La formalización de la actividad minera y la erradicación de la minería ilegal se constituyeron en objetivos del Poder Ejecutivo en el 2011. Los anteriores procesos fracasaron y el medio ambiente continuaba depredándose y la vida de miles de peruanos vinculados a la minería informal se consumía en la pobreza.
Los mineros informales son aquellos que operan en zonas autorizadas para la práctica minera, pero que por diversos motivos carecen de autorización. El proceso de formalización beneficia al Perú y a los peruanos. Por ejemplo, el Estado recibiría en impuestos un 12% de lo que tributa en la actualidad la minería formal.
En el caso de los mineros informales, al realizarse esta pequeña minería o minería artesanal en lugares autorizados para la actividad, serán sujetos de crédito y dueños de un derecho que inclusive es heredable y estarían en condiciones de mejorar su productividad y mejorar en el corto plazo su forma de trabajo y estilo de vida.
Gana también el pueblo peruano porque podría fiscalizarlos e imponer técnicas más seguras garantizando que no existirán posibilidades de contaminación del medio ambiente. Así lo hemos comunicado innumerables veces en las reuniones con los dirigentes mineros en la Presidencia del Consejo de Ministros.
La minería informal opera entre los 3.500 y 5.500 metros de altitud, casi siempre alrededor o cerca de un socavón abierto en las faldas de alguna montaña. El común denominador de las ropas de los mineros informales, sus alimentos y todo lo que los rodea, según lo observado en las visitas de trabajo, indicaba pobreza, no extrema, pero pobreza, señal inconfundible de que realizan una actividad de subsistencia.
Por alguna razón, estos informales eran identificados y/o confundidos con los mineros ilegales que destruyen y contaminan el hábitat y el medio ambiente de la Amazonía, que operan en espacios prohibidos como las riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas.
De los aproximadamente 110 mil mineros informales, 70 mil decidieron inscribirse en el proceso de formalización extraordinario que finaliza indefectiblemente el sábado 19, como lo establece el Decreto Supremo 032-2013-EM. El Poder Ejecutivo no dará más prorrogas, ni suspenderá las interdicciones contra la minería ilegal.
El Estado peruano tiene que dar claras muestras de seriedad y a los que decidieron no inscribirse se les aplicará la ley. Una de las consecuencias es que, si finalmente deciden formalizarse, deberán optar por el régimen ordinario, que probablemente es más engorroso, pero que principalmente se diferencia del extraordinario, en que no se les permitirá operar hasta que tener todos los permisos necesarios.
En cambio, los 70 mil informales que se acogieron al régimen especial pasarán a una etapa de saneamiento cuya estrategia la formula una comisión especial nombrada en la Resolución Suprema 340-2013-PCM, del 21 de octubre del 2013. En esta etapa se propondrá las mejoras necesarias para fortalecer el proceso de formalización minera.
El proceso de formalización minera continuará de forma articulada y multisectorial. Es el compromiso del Ejecutivo. Sus beneficios se apreciarán de inmediato en la economía, pero principalmente en el futuro, en el plano social y ambiental, cuando las próximas generaciones de peruanos convivan con una minería respetuosa del Estado de derecho y la riqueza natural.
** Alto comisionado de formalizacion minera
