Si a mediados de 2011, y luego de 10 años de discusión, la administración Piñera promulgó el decreto que regula la emisión de contaminantes en las termoeléctricas, el nuevo gobierno quiere aplicar nuevos gravámenes a las emisiones de gases de efecto invernadero, más específicamente al CO2 (dióxido de carbono).

El proyecto enviado al Parlamento establece que todas las fuentes fijas deberán pagar un denominado “impuesto verde” para paliar las externalidades de la actividad industrial -mineras, cementeras, industrias, fundiciones, etc.- y la generación en base a combustibles fósiles (carbón, gas natural y diésel) en el medioambiente. Para el CO2, este será de US$ 5 por tonelada emitida, mientras que otros contaminantes -NOx, SO2 y Material Particulado (MP)- pagarán 10 centavos de dólar por tonelada.

En el caso del sector industrial y las termoeléctricas, según un estudio de Boston Consulting Group, al 2018 las emisiones de la industria y el sector eléctrico alcanzarían a 71 millones de toneladas de CO2, con lo que el impuesto que podrían pagar las firmas sumaría unos US$ 358 millones.El gobierno estima a que este gravamen permitiría recaudar en torno a los US$ 162 millones.

Ayer, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, se reunió con las eléctricas para informarles la iniciativa.

René Muga, de la Asociación de Generadoras, recalcó que sólo el 35% de las emisiones de CO2 son producidas por las generadoras, un 28% proviene de la industria y otro 30%, del transporte, el que no será gravado. “Estamos preocupados. Hay que estudiar el tema con detalle”, dijo.

Por su parte, Gastón Lewin, presidente de la Asimet, señaló que “complica colocar más impuestos, pero hay que dar el tiempo necesario para que el sector industrial pueda ir formalizando esto para reducir al máximo las emisiones”.