Importantes temas vinculados a la actualización del modelo económico cubano se analizaron el pasado viernes durante la reunión del Consejo de Ministros presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz.
Como primer aspecto de la jornada, Leonardo Andollo Valdés, segundo jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, expuso los conceptos básicos que deberán regir en las relaciones del Consejo de Ministros y los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), con respecto a las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), a tenor con la necesidad de separar las funciones estatales de las empresariales, aumentar las facultades de las empresas y elevar su responsabilidad en la eficiencia y control de los recursos.
Señaló entre los principios de este perfeccionamiento institucional que “los OACE solo ejecutan funciones estatales, mientras que las OSDE son organizaciones creadas por decisión gubernamental, que únicamente realizan funciones de carácter empresarial. En tanto, las Juntas de Gobierno son un órgano de dirección del Estado para controlar y atender a las OSDE, con el fin de exigir eficiencia y disciplina, así como el cumplimiento de la legislación vigente”.
Andollo Valdés dijo que estos principios se aplicarán de forma sostenida y gradual en estrecha vinculación con el perfeccionamiento funcional de los organismos y del sistema empresarial propiedad de todo el pueblo.
El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros reconoció la complejidad de este asunto, el cual hay que continuar estudiando. “Es importante la gradualidad en el proceso, para no dar bandazos”, agregó.
En este punto los ministros consideraron como prioridad la preparación de todos los dirigentes, quienes finalmente llevan a la práctica la reorganización institucional. De ahí que se precisara la importancia de incluir en los planes de superación de los cuadros cada una de las políticas que aprueba el Consejo de Ministros y actualizarlos de modo sistemático.
POLÍTICA PARA LA LEY DE FUNCIONES Y SERVICIOS POLICIALES
Este viernes también se presentó la propuesta de política para la elaboración de la Ley de funciones y servicios policiales, la cual está en correspondencia con el Lineamiento 140 aprobado por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, dirigido a garantizar la tranquilidad ciudadana. Con tal fin, expresó Andollo Valdés, “se trabaja en la institucionalización de las funciones y los servicios policiales”.
Entre las principales propuestas aprobadas por el Consejo de Ministros mencionó la necesidad de disponer de una Ley para garantizar el orden público, la defensa y la protección de los derechos ciudadanos, en cooperación con los órganos y organismos estatales, entidades económicas, instituciones sociales y los ciudadanos; así como fortalecer la autoridad, la protección y el respaldo legal de las fuerzas.
Andollo Valdés precisó que en el documento presentado se establecen conceptos básicos de actuación policial como el respeto a la Constitución y las leyes, el trato profesional, ético y humano, la actuación bajo identificación previa, así como la celeridad y racionalidad en el trabajo.
CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR
A continuación, Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, realizó un análisis sobre la evolución y tendencias de las cuentas por cobrar y por pagar en el país, con cierre en el mes de diciembre del pasado año.
“De forma general —dijo— el proceso de ordenamiento en este sentido se ha caracterizado por una disminución de los saldos vencidos respecto a diciembre de 2012”.
Señaló que durante el 2013 hubo una tendencia favorable en la liquidación de estas cuentas, pero los resultados aún no son los óptimos pues se mantienen indisciplinas, desorganización, falta de prioridad a esta tarea, e imprecisiones y formalismos en los contratos, por lo que resulta necesario continuar prestando atención y control sistemáticos a dicho proceso”.
INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES ESTATALES
María Esther Reus González, ministra de Justicia, dio a conocer el informe de cumplimiento del plan de inscripción de inmuebles estatales del año 2013, periodo en el cual se asentaron en los registros de propiedad 63 mil 396 inmuebles, de un plan de 65 mil 329.
Dio a conocer que en el periodo del 2010 al 2014 deben inscribirse 302 mil 801 inmuebles y que al término del 2013 se habían inscrito 225 814, para un 76% de cumplimiento, lo que demuestra que se avanza en esta materia.
Sobre este tema el Presidente cubano reiteró “que esta es una tarea a la cual le debemos continuar prestando la mayor atención, pues contribuye al ordenamiento del país”.
USO EFICIENTE DEL AGUA
Seguidamente, Inés María Chapman Waugh, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), presentó un análisis sobre el uso del agua al cierre del 2013 teniendo en cuenta la productividad agrícola, industrial y en los servicios asociados a este recurso, lo cual está respaldado en el Lineamiento 300 aprobado por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde se expresa que el balance del agua constituirá el instrumento de planificación mediante el cual se mida la eficiencia en el consumo estatal y privado.
