_Javier Illescas
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROINVERSIÓN_
El esquema de obras por impuestos, diseñado para que las empresas privadas paguen su Impuesto a la Renta a través de obra pública, tiene atractivos claros para gobiernos subnacionales (regionales y municipales) y empresas privadas: los primeros para promover proyectos de interés en sus jurisdicciones y los segundos para mejorar su relacionamiento con las localidades o, en general, su imagen frente a la sociedad.
Este mecanismo, que permite a las empresas la sustitución del pago del Impuesto a la Renta en dinero por obra pública, está acotada por los montos de canon, sobrecanon, regalías y otros ingresos similares de los que las regiones o municipios dispusieran. Esto implicaba que aquellos gobiernos subnacionales que estuvieran mejor dotados en estos recursos serían los que más podrían hacer obra pública usando este mecanismo.
Entre el 2009 y el 2011 hubo 14 operaciones por un valor acumulado de S/. 289 millones (S/. 96 millones por año), valores ínfimos para una capacidad global de recursos disponible de S/. 16,600 millones entre esos años. Sin embargo, entre el 2012 y el 2014 los resultados variaron debido a diversos factores.
En primer lugar, era necesaria una fase de aprendizaje, tanto de parte de los gobiernos subnacionales y las empresas. De un lado, un requisito legal inicial importante era que los primeros tengan un portafolio de proyectos con viabilidad aprobada bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública, del cual las empresas puedan elegir proyectos que logren financiarse con la sustitución de pago de impuestos. Del lado de las empresas, era todo un cambio cultural entender y aceptar que la sustitución involucrada podría tener un rédito social importante. La realidad es que en los primeros años, ni la mayoría de gobiernos subnacionales tenía un portafolio con estudios SNIP apropiado, ni muchas empresas veían al mecanismo confiable.
En segundo lugar, las primeras regulaciones no hacían atractivo el mecanismo, frente a lo cual se introdujeron simplificaciones de requisitos y plazos que lo hicieron más eficiente y atractivo. Finalmente, el trabajo de difusión y de asesoría de ProInversión sobre todo a los subnacionales ha servido para una mejor articulación de estos con las empresa privadas.
Todo cambia en el 2012 en que se alcanzan 19 operaciones, sumando S/. 138 millones, seguido en el 2013 con un comportamiento de ambas variables espectacular. El valor de adjudicaciones ese año alcanzó los S/. 405 millones y solo en el primer trimestre del 2014 ya sobrepasó los S/. 200 millones. Pero hay varios desafíos y riesgos, entre ellos, la concentración del valor adjudicado en 80% en siete empresas y la de 72% en cinco regiones; el uso al tope de la capacidad de recursos de regiones como Arequipa y la subutilización del mecanismo de parte de regiones con aún alto canon como Áncash, es reflejo de que hay mucho por hacer. No obstante, la realidad es que pese a la caída de precios de los minerales, el mecanismo tiene espacio de desarrollo y se verá reforzado por recientes medidas como la capacidad dada a las universidades para que usen su participación en el canon en obras por impuestos, así como la posibilidad de usar fondos como el Foniprel o Fonie.
