Algo opacada por la polémica sobre si el recorte de subsidios debía ser considerado como un tarifazo, un "tarifacito" o una redistribución, hubo una definición del Gobierno que pasó inadvertida: que el objetivo principal no es el de aumentar la recaudación de pesos, sino bajar el consumo energético para gastar menos dólares.

Ese es uno de los puntos centrales en el nuevo plan económico que diseñó Axel Kicillof y que se complementa con los "méritos" para volver a tomar deuda en el mercado internacional de crédito.

A fin de cuentas, si el momento elegido para el recorte de subsidios sorprendió por haber ocurrido en medio de las paritarias, no puede decirse que haya llamado la atención si se observa otro indicador clave: las reservas del Banco Central.

Aun con los esfuerzos que hizo Juan Carlos Fábrega por consolidar la paz cambiaria, lo cierto es que el goteo no ha detenido su curso y que el anuncio del Gobierno coincide con la ruptura de una nueva barrera psicológica, con las reservas ya en u$s27.000 millones.

Tan imperiosa es la necesidad de dólares -y tal el énfasis que los funcionarios le están poniendo- que no tienen empacho en contradecir otro de los pilares del "relato": ese que decía que el aumento en el consumo de energía era el síntoma indesmentible del gran crecimiento de la economía.

El propio Julio De Vido, en diciembre pasado, había justificado el colapso del sistema eléctrico con el argumento de que era un indicador de la elevada demanda industrial y del alza en la calidad de vida de la población, que ahora usa masivamente equipos de aire acondicionado.

Hasta Cristina Kirchner, en su discurso en el Congreso el 1 de marzo, reiteró el concepto, al menospreciar la postura de que antes existía autoabastecimiento energético. En su visión, si hace una década sobraba energía para exportar era sólo porque la economía del país estaba paralizada, al revés de lo que ocurre ahora, cuando los argentinos han comprado todo tipo de artefactos que se enchufan o que funcionan con gas.
Pero ese punto del relato acaba también de pegar un brusco giro. Ahora el alto consumo ya no es señal de bienestar sino de derroche, de mala utilización de los recursos y de falta de adecuación tanto en tecnología como en educación de los usuarios.

A escasos 27 días de aquel discurso en el Congreso, la Presidenta dio una visión diferente, al explicar su nueva política energética. Y dejó en claro que le interesa más una caída en el consumo que aumentar la recaudación.

La fórmula de Cristina es bien elocuente: un 1% de baja en el consumo de gas supone un ahorro de 86 millones de dólares, mientras que un 1% de aumento en la tarifa implica un ingreso adicional de 86 millones... pero de pesos. Es decir, el beneficio de ahorrar es de ocho a uno.

La propia prensa oficialista plantea que el objetivo de fondo del reciente ajuste en los subsidios es "generar una señal que desaliente el mal uso o derroche de un bien escaso y estratégico".

Ya no se cargan las tintas sobre las empresas concesionarias del servicio, ya nadie reclama la estatización del sistema energético, ya nadie se jacta de cómo ha aumentado el consumo. Por el contrario, la consigna es bajar el gasto.

Se atribuye en un diario oficialista esta elocuente frase a un funcionario del equipo de Kicillof: "La baja de subsidios no es por una cuestión de achicar el gasto público, como propone la ortodoxia. No consideramos que el actual déficit fiscal sea un problema. En realidad, nosotros evaluamos que el déficit externo nos lleva al déficit fiscal. Por dos vías, el rojo energético y la menor liquidación de exportaciones. Si bajásemos a la mitad el déficit energético, tendríamos 2 puntos de superávit fiscal".

Efecto devaluación
Lo cierto es que el motivo de este cambio de actitud es la falta de dólares, pero además el impacto de la devaluación.
Ocurre que, al depender en dosis crecientes de la llegada de barcos con gas natural licuado o de aquel que entra por el gasoducto desde Bolivia, cada suba del tipo de cambio implica un esfuerzo fiscal mayor para sostener el gasto energético.

"La Argentina, luego de una década de errores de política en este sector, terminó dolarizando bastante los costos de la energía", advierte Fernando Navajas, economista de la fundación FIEL.

Y agrega que esta situación no se limita sólo a la importación, sino que también los acuerdos fijados con los productores locales están nominados en dólares.

Su estimación es que si el tipo de cambio de este año terminara siendo un 40% superior al promedio de 2013, entonces los subsidios -si no se hubiese hecho el recorte- habrían tenido que aumentar $34.000 millones, un 34% respecto del nivel del año pasado.
También, desde Economía&Regiones, advierten que la suba del tipo de cambio se traslada en mayor proporción al gasto en subsidios energéticos.

"Sin reducción de estos últimos y sin aumento de tarifas, una devaluación del 55% genera un incremento del gasto (en subsidios energéticos) del 73%", afirman.

Con estos números, queda en evidencia que la repentina preocupación por el "uso racional de la energía" no tiene mucho que ver con la ecología sino con el agujero que se estaba generando en las arcas del Estado.

El gasto bajo este concepto ya ronda los $100.000 millones, un 3,6% del PBI -que llega a 5 puntos si se considera el resto de los subsidios-.

Ese rubro ya el año pasado había tenido un incremento de 46%. Es decir, unos 20 puntos por encima de la inflación. Dentro del gasto energético, el renglón de mayor variación (62%) fue Enarsa, la empresa que tiene a su cargo la llegada de los barcos que traen el gas licuado.

