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PROYECTOS
Vaca Muerta, ahora en tiempo de definiciones
04/04/2014

Vaca Muerta, ahora en tiempo de definiciones

Ámbito Financiero. Por Marco Rebozov

Es de conocimiento público que el proyecto integral de YPF, presidida por Miguel Galuccio, en Loma Campana y Loma de la Lata Norte, involucra inversiones por un total de u$s 16.506 millones. El proyecto está dividido en un plan piloto con inversiones por u$s 1.146 millones, actualmente en ejecución en sociedad con la petrolera Chevron, seguido de un desarrollo integral que se iniciaría a partir de este año, cuyo diseño se verá ajustado en función de los resultados del piloto, con inversiones adicionales estimadas en u$s 15.360 millones. Estas inversiones serían destinadas a proyectos de exploración y desarrollo, por lo que un eventual éxito dispararía nuevas y cuantiosas inversiones adicionales.

De materializarse próximamente la continuidad de las inversiones en asociación con la mencionada Chevron, comenzarían a develarse las hipótesis acerca de los multimillonarios recursos en Vaca Muerta (de 16,2 billones de barriles de petróleo, y de 308 trillones de pies cúbicos de gas natural), con grandes implicancias para la economía argentina.

• En el corto plazo, porque la continuidad del proyecto implicaría un ingreso de capitales que mejoraría las perspectivas del actual Gobierno en su objetivo de concluir ordenadamente su mandato.

• En el mediano y largo plazos, porque es más que elocuente la importancia de las estimaciones del valor de las reservas en petróleo y gas a extraer, que oscilan entre 300 y 700 veces el monto total de la inversión mencionada. O sea, montos de entre u$s 4,5 billones y u$s 10,5 billones. Esto es, casi, entre 10 y 22 veces el PBI de nuestro país. En cualquier caso un dineral que entusiasma, pero que también obliga a la sensatez y grandeza política.

Para que esta oportunidad sea aprovechada y no se transforme en una frustración, hay dos cuestiones básicas a tener en cuenta:

Primero, lo más obvio, hay que tratar de vender bien estos recursos. Segundo, lo que es mucho más complejo, hay que asignar bien los ingresos que generen, y tener también en cuenta su impacto en el resto de la economía.

Es fundamental una planificación para evitar la generación de burbujas o ciclos insostenibles en el tiempo y reversiones traumáticas cuando el ciclo del recurso no renovable se agota.

El ciclo de extracción del recurso implica enormes ingresos, inversiones y empleo, y suba de salarios y gastos que se desparraman por toda la economía. Mientras la extracción perdura, aumenta el bienestar general y cambian las rentabilidades sectoriales relativas, perdiendo competitividad muchos otros sectores que quedan relegados al aumentar sus costos internos en salarios, servicios, inmuebles, etc. En primera instancia, entonces, debe evitarse esta asimetría de sectores con exceso de expansión que causan en otros sectores exceso de depresión.

Luego, en segunda instancia, debe evitarse una crisis generalizada cuando los recursos no renovables terminan, inevitablemente, agotándose. Por lo tanto, deben evitarse excesos de consumo al mismo tiempo que deben planificarse el ahorro y las inversiones, de modo que cuando el recurso se agote, los nuevos ingresos producto de dichas inversiones generen un nuevo flujo de ingresos sostenible y permanente que sustituya el agotamiento paulatino del recurso no renovable.

Para dar un ejemplo simple, basta comparar los casos de Noruega y Venezuela relacionados con el manejo de este recurso; uno, ahorra, planifica e invierte al mismo tiempo que aumenta su bienestar, y el otro, simplemente consume.

Esta cuestión que parece ser tan obvia muchas veces es ignorada, en especial cuando los proyectos personales o partidarios de poder se confunden con los proyectos de un país.

Por eso, sería de suma importancia y utilidad que este tipo de operación sea consensuado y participado en forma transparente, propiciando un debate con todo el arco político del país. El oficialismo debiera llamar y participar a la oposición. La oposición debiera reclamar por su participación.

Un consenso público, como política de Estado independiente de las inclinaciones ideológicas y partidarias, bajaría drásticamente el riesgo de invertir y aumentaría el precio de venta de los recursos, al mismo tiempo que contribuiría a una eficiente asignación de los ingresos en beneficio de un definitivo proceso de desarrollo sostenido para el país.


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