El Gobierno quiere que la mitad de la deuda para compensar a los españoles sea asumido por los gobernadores petroleros. De lo contrario, les quitaría áreas de concesiones.

Desde que los gobernadores de las provincias petroleras se enteraron que pasarán a ser deudores de la Nación por u$s 2.450 millones para mantener las acciones que tienen en YPF, la relación con el Ejecutivo se tensó. Pero ahora la disputa cobró más temperatura.

Y es que en la antesala del debate en Diputados (que se iniciará el martes) sobre el acuerdo que compensará a Repsol por la expropiación del 51% de acciones que tenía en la petrolera, el gobierno de Cristina Kirchner quiere que parte de ese pago sea afrontado por esas provincias; de lo contrario les exigirá entregar las áreas de concesión para generar recursos que puedan ser destinados al grupo español.

Así lo aseguró el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el martes, durante su visita a Vaca Muerta, según la agencia NA. Si eso sucede, complicaría la situación de los gobernadores que cobran regalías por las áreas que poseen. Al mismo tiempo, el proyecto de ley nada dice sobre su participación en la indemnización.

La Argentina se comprometió a pagarle a los españoles con bonos escalonados hasta 2033 en concepto de compensación. Del monto total, unos u$s 2.550 millones los pagará el Estado nacional y los restantes u$s 2.450 millones tendrán que ser asumidos por los gobernadores petroleros, dato que sorprendió a más de uno en medio de una ajustada situación fiscal por los desequilibrios económicos generados por la inflación y los aumentos de costos. Fue el Gobierno el que confirmó la noticia el pasado 14 de marzo ante el Senado cuando funcionarios del oficialismo fueron a defender el acuerdo.

Son diez los gobernadores de las provincias que conforman la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), los cuales mantienen un constante diálogo con Miguel Galuccio, CEO de la estatizada YPF. Chubut, Neuquén, Río Negro, Formosa, Jujuy, Salta, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Mendoza controlan el 24,99% de las acciones de la petrolera y un 26,03% ha quedado en manos del Estado nacional, que ahora exige a los gobernadores tomar mayor protagonismo.

Capitanich aclaró así que el autoabastecimiento energético del país se puede concretar en tres años en la medida que haya un mayor volumen de financiamiento para maximizar los volúmenes de inversión, por lo que las provincias tendrán que ceder e incrementar su pasivo estructural.

Ibañez: “No estamos dispuestos
a sacar pesos que no tenemos”

Jorge Ibáñez, representante de esta provincia en dicho organismo, dijo que el problema central tiene que ver con el monto del pago de las acciones que a cada estado y tambièn con la forma de efectivizarlo.

“Ese monto no estaba determinado y surgió una vez que se fija el valor de la expropiación; es decir `pagamos tanto, por lo tanto las acciones tienen tal valor en función de la parte accionaria que cada una detenta´”.

Dijo Ibáñez que el otro tema de la discusión tiene que ver con la forma en que cada provincia habrá de afrontar esa obligación, indicando que las sugerencias de los que tienen la acciones mayoritarias es que se puede hacer con los dividendos que la misma YPF genere anualmente de tal modo que no se le retraiga de las regalías petrolíferas o gasíferas y tampoco que las provincias tenga que hacer aportes en efectivo.

“De ser así- apuntó- sería posible que las provincias pagaran sus nuevas acciones con las ganancias que la nueva YPF esté dando año a año que , pensamos, van a ser muy buenas”.

Ibáñez adelantó que Formosa adheriría a esa segunda postura, aclarando que esta provincia tiene una participación simbólica del 0,2% “y aunque no nos sobra plata , nuestra participación es mínima y nos permite estar dentro de la petrolera del estado”.
Insistió en que “no estamos dispuestos a sacar pesos que no tenemos para comprar las acciones”.