchando a todos los interesados. Prueba de ello, dice, es que recibirán a cerca de 50 invitados en la comisión.

Cuenta pública

La Comisión de Hacienda, así como la testera de la Cámara presidida por el DC Aldo Cornejo, han definido sus calendarios apostando al despacho de la iniciativa, tanto en general como en particular, antes del 21 de mayo, fecha en que la Presidenta Michelle Bachelet deba rendir su primera cuenta pública ante el Congreso.

“Tendremos por lo menos seis sesiones en sala antes del 21 de mayo para poder despachar la iniciativa, cumpliendo así con lo que dijimos: la Cámara entrega la reforma antes del 21 de mayo”, dijo a La Tercera Aldo Cornejo.

Así, el cronograma que se vislumbra, al menos en la Cámara, se encuentra en sintonía con los plazos a los que aspira el Ejecutivo. Entre los diputados, incluso, calculan que el proyecto podría estar listo incluso antes.

Lorenzini informó que el 15 de abril someterá a votación la idea de legislar en la Comisión de Hacienda para culminar la discusión en particular (la votación punto por punto del articulado) el 24 del mismo mes.

Posteriormente, debe darse un plazo de una semana aproximadamente para que el informe de la comisión sea redactado.

Lorenzini estima que el 6 de mayo la iniciativa estaría ya en condiciones de ser vista por la sala de la Cámara. A partir de ese día los diputados tendrán seis o siete sesiones -en un lapso de dos semanas- para debatir el proyecto en el hemiciclo. A juicio de Lorenzini, ese período es más que suficiente. “Si quieren, podrían hablar los 120 diputados”, ironizó el legislador.

Timing en el Senado

De cumplirse el calendario tentativo, la Cámara despacharía la reforma al Senado en un plazo de un mes y medio, lo que pone una presión adicional a los senadores para cumplir su parte de la tarea. Sin embargo, es en la Cámara Alta donde existe mayor reticencia a actuar en forma acelerada.

“El Senado tendrá que planificar sus tiempos también, para que la reforma se pueda aprobar antes de septiembre, para ser considerada en el Presupuesto 2015”, dijo Cornejo.

Por tradición el Senado suele darle un tratamiento más reposado a los proyectos (estadísticamente demora un tercio más que la corporación de diputados en revisar una iniciativa), dado su perfil de cámara “revisora”, como le define la Constitución en el caso de proyectos de índole presupuestario. Aunque también esto se explica porque el Senado tiene dos días de sesiones por semana y la Cámara tres.