La investigación que realiza Estados Unidos por el posible pago de sobornos por parte de la petrolera Pan American Energy para lograr la renegociación de sus contratos con Chubut y Santa Cruz, desató la polémica en la provincia presidencial. La oposición liderada por el diputado Nacional de la UCR Eduardo Costa, solicitó que la justicia pida explicaciones al gobernador Daniel Peralta y sus funcionarios sobre el contrato aprobado por el kirchnerismo en 2008 cuando prorrogó por 40 años áreas a PAE en Santa Cruz.

Junto al ARI-CC, el socialismo y Encuentro Ciudadano, Costa plantea que en el contrato que rubricaron Santa Cruz y PAE con el aval del kirchnerismo hubo “negociados y arreglos entre la empresa y funcionarios con beneficios a costa de los recursos de la provincia”. Es por ello que reclamaron a las autoridades judiciales que reabra las causas por la renegociación de PAE y “ cite al Gobernador, funcionarios y diputados que aprobaron la renegociación”.

Tal como informó Clarín, la SEC, la máxima autoridad de la Bolsa de Nueva York, está investigando una autodenuncia de British Petroleum, que asegura haber pagado coimas por la renegociación de los contratos de Cerro Dragón, entre otros negocios que realizó en la Argentina. Esa renegociación f ue avalada por Santa Cruz, remarca el diputado nacional. “Nosotros denunciamos esta situación, y ahora tenemos la confirmación de que efectivamente teníamos razón ¨, aseguró Eduardo Costa, quien fuera intendente de Río Gallegos.

En 2008, Santa Cruz otorgó la extensión por 40 años de las áreas de PAE, diez años antes del vencimiento del contrato. El acuerdo rubricado por la Legislatura el 13 de marzo de ese año benefició con la concesión ampliamente a la petrolera de los Bulgheroni. Pero recibió permanentes críticas y denuncias por sospechas de “negociados” que hoy piden que se reabren para su investigación. Fue un contrato “permisivo y beneficioso para la compañía”, indican ahora desde la UCR, que desde aquel entonces denuncia que los contratos habían sido “acordados por los funcionarios del gobierno nacional 1 año antes.

“Eso fue reconocido por el entonces secretario de Energía de Santa Cruz, Alesandro Perrone, en la Legislatura”, indicó el ex diputado Omar Hallar.

Cuando PAE obtuvo la prórroga por 40 años, se comprometió a realizar en Cerro Dragón (yacimiento compartido con Chubut) inversiones por el orden de los US$ 3.000 millones, de los que US$ 800 millones serían en la parte de la concesión que recae en Santa Cruz. De ese monto, US$ 500 millones, serían invertidos antes de 2017 y los restantes US$ 300 millones, hasta el 2027. Gracias a ese contrato que obtuvo la cómoda mayoría parlamentaria kirchnerista, la nueva concesión vencerá en 2047.

La falta de cumplimiento en algunos aspectos del acuerdo fue denunciado por la oposición señalando la falta de inversión por parte de la petrolera. La semana pasada el titular del Instituto de Energía de Santa Cruz — Juan Ferreyro- estuvo en la Legislatura interpelado por los diputados y reconoció que PAE no está cumpliendo las pautas de producción fijadas en el acuerdo. El acuerdo fue calificado como “pésimo”.

En este marco de “irregularidades” como indica el diputado Costa, piden una profunda investigación sobre el rol del Gobierno Provincial no sólo sobre la firma de la prórroga sino sobre el desempeño de la operadora durante estos años, donde apuntan a la “complicidad del Estado”.

“British Petroleum reconoció que pagó sobornos en 2006, 2007 y 2008 e n Argentina. Los contratos que tiene esa empresa en nuestro país son los de Cerro Dragón, y los yacimientos en Santa Cruz, que fueron renegociados por nuestra Provincia en 2008, cuando le regalamos el petróleo por 40 años¨, explicó a Clarín la diputada provincial radical Estela Bubola.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, reiteró ayer que la cartera a su cargo “no intervino en la negociación ni tramitación” de la prórroga del contrato de concesión del área petrolera del proyecto Cerro Dragón, en la provincia de Chubut.

