La Comisión de Energía y Minas del Congreso trabajará en redactar un nuevo borrador para reformar la Ley de Minería, con base en la iniciativa 4590, presentada por el Organismo Ejecutivo en octubre del 2012.
Entre las principales modificaciones los legisladores buscarán aumentar el monto de las regalías del 1% al 5% por extracción de metales y piedras preciosas.
Los congresistas afirmaron que este cambio es fundamental para atender las necesidades del país y, además, la propuesta es bien vista por los empresarios dedicados a la actividad extractiva.
Carlos Martínez, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas, afirmó: “Lo primordial es que Guatemala no salga perjudicada”, por lo que “se hará un análisis profundo, donde haremos muchas consultas y mesas de trabajo para lograrlo”. Agregó que buscarán el consenso con el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Según Martínez, uno de los puntos primordiales es asegurar que las regalías por los metales preciosos suban y no se entreguen en forma voluntaria, como sucede actualmente.
“Esto tardará unos meses. No es que mañana pase. Sabemos que es de urgencia para Guatemala, pero también tenemos que verlo a profundidad para no tener ningún inconveniente en el futuro”, añadió el legislador.
El oficialista Aleksánder Castillo, integrante de la misma sala, afirmó que la base que se usaría para hacer “el nuevo borrador de la ley” sería la iniciativa 4590, elaborada por el MEM y entregada por el Ejecutivo hace dos años.
Aceptan propuesta
Mario Orellana, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, explicó que ese sector aceptaría que se norme un aumento de las regalías.
“En la iniciativa planteada por el MEM está plasmado el acuerdo que nosotros aceptamos voluntariamente a principios de este gobierno. Queda en ley, simplemente sería legalizar algo que está como un acuerdo voluntario”, señaló Orellana.
Agregó que otro de los aspectos que buscarán como gremial es que se plasme en la iniciativa que se le dé certeza jurídica a la activad. “Hemos estado anuentes a una modificación que está en pro de mejorar la competitividad”, indicó.
Orellana precisó que ven acertado que el Congreso busque consensuar una reforma a la Ley de Minería ya que esto eliminaría la necesidad de tener una moratoria y evitar la fuga de capitales por la falta de certeza.
Piden inclusión
Miguel Martínez, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), institución que presentó hace tres semanas un estudio que revela que la minería es motivo de conflictos en el país, indicó que “la mejor forma de acabar con los conflictos, de acuerdo con las mismas comunidades, es por medio del diálogo y de la consulta”.
Miguel Ángel Balcárcel, coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, expuso que en la institucionalidad del Estado “existe el problema de que no tienen desarrollado el mecanismo de consulta, lo cual es una limitación”.
“La forma como se otorgan las licencias se debe replantear. Es por eso que, particularmente sobre la minería, se propuso una moratoria, que tiene por objeto generar una nueva legislación que regule, además de las consultas, otros aspectos como las regalías”, expresó Balcárcel.
Modificaciones sugeridas
Congresistas y analistas sugieren cambios a la Ley de Minería, para mejorar la recaudación y evitar la conflictividad en el país.
Aleksánder Castillo, del Partido Patriota e integrante de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, afirmó que entre las iniciativas pendientes está modificar la Ley de Minería.
Castillo afirmó que mejorar el marco legal de la actividad “traería certeza tanto a pobladores como inversionistas”, y agregó que aunque las consultas son importantes, a su criterio “es algo que debe tratarse en una ley adicional porque estas no se utilizan exclusivamente para la minería, sino para distintos temas”.
Magaly Arrecis, experta socioambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, indicó que una reforma a la ley minera puede ayudar a frenar los conflictos, y debe incluir cambios para llevar beneficios directos a las comunidades y mejorar la institucionalidad del aparato estatal, a fin de hacer cumplir esas modificaciones.
Arrecis también resaltó que “antes de pensar en una reforma a la Ley se debe fortalecer el diálogo”.
Según el decreto 48-97, Ley de Minería, artículo 63: Porcentaje de regalías: los porcentajes de las regalías a pagarse por la explotación de minerales serán del medio por ciento al Estado y medio por ciento a las municipalidades, y quienes exploten los materiales a que se refiere el artículo 5 de esta normativa pagarán el 1% a las comunas.
La iniciativa 4590, que dispone reformar la Ley de Minería, propone modificar el artículo 63 de la norma vigente y que quede: Los porcentajes de las regalías por la explotación de minerales será el siguiente:
Materiales de construcción, 1%; rocas decorativas, 2%; minerales no metálicos, 3%; metales básicos, 3%; metales preciosos, 5%; piedras semipreciosas, 3%; y piedras preciosas, 5%.
Encuesta
Fuerte adversión
Según la Encuesta Libre publicada por Prensa Libre en enero último, el 66% de la población rechaza la minería.
La adversión se encuentra más marcada entre las mujeres, ya que el 69% contestó de manera negativa, contra el 64% de los hombres. Esto refleja una tendencia que también se observó en el 2013. En el área rural, únicamente el 31% aprueba la actividad minera.
66% Rechaza actividad minera.
Consensos
Solicitan análisis
Carlos Martínez, de la Comisión de Energía y Minas, indicó que la idea de reunirse es hacer análisis profundos de cómo está la legislación actual y lograr consensos con otros sectores para tener una idea clara de lo que puede ser viable para el país.
Postura
Aprovechar los recursos
Mario Orellana, de la Gremial de Industrias Extractivas, expuso: “Guatemala debe aprovechar sus recursos”. Agregó que todos están de acuerdo en que debe hacerse lo ambientalmente correcto y sin pelear ni tener conflictos con ninguna comunidad.
Conflictos
Derecho a consultas
Según Miguel Martínez, analista del Icefi, “posiblemente modificar la Ley de Minería vigente podría ayudar a bajar la conflictividad si se incluye el derecho de consulta. Se debería tomar en cuenta el respeto de los derechos humanos”.