El acuerdo entre el Gobierno y Repsol para pagar la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera española en YPF encontró en los gobernadores de las provincias con hidrocarburos el primer escollo. El problema es de plata: mientras la presidenta Cristina Kirchner quiere que las provincias socias de la compañía estatizada le paguen a Repsol de manera proporcional a su participación, los jefes políticos provinciales se niegan a hacerlo por falta de recursos.

Entre febrero y marzo, la Argentina y Repsol acordaron el pago de US$ 5000 millones en bonos para resarcir a la empresa ibérica por la expropiación. El convenio, que tiene que ser aprobado por el Congreso, ya consiguió el visto bueno del Senado y se tratará este mes en Diputados.

Aunque con matices, la mayoría de las voces se mostraron a favor del convenio, tanto desde el oficialismo como desde una porción de la oposición. Pero a la hora de definir quién pone el dinero surgieron los problemas.

Según estableció la ley de estatización de YPF, el Estado nacional se quedará con el 51% del 51% expropiado. El restante 49% quedará en manos de las provincias. Desde ese momento, las provincias tienen representación en el directorio de la empresa según ese criterio.

De acuerdo con esos números, las gobernaciones deberían enfrentar pagos por aproximadamente 2450 millones de dólares.

La historia de desencuentros comenzó con una frase del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, en su defensa del acuerdo en el Senado. "Es la primera vez que estamos ante la posibilidad de tener un precio cierto de esas participaciones. Es decir, la Nación no les va a poder reclamar a las provincias más que el porcentaje de los 5000 que está pagando por la empresa", explicó, y encendió la alarma entre los gobernadores.

Uno de los que más fuerte alzaron la voz es Martín Buzzi , gobernador de Chubut, titular de la Ofephi (la organización que reúne a los estados productores de hidrocarburos) y uno de los principales puntales en su avanzada contra Repsol, hace dos años. Sostuvo que "cualquier pago (a Repsol) tiene que salir no de las cuentas de los estados provinciales; tenemos que poner toda la inversión, como estamos haciendo, en viviendas, urbanizaciones, servicios para la familia, pero no para andar pagando expropiaciones de esta naturaleza".

En la misma línea se manifestaron otros jefes provinciales alineados con el Gobierno. Es el caso de Francisco "Paco" Pérez, de Mendoza, y del neuquino Jorge Sapag, cuya provincia tiene la mayor parte de los recursos de la propia YPF.

DECISIÓN AJENA

Casi todos los gobernadores están inmersos en la misma realidad: por un lado, tienen una situación fiscal estrecha que les impide actuar como inversores petroleros. Pero al mismo tiempo tienen una injerencia menor sobre el funcionamiento cotidiano de YPF y recuerdan que ellos no decidieron la estatización, sino que fue el gobierno nacional.

Guillermo Pereyra, número dos de la CGT que conduce Hugo Moyano, titular del gremio petrolero de Neuquén, La Pampa y Río Negro y titular de la Comisión de Energía del Senado, sostuvo días atrás que Neuquén no pagaría en efectivo. Sin embargo, abrió la puerta a otras alternativas. Entre ellas, que las provincias destinen las utilidades que arroje la propia YPF para hacer frente a esos compromisos.

Es un modelo similar al que utilizó la familia Eskenazi, con el aval de los Kirchner, para pagar su ingreso en la compañía en la etapa previa a la estatización.

En los próximos días equipos técnicos de la Nación y de las provincias continuarán analizando el tema. Sin embargo, es difícil anticipar, según las partes, si llegarán a un acuerdo antes de que la Cámara baja le dé el visto final al convenio.

Aunque apostando al diálogo y a la negociación, el Gobierno nacional ratificó este martes que las provincias que tengan parte del paquete de la expropiada YPF deberán hacerse cargo y abonar, por su cuenta, el porcentaje de acciones que posean.