"La mayor parte del ajuste tiene que ver con amortiguar el impacto fiscal negativo de la fuerte devaluación del último trimestre de 2013 y enero 2014. Caso contrario, se habría producido un salto en las transferencias del Tesoro Nacional a Enarsa. Tal cual ocurrió hacia fines de 2013", argumenta Gabriel Caamaño Gómez de la consultora Ledesma.

¿El gas es elástico?
Pero más que el costo fiscal, lo que al Gobierno le preocupa es lo que la energía implica en términos de dólares.
El año pasado hubo que destinar u$s11.400 millones a la compra de combustibles. Si se le restan las exportaciones, el déficit energético en términos netos rondó los u$s6.300 millones.

Según estima Ramiro Castiñeira, analista de Econométrica, de no haberse anunciado el recorte, ese "rojo" se podría haber ampliado hasta los u$s1.000 millones, dependiendo de qué tan fuerte sea el enfriamiento de la economía.

Es en este contexto que se entiende el por qué del "premio" instaurado a quien logre disminuir su nivel de consumo respecto del año pasado.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, que establecen varios "escalones" con tarifas crecientes para castigar el elevado uso de la energía, aquí se prefirió beneficiar indiscriminadamente a quien utilice menos.

Es un sistema que entraña una injusticia, ya que el "derrochón" que haya incurrido en gastos superfluos tiene mejores posibilidades de beneficiarse que un usuario austero, que justamente por su conducta responsable no tendrá tanto margen para disminuir el consumo.

Pero esto es, por supuesto, un aspecto demasiado sutil como para que pueda incidir en el debate. Ante la urgencia por aliviar el costo de la energía sobre las cuentas públicas, cualquier método parece bienvenido.

"La verdad, además, es que los precios de los servicios descendieron a un nivel tan ridículamente bajo que creo que todos en la sociedad habíamos caído en una actitud derrochona. Así que es probable que haya una buena parte de la población con margen para bajar consumo", observa Castiñeira, de Econométrica.

Es en este punto donde se plantean los mayores interrogantes: ¿alcanzará este incentivo del Gobierno como para que la baja sea significativa? Y, en todo caso, ¿se notará un alivio real en las cuentas fiscal -la de pesos- y la externa -la de dólares?

Los economistas suelen calificar a la energía como un recurso con "demanda inelástica". Esto significa que un incremento del precio no lleva necesariamente a una baja en la utilización, dado que se trata de un servicio prioritario para las familias.

Sigue sin alcanzar
Pero aun suponiendo que la suba en el costo del gas fuera un disuasivo considerable, hay también otra advertencia: que el presunto ahorro puede verse neutralizado en la medida en que no haya pronto un recorte del subsidio en la electricidad.

"Habrá consumidores que podrán desplazar una parte de su consumo de gas por mayor uso de la electricidad, ahorrando tarifa sin contribuir a una reducción global de la utilización de energía", plantea Daniel Artana, director de la fundación FIEL.

Por ahora es un misterio si la presunción del Gobierno es correcta o si, como muchos argumentan, no habrá cambios significativos en los niveles de consumo.

Para Castiñeira, es probable que se logre cierto resultado: "Los funcionaros saben que, en algunos sectores sociales, una falta de cuidado en el uso puede significar que empiecen a llegar facturas de 500 pesos o más, por lo que algún margen de ahorro finalmente van a lograr".

Su estimación es que, por cada 100 puntos porcentuales que aumente una boleta de servicios, podría verificarse alrededor de 6% en la caída del consumo. Por lo que, ante el recorte anunciado, cree factible que se logre un ahorro superior al 10%.

Pero advierte que ello no debe confundirse con una caída de la salida de dólares por el déficit energético.

"La tendencia al descenso en la producción no se ha revertido, por lo que el efecto de una baja en el consumo se vería neutralizado por una probable disminución en la oferta. Como el año está recesivo, van a tratar de limitar las importaciones. Pero en el mejor de los casos, el costo será el mismo de 2013", argumenta.

En su estimación, las importaciones de energía aumentarán u$s800 millones hasta llegar a u$s12.200 millones.

No es un pronóstico tranquilizador: un agravamiento en la cuenta energética, justo en un momento en el que el país está sintiendo con crudeza la escasez de divisas, es un pasaporte a la inestabilidad económica. Basta notar que el Gobierno considera un logro digno de ser festejado el hecho de que ingresen u$s1.000 millones por la colocación de deuda de YPF. Sin embargo, un leve empeoramiento del déficit energético sería suficiente como para neutralizar esa mejora.

Y hay más pronósticos tendientes a atenuar el optimismo de los funcionarios K. Como una investigación de Economía&Regiones que plantea que no se han alejado los fantasmas de una nueva crisis cambiaria.

"El nivel de quita de subsidios anunciado es insuficiente para lograr atemperar los problemas fiscales existentes, evitar la potencial presión futura sobre las reservas y aventar las posibilidades de resurgimiento de una crisis en el tipo de cambio", señala la consultora.

El punto que destacan los economistas es que, con una dependencia casi total de las divisas que ingresen por las agroexportaciones, los riesgos de una caída en las reservas del Central están lejos de disiparse.

A fin de cuentas, la ruptura de la "barrera psicológica" de u$s29.000 millones disparó una devaluación. Y ahora, en un momento de relativa calma, se acaba de perforar el piso de los u$s27.000 millones.

Es un tema que seguramente tiene bien presente Kicillof, que además de explicar en conferencia de prensa que no es bueno prender la calefacción y simultáneamente abrir la ventana, sigue buscando la forma de volver a pedir dinero en el exterior sin que parezca que se arriaron las banderas del "desendeudamiento".