El funcionario intentó, así, responder a una nota publicada en Clarín, titulada “De Vido redactó el contrato investigado por coimas en EE.UU.”, en la que se lo vincula con una investigación que estaría realizando la Securities and Exchange Commission (SEC), la Comisión de Valores de Estados Unidos. Junto al artículo se publicó un borrador del contrato renegociado por Cerro Dragón que fue en su momento girado a la Legislatura santacruceña. Allí se explicita la participación en la negociación del ministerio de Planificación.

Sin embargo, en su defensa, De Vido rechazó cualquier participación de su cartera en la redacción del acuerdo. “ Desconocemos el borrador al que hace referencia (Marcelo) Bonelli, ya que el único documento válido es el firmado por las personas con competencia para hacerlo, del que la secretaría de Energía fue notificada, sólo a título informativo, en julio de 2008”.

Marcelo Bonelli fue quien escribió la primera nota donde se informó sobre la denuncia ante la SEC. Y de otros artículos sobre el tema.

Sin embargo, De Vido no negó expresamente que hubiese participado en la negociación. El ministro recordó que el tema estuvo a cargo del entonces gobernador y actual diputado del Frente Renovador, Mario Das Neves, “quien firmó el acuerdo, según él mismo reconoce sin injerencia de nadie, con el titular de Bridas y accionista de PAE (Panamerican Energy), Carlos Bulgheroni”.

Ante una nota publicada en el diario Clarín donde se vincula al ministro de Planificación con una investigación sobre coimas en Estados Unidos, Julio de Vido volvió a negar tales vínculos y reiteró que "objetivamente el ministerio a mi cargo no intervino en la negociación ni tramitación de este tema, porque es materia de competencia de la provincia de Chubut, titular del Yacimiento, en ese momento a cargo del diputado del Frente Renovador, Mario Das Neves".

En un comunicado, el titular de Planificación señaló que fue Das Neves quien "firmó el acuerdo, según el mismo reconoce sin injerencia de nadie, con el titular de Bridas y accionista de PAE, Carlos Bulgheroni".

"Desde que asumí como ministro en 2003 recibo el directo y permanente hostigamiento del diario Clarín, en este caso llevado adelante por Bonelli, quien por cuarta vez consecutivo me coloca como el único nombre propio de una supuesta investigación de la SEC, omitiendo quienes lo firmaron", continúa el documento redactado por De Vido.

El ministro explica que la prórroga de explotación del Cerro Dragón, "fue acordada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Chubut", a cargo, en ese entonces "por el actual diputado del Frente Renovador, Marios Das Neves y su Legislatura provincial", tal como sostuvo en una desmentida el domingo pasado.

"En consecuencia, rechazamos cualquier participación en la redacción del acuerdo y desconocemos el borrador al que hace referencia Bonelli, ya que el único documento válido es el firmado por las personas con competencia para hacerlo, del que la secretaría de Energía fue notificada, sólo a título informativo, en julio de 2008", apuntó De Vido.

"En los hechos, el 24 de mayo del 2007, el acuerdo fue aprobado por la Legislatura de la Provincia del Chubut, con el voto de una amplísima mayoría integrada por representantes de todos los partidos. El Acuerdo entró en vigencia el lunes 28 de mayo, luego de la publicación de la Ley Provincial N° 5.616 en el Boletín Oficial de Chubut", asegura el documento.

