La Opinion Austral. Por Roberto Mendoza
El “compre local” ha sido un requerimiento constante del comercio y pequeña industria de cada lugar medianamente alejado de Buenos Aires, Rosario o Córdoba, desde hace ya tanto tiempo que es imposible rastrear, a esta altura, quien fue el primer almacenero, tendero o mecánico que lo propuso, como forma de exigir medidas que lo protegieran frente a una competencia habitualmente desigual.
Comerciantes, pequeños productores y empresarios del lugar les han reclamado al estado provincial, a los gobiernos provinciales o comunales, y a las grandes empresas estatales, mixtas, nacionales o internacionales, que implementaran sistemas o asumieran acuerdos que les permitieran a sus firmas, competir con las grandes empresas y proveedores de Buenos Aires o del exterior, en condiciones equitativas o sin sacrificarlo todo en el intento.
El reclamo de los pequeños y medianos proveedores de bienes y servicios locales, se basó siempre en una lógica indiscutible: lograr que se queden en la comunidad –aumentando el impacto para bien de todos los habitantes- las importantes sumas de dinero que gastan inexorablemente, para su propio funcionamiento, las grandes empresas instaladas en la zona, que habitualmente se encuentran de paso, para desarrollar una gran obra civil o para explotar recursos naturales que, más allá de ser renovables o no, son de todos los habitantes, incluidos estos mismos proveedores locales.
Igual reclamo se le ha hecho siempre al propio estado, pero aunque han existido compromisos e incluso leyes que apuntaron a asegurar que esto se cumpla, no siempre se logra, y pareciera que las posibilidades se agotan en la medida que aumenta el déficit público, que produce restricciones que hacen olvidar a los funcionarios de turno, que gastar en el lugar no es más caro aunque lo parezca, porque la empresa local pagará sus impuestos aquí, requerirá servicios de sus pares para cumplir con sus contratos y pagará sueldos a personas que si no las ocuparan, posiblemente le estarían exigiendo al gobierno un subsidio o un puesto laboral.
Mecanismos de compensación
Con ese objetivo de lograr mecanismos y acuerdos que les permitan competir con grandes empresas extraprovinciales o multinacionales, los proveedores locales han desarrollado numerosos mecanismos, más o menos efectivos, para lograr ser partes del sistema: aceptación de un plus en los precios para poder presentar precios competitivos; reducción de los volúmenes de compra o prefinanciación para poder atender los pedidos con mayores posibilidades; obligatoriedad del comprador de permitir a un proveedor local que mejore una oferta externa, y hasta la exigencia por ley de comprar determinado porcentaje de la masa de adquisiciones a nivel local.
Los compradores, por su parte, también han desarrollado sus propias respuestas a cada propuesta, cuando no quieren, no pueden o no les reporta beneficio cumplir con el compre local: que están obligados a comprar al menor precio; que no pueden adaptar sus pedidos para que los locales no queden afuera; o que la legislación (si es el estado) o la casa matriz (si es un privado) no les permite pagar por adelantado, o más caro, o a otra firma.
Cambios de actitud
Pese a todo, los proveedores locales de Santa Cruz, al menos los que proveen bienes y servicios a las industrias minera y petrolera, se han ido ganando un pequeño espacio, aplicando estándares internacionales en sus pequeñas empresas, generando o aprovechando sistemas de capacitación para mejorar sus prestaciones y formalizando alianzas con otras empresas nacionales e internacionales, para lograr representaciones que vayan más allá de una simple boca de expendio.
Pero ese espacio, ganado a pulso y siempre en riesgo, merece ser ampliado, corregido y aumentado, y para dar ese paso se necesita un cambio de actitud de cada uno de los sectores involucrados.
Los proveedores deberán continuar capacitándose y perfeccionándose, aumentando al mismo tiempo su propio compre y contratación local, como lo vienen haciendo en los últimos años, como así también continuar realizando aportes, a la medida de sus posibilidades, enmarcados en la responsabilidad social empresaria.
El estado debe, por su parte, acompañar ese esfuerzo, exigir o establecer una mayor participación local en las obras que ejecuta en la provincia o en las concesiones de explotación que otorga, exigencia que en el caso de la minería debería trasladarse al informe de impacto ambiental que elaboran las compañías cuando solicitan los servicios.
Y las empresas deben actuar en consecuencia, diseñando sistemas de compra y contratación que favorezcan la incorporación de los proveedores locales a áreas que hoy les están vedadas.
En la reunión formalizada la semana anterior en Río Gallegos entre la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz, Capromisa, su par de las empresas mineras, Camicruz, y el Ministerio de la Producción, se avanzó en estos aspectos, estableciéndose compromisos que permitirán aumentar, en el corto y mediano plazo, la participación local en el negocio minero, una participación que es esencial para construir una verdadera sustentabilidad que trascienda incluso a las propias explotaciones metalíferas.
Santa Cruz necesita una verdadera economía diversificada, que no esté en riesgo cada vez que al estado provincial le merman los fondos o éstos, no alcanzan a cubrir los gastos corrientes, o en cada ciclo en que se caen los precios internacionales de los metales, el petróleo o la lana.
Contar con pequeñas y medianas empresas que sean capaces de brindar con calidad y eficiencia sus bienes y servicios tanto a nuestros emprendimientos mineros o petroleros como a los de otras regiones, es un camino óptimo para lograrlo.