Según explicó, al concluir el pasado año, en los 242 embalses existentes se almacenaban más de seis mil 400 millones de metros cúbicos de agua lo que representa alrededor de un 70% de la capacidad total.
Al referirse al plan, señaló que en el 2013 apenas se consumió el 85,8% del agua prevista. “Estos resultados —argumentó— no se traducen en un ahorro, sino que son consecuencia del sistema de control vigente sobre el Balance de Agua, donde solo se mide la ejecución real con respecto al plan aprobado sin tener en cuenta que la mayoría de los consumos reportados son superiores a las normas establecidas, al no controlarse la eficiencia en el uso de este recurso natural”.
Para revertir dicha situación —consideró— es necesario regular la obligatoriedad de tener en cuenta el rendimiento o nivel de actividad vinculado al uso del agua, pues hasta el momento solo sectores como el turismo, la industria azucarera y el níquel, controlan el rendimiento del agua en sus producciones.
Explicó que la agricultura se ratifica como la principal consumidora, seguida por el abasto a los sistemas de acueducto. “Entre ambas consumen el 80% del total nacional”, afirmó.
Más adelante comentó las estrategias que se implementan para lograr un uso eficiente del vital recurso. Destacó que de 69 presas con bajo aprovechamiento que existían en el 2012, la cifra se redujo a 55 en el 2013.
Otra prioridad está encaminada al uso de los trasvases terminados y ejemplificó con el de Sabanalamar-Pozo Azul, en la provincia de Guantánamo, donde se ha logrado una estabilidad en el suministro para el riego y otros destinos, principalmente en el Valle de Caujerí.
Como tercer aspecto aludió a la ejecución del programa de rehabilitación de redes y conductoras de acueducto. “Se avanza, pero no se logra medir su impacto en términos de eficiencia debido a que persisten el limitado metraje, las pérdidas en interiores de las viviendas y otras instalaciones socio administrativas, así como tarifas inadecuadas”.
Chapman Waugh recordó que cuando en diciembre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó la Política Nacional del Agua, se inició un proceso de reorientación hacia un nuevo enfoque de gestión del INRH, a partir de lo cual se definió como meta implementar el control de la productividad del agua en todas las ramas de la economía, con énfasis en la agricultura.
Entre los aspectos que limitan el empleo de dicho indicador como herramienta para lograr un uso más eficiente enunció la escasa medición de lo que se consume y la subestimación de su valor económico.
PROCESO DE UNIFICACIÓN MONETARIA
Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, informó a los miembros del Consejo de Ministros sobre el proceso de creación de condiciones para la unificación monetaria y cambiaria el cual calificó como extremadamente complejo.
Reiteró que esta no es una medida que resolverá por sí sola todos los problemas actuales de la economía, y que “su aplicación resulta imprescindible a fin de restablecer el valor del peso cubano y de sus funciones como dinero”. Todo ello, unido a las restantes políticas aprobadas, propiciará el ordenamiento del entorno económico y la medición correcta de sus resultados, agregó.
Acerca de las tareas desarrolladas en este periodo inicial, mencionó la realización de seminarios de preparación en todo el país sobre las normas emitidas en los que han participado más de 20 mil cuadros y funcionarios. “Esto ha posibilitado conocer un grupo importante de consideraciones que nos permiten profundizar e identificar dificultades que existen para enfrentar el proceso”.
Consideró que los máximos jefes de los OACE, OSDE, consejos de administración provinciales y entidades nacionales son los responsables de conducir dicho proceso. “Hay que prever y anticiparse a cualquier problema para saber cómo responder ante ellos. La preparación será fundamental para evitar la mayor cantidad de tropiezos”, concluyó.
Finalmente, el también Vicepresidente del Consejo de Ministros, expuso la política para el perfeccionamiento de los salarios, pensiones y otros ingresos, la cual está encaminada a cumplir con varios de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, y tuvo su primera expresión en el reciente aumento salarial para el sector de la Salud.
Entre sus objetivos generales mencionó “garantizar que cada cual reciba un salario acorde con su trabajo; estimular la responsabilidad por desempeñar cargos de dirección y la promoción en los órganos de Gobierno y las empresas, contribuyendo a revertir el fenómeno de la pirámide invertida”.