Asimismo, el ministro De Vido, señaló que " el acuerdo fue motivo de rechazo y amparo por los legisladores provinciales de Chubut y oportunamente el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de Comodoro Rivadavia, a cargo del Dr. El juez José Leonardh, resolvió rechazar la acción de amparo interpuesta por los legisladores y avalar lo actuado por el Poder Ejecutivo de Chubut, a cargo de Mario Das Neves y la Legislatura Provincial, en lo relativo al Compromiso de Inversiones y Acuerdo para la Extensión de la Concesión del Área Cerro Dragón"

"Respecto a la a la inclusión de la renuncia al juicio contra nuestro país que la empresa PAE mantenía en el CIADI, huelgan mayores comentarios, ya que resulta poco serio e infantil pretender utilizarlo como prueba, dado que se trata de un punto completamente favorable al interés nacional y potencialmente perjudicial para la compañía, que era exigido en cada renegociación contractual y llamativo hubiera resultado que la provincia de Chubut no lo incluyera entre los términos de la negociación", sigue el comunicado.

En lo que respecta al diario Clarín, el titular de Planificación señaló que "el señor Bonelli continúe con esta verdadera campaña de difamación y mentiras, que seguiremos rebatiéndolas una a una, demostrando que sus acusaciones contra mi persona son falsas como lo hemos hecho al explicar con toda claridad que el ministerio de Planificación no "autorizó" en ningún aspecto esa prórroga dado que no tenía facultades para hacerlo"

Finalmente, De Vido contestó que "entre mis funciones no está la de `redactar` ningún contrato de mi cartera, porque soy arquitecto y no abogado, mucho menos el de otras jurisdicciones en materia que no tengo competencia, como prorrogar concesiones de hidrocarburos en las provincias", dijo y agregó: "mi misión en la vida es construir y no destruir, calumniar y perseguir como hace Bonelli al vincularme con situaciones que equivaldrían a que yo pretenda vincularlo con la escandalosa venta de acciones de Papel Prensa al diario donde él trabaja, para lo que no prescindieron del secuestro y la tortura".

El Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, participó de la confección y trámite del contrato por Cerro Dragón que generó en los Estados Unidos una investigación por supuestos pagos de sobornos en la Argentina.

La influyente Comisión de Valores –SEC, por sus siglas en inglés-inició investigaciones para determinar si hubo pago de sobornos en el multimillonario contrato de Cerro Dragón y también en el convenio de fusión de Pan American Energy y la firma estatal China National Offshore Oil Company.La SEC también investiga el giro de fondos desde una financiera argentina al JP Morgan, porque podría ser la ruta de la coima que está bajo investigación.

La denuncia la hizo una de las empresas implicadas, la multinacional British Petroleum, la cual esta asociada al Grupo Bridas.

El Ministro Julio De Vido negó su participación en los hechos el último domingo, a través de un comunicado oficial, con la intención de deslindar responsabilidades y culpar sólo al gobierno de Chubut.Pero Clarín confirmó que el Ministerio de Planificación participó activamente en la redacción del contrato de Cerro Dragón a favor de Pan American Energy que extendió –en forma inusual– por 40 años la explotación del principal yacimiento de la Argentina. Los documentos originales se publican en esta edición.

Esta participación concreta del Ministerio de Planificación hizo –como ayer anticipó Clarín – que en su momento Pan American Energy publicara una solicitad indicando que del acuerdo participó el Gobierno nacional.

El texto del convenio habla de la participación del Estado Nacional en por lo menos tres veces y fue el ministerio de Planificación el encargado de redactar el borrador del contrato ahora bajo la lupa de la SEC.

El borrador del proyecto –que se aprobó en Chubut– fue confeccionado y redactado en la Casa Rosada y la tarea estuvo a cargo de Julio De Vido.

El contrato que finalmente se aprobó sólo tiene pequeños cambios con el que elaboró, redactó y propició De Vido. La redacción final del acuerdo –que después aprobó Chubut– es casi una copia textual del borrador que acordó el Ministerio de Planificación con el empresario Carlos Bulgheroni.

Una copia de ese documento informal de De Vido fue distribuido inicialmente en la Legislatura de Chubut. En su encabezamiento decía que el convenio lo “suscribe en representación del Estado Nacional el señor Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios don Julio de Vido.” Pero ese párrafo y algunos cuestiones menores fueron los únicos que fueron corregidos en el contrato final, dado que legalmente la Casa Rosada no podía participar del convenio con Pan American Energy, por lo que dispone la Ley de Hidrocarburos.