Las opciones que sugirió el Poder Ejecutivo a gobernadores de distritos petroleros van desde una "multiplicidad de financiamientos" -que podría incluir la emisión de bonos- hasta la cesión de activos y regalías.

En concreto, la postura del Gobierno fue ratificada este martes por el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, tras visitar el yacimiento Vaca Muerta, la apuesta máxima de la gestión que lidera Cristina de Kirchner.

Capitanich estuvo acompañado por el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof; el titular de la bancada del FpV en el Senado, Miguel Pichetto; y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, entre otros.

Tras la visita, el jefe de Gabinete manifestó al diario La Mañana de Neuquén que el pago de las provincias "puede ser una compensación que va desde áreas de concesión hasta una multiplicidad de herramientas de financiamiento", y agregó que "todo ello depende de una negociación" que "se va a ordenar y resolver de común acuerdo con las partes".

El primero en anunciar una factura de difícil pago para las provincias petroleras fue el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, durante su exposición -con pasaje emotivo incluido- en el Senado, el 13 de marzo pasado, para conocer los detalles del acuerdo firmado con la petrolera Repsol.

Durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y de Presupuesto y Hacienda, Zannini señaló que "la Nación no les va a poder reclamar a las provincias más que el porcentaje de los cinco mil -millones de dólares- que está pagando por la empresa", y destacó: "Me atrevería a decir que un buen concepto sería que las provincias pudieran adquirir eso como lo está adquiriendo la Nación en este momento, replicando de alguna manera las obligaciones nacionales. Pero ése puede ser un procedimiento que no satisfaga a las provincias argentinas".

El funcionario dijo después que "también podrá entrarse en negociación y fijar otro valor que sea conveniente, que pueda incluir desde cesión de activos, regalías, lo que se les ocurra reclamar a los señores gobernadores y conceder a los representantes del Gobierno nacional".

La letra del acuerdo Nación-provincias petroleras fija que Neuquén tiene la mayor participación accionaria del 49% que les corresponde a dichos distritos. Si se toma ese porcentaje como una totalidad, Neuquén cuenta con el 41,8%; Santa Cruz, el 20,9%; Mendoza, el 20,6%; Chubut, el 8,4%; Río Negro, el 3,2%; Tierra del Fuego, el 2,5%; Salta, el 2%; La Pampa, el 0,5%; y Formosa, el 0,2%.

Justamente, el gobernador neuquino, Jorge Sapag, fue el primero de los gobernadores en contestarle a Zannini, al dejar claro que su distrito no pagará "en efectivo ni con endeudamiento las acciones de YPF" que le corresponden a la provincia.

El mandatario además destacó: "Tenemos una expectativa legítima por esas acciones porque somos dueños del recurso, somos poder concedente y somos autoridad de aplicación. Queremos encontrar con Nación los mecanismos lógicos de negociación que no involucren efectivo ni endeudamiento".

No pasaron muchos días para que a Sapag se le sumara su par de Chubut, Martín Buzzi. "Dinero contante y sonante -corriente o efectivo- por la expropiación de YPF no vamos a poner", disparó el gobernador, que además manifestó: "El mayor capital que estamos poniendo son las reservas, el nuevo yacimiento. Existió la expropiación, existió Repsol e YPF porque estaba nuestro patrimonio físico y simbólico hasta el fin de la explotación. Tiene que haber una solución más política".

En millones de dólares, el 49% de las acciones que tienen las provincias equivale a u$s 2.450 millones. Así, Neuquén tendrá obligaciones con Nación por u$s 1.024 millones; Santa Cruz, por u$s 512 millones; Mendoza, por u$s 505 millones; y Chubut, por u$s 205 millones.

La línea adoptada por Neuquén y Chubut choca con Mendoza, que considera justo tener que abonar por el paquete correspondiente. "A nosotros nos interesa seguir teniendo las acciones y tener dividendos, por lo cual es racional lo que se establece", dijo en marzo pasado a este diario el ministro de Energía provincial, Marcos Zandomeni.