Pero la participación del Estado Nacional también quedó confirmada en cuatro cuestiones centrales del texto final del convenio aprobado.

Estos son: – El propio contrato sostiene que el Estado Nacional participó y acepto el pedido de PAE para extender los plazos de concesión. Así lo afirma el apartado tres del convenio al señalar “que para cumplir sus propósitos y conforme a la legislación vigente y con la participación del Poder Ejecutivo Nacional, PAE considera conveniente extender los plazos de concesión”.

–El Gobierno a sugerencia de De Vido exige que en el convenio se incluya una renuncia de los juicios que Bulgheroni tenía contra el Estado Argentino en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El texto afirma: “El Poder Ejecutivo Nacional ha manifestado su interés en la conclusión de las disputas establecidas contra la Nación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.” Existe un anexo sobre la cuestión del Ciadi (número 5) en donde otra vez se incluye la participación del Estado y dice que la Casa Rosada se reserva el derecho de rescindir el contrato.

–También en otra parte el convenio obliga a las partes a sujetarse a las disposiciones del Jefe de Gabinete Nacional. “El presente acuerdo – dice- se ajusta a lo dispuesto en el artículo 100” que precisamente habla de las facultades del Jefe de Gabinete nacional.

–El Ministerio de Planificación avaló ampliar la concesión petrolera por una cantidad de años, que ni siquiera permite la ley de hidrocarburos e hizo la vista gorda para que Chubut apruebe un plazo incompatible con la legislación petrolera. Por otra parte existen constancias que el Ministerio de Planificación, junto con el gobierno de Chubut, tuvo una activa acción política para ayudar a convencer a los legisladores y jueces que se oponían a avalar el contrato. En su momento –incluso– hubo incidentes con seis legisladores radicales, que rechazaban el contrato y después cambiaron de opinión por las “operaciones” del Ministerio de Planificación y el gobierno de Chubut. Fueron echados del Partido.

Los cuatro puntos confirman el interés de Planificación en el contrato y dan por tierra con el principal argumento que tiene De Vido para deslindar responsabilidades: que nada tuvo que ver con la aprobación del acuerdo investigado por irregularidades en los EE.UU.

El funcionario respondió así a una nota publicada en el diario "Clarín", titulada "De Vido redactó el contrato investigado por coimas en EEUU", en la que se lo pretende vincular con una investigación que estaría realizando la Securities and Exchange Commission (SEC), la Comisión de Valores de Estados Unidos.

De Vido recordó que el tema estuvo a cargo del entonces gobernador y actual diputado del Frente Renovador, Mario Das Neves, "quien firmó el acuerdo, según él mismo reconoce sin injerencia de nadie, con el titular de Bridas y accionista de PAE (Panamerican Energy), Carlos Bulgheroni".

"Desde que asumí como ministro en 2003 recibo el directo y permanente hostigamiento del diario Clarín, en este caso llevado adelante por (el periodista Marcelo) Bonelli, quien por cuarto día consecutivo me coloca como el único nombre propio de una supuesta investigación de la SEC, omitiendo el de quienes sí firmaron ese acuerdo", explicó De Vido.

Reiteró luego lo precisado el domingo último, en el sentido de que la prórroga de explotación de Cerro Dragón fue acordada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Chubut.

"En los hechos, el 24 de mayo del 2007 el acuerdo fue aprobado por la Legislatura de la Provincia del Chubut, con el voto de una amplísima mayoría integrada por representantes de todos los partidos", añadió el ministro.

El acuerdo entró en vigencia el 28 de mayo, tras la publicación de la Ley Provincial 5.616 en el Boletín Oficial de Chubut, fue motivo de rechazo y amparo por legisladores provinciales Hipólito Solari Irigoyen y David Patricio Romero, y rechazado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1 de Comodoro Rivadavia, a cargo de José Leonardh.

"En consecuencia, sostuvo el ministro, rechazamos cualquier participación en la redacción del acuerdo y desconocemos el borrador al que hace referencia Bonelli, ya que el único documento válido es el firmado por las personas con competencia para hacerlo, del que la secretaría de Energía fue notificada, sólo a título informativo, en julio de 2008".

El Ministerio de Planificación, aclaró su titular, no "autorizó" en ningún aspecto esa prórroga, dado que no tenía facultades para hacerlo, lo que llevó al periodista al absurdo a acusarme de "impulsarlo", como si fuera una ONG.

"Que el señor Bonelli continúe con esta verdadera campaña de difamación y mentiras, que seguiremos rebatiéndolas una a una, demostrando que sus acusaciones contra mi persona son falsas", agregó De Vido.

"Mi misión en la vida -dijo por último- es construir y no destruir, calumniar y perseguir, como hace Bonelli al vincularme con situaciones que equivaldrían a que yo pretenda vincularlo con la escandalosa venta de acciones de Papel Prensa al diario donde él trabaja, para lo que no prescindieron del secuestro y la tortura".

El senador nacional por Chubut, Mario Cimadevilla, consideró ayer que la investigación abierta en la Bolsa de Valores norteamericana por el supuesto pago de coimas en la renegociación con Pan American Energy “es un hecho mucho más escandaloso que el caso Skanska y Siemens” y sostuvo que el ex gobernador Mario Das Neves “debe hacerse cargo” de ello.

“Eso no está en duda: el pago de las coimas está confeso por quien las pagó, Das Neves que se haga responsable” reclamó el legislador chubutense.

Con tal introducción, explicó que la UCR “ratifica la necesidad que tiene la Provincia de revisar todas las concesiones petroleras” y no sólo en el caso puntual de PAE, donde sería nulo el contrato firmado por las condiciones desventajosas en que se rubricaron las concesiones, causando perjuicio económico y comprometiendo el futuro de la provincia y el desarrollo de Comodoro y la zona sur de la provincia.

Ante tal concepción, Cimadevilla informó que presentó en el Senado un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral. “Las comisiones se crean porque tienen facultades que permiten acceder a documentación y un montón de diligencias” explicó, aunque dijo que habrá que aguardar para ver si la mayoría legislativa permite acceder a la creación de esta comisión, “que yo creo redundaría y mucho en esclarecer este tema”.

Recordó además que se efectuó la presentación ante la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia pidiendo que “se inicie la investigación penal, acompañando las denuncias que se hicieron públicas, y solicitando que se cite a los funcionarios y quienes puedan estar involucrados”, indicó en declaraciones que reprodujo El Patagónico.

“Esto es lo que hemos hecho” explicó el senador, añadiendo que “independientemente de esto, mi intención es conseguir una audiencia con la embajada de Estados Unidos, para ver si a través de ellos podemos tener algún acceso a más datos que nos permitan certificar esto” informó.

Por su parte, Gustavo Menna explicó en tanto los alcances de la sentencia que el Superior Tribunal de Justicia efectuó sobre el recurso de amparo presentado en su momento, para considerar que lejos de los que expuso en estos días el ex gobernador Mario Das Neves, el tema “no es cosa juzgada”.
Recordó que en aquel momento un grupo de ciudadanos habían presentado un recurso de amparo impugnado el acuerdo, que fue rechazado en último plano por el STJ, aunque la cuestión de base fue falta de legitimación.

“A nuestro criterio, optó por desentenderse del tema cuestionando que un grupo de particulares tuviera habilitación legal para llevar la cuestión a la justicia, por lo que lo rechazó”.

Sobre tal base, el abogado sostuvo que la Justicia entonces no se adentró a analizar el fondo de la cuestión, y que como era una acción de amparo y no una ordinaria, lo que se resolvió no hace cosa juzgada, con lo que queda abierta la posibilidad de plantear esta acción por una vía ordinaria. En tal línea, indicó que hay un grupo de trabajo conformado bajo la coordinación de Mario Cimadevilla, que desde antes de que la noticia tomara estado público, evalúa la presentación de una acción ordinaria que probablemente la pueda tramitar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma original.