El proyecto de Ley de la Inversión Extranjera que se somete a la decisión de la Asamblea Nacional, tiene como objetivo esencial actualizar y precisar la normativa legal que regula la inversión extranjera a los cambios que se operan en la economía de la nación, de manera tal que con las debidas garantías que se ofrecen a la inversión de capitales extranjeros, los mismos se incrementen y nos permitan, sobre la base del respeto y defensa de la soberanía e independencia del país, obtener recursos financieros, tecnológicos y mercados en los sectores productivos y de los servicios donde se identifiquen intereses mutuos, así como su vinculación a encadenamientos productivos domésticos en función de un desarrollo económico, próspero y sostenible de nuestra sociedad socialista.
Fue en el año 1982 cuando el Gobierno Revolucionario cubano mediante el Decreto-Ley 50 “Sobre asociación económica entre entidades cubanas y extranjeras en el país”, comenzó a organizar el proceso de inversión extranjera, realizándose la primera inversión en el año 1988 en el sector del turismo, extendiéndose luego a otras ramas de la economía; en el año 1995 la Asamblea Nacional aprobó la Ley 77, “Ley de la Inversión Extranjera”, todavía hoy vigente, con el objetivo de continuar incentivando la inversión de capital foráneo en el país, para fortalecer su capacidad y desarrollo económico, Ley que ha sido complementada por un conjunto de normativas jurídicas emitidas indistintamente por el Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo y los organismos de la Administración Central del Estado para contextualizarla a los requerimientos de la nación.
En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y ratificados por esta Asamblea Nacional, se trazan indicaciones y proyecciones en materia de inversión extranjera comprendidos del Lineamiento 96 al 106, ambos inclusive, así como en otros 40 de ellos, lo que exige la necesidad de atemperar todas las normativas legales en la materia, a las exigencias que de los mismos se derivan, en aras de la actualización del modelo económico cubano que en ellos se traza, con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población.
Proceso que debemos acometer en el contexto de una economía mundial competitiva y lastrada por crisis sucesivas, con predominio de las reglas que dicta el mercado y en la que Cuba se inserta con la necesidad insoslayable de alcanzar un desarrollo sostenible, lo que le exige incrementar las tasas de su Producto Interno Bruto y de Acumulación para lograr las transformaciones estructurales necesarias; en ese escenario, la inversión del capital extranjero, resulta un elemento activo y fundamental para el desarrollo de determinados sectores de la economía.
Los movimientos internacionales de capital y en especial los flujos de inversión extranjera directa, son hoy de tal magnitud e importancia en el mundo, que no parece posible concebir un proceso de desarrollo económico sin contacto con esas inversiones y sin que se intente aprovechar sus aspectos positivos. De hecho, ningún país que transita hoy por el camino del desarrollo, lo hace sin contar con la inversión de capital extranjero como un componente de su política económica.
Consecuente con esto, la renovación de las normas jurídicas que regulan las inversiones extranjeras, es una práctica internacional que se corresponde con las cambiantes situaciones económicas que se generan tanto a nivel mundial como en la economía interna de los Estados.
El proyecto de Ley de la Inversión Extranjera a nuestra decisión, ratifica que la asociación con el capital extranjero debe reportar beneficios mutuos y, de conjunto con las normas que le complementan, exige que las reglas que se pacten en el proceso de concertación del negocio sean diáfanas y precisas, los intereses de las partes debidamente resguardados y no se deje resquicio alguno a la corrupción.
Esta norma ofrece garantías al inversionista extranjero, entre otras, la debida seguridad jurídica, la no expropiación, excepto por razones de intereses social o utilidad pública previamente declarados por el Consejo de Ministros y con la debida indemnización, así mismo, el derecho a interesar que se prorrogue el plazo de vigencia de la inversión, la libre transferencia al exterior de sus dividendos o beneficios, la opción de venta en cualquier momento de su parte en la asociación, así como facilidades y excepciones tributarias. A lo que se suma los atractivos que ofrece Cuba en términos de calificación de sus recursos humanos, su estabilidad socio-política, la seguridad ciudadana, la seriedad y honra a los compromisos contraídos y la política firme y decidida de nuestro gobierno de luchar contra toda manifestación de corrupción administrativa, a contrario de lo que acontece en el mundo, aquejado de violencias de todo género contra los empresarios y sus familiares y de comentados escándalos de corrupción.
El proyecto de Ley de la Inversión Extranjera que se somete a nuestra decisión ha sido previamente analizado en reuniones de trabajo territoriales que contaron con la presencia del 92% de los diputados, donde se formularon 47 planteamientos, de estos, 30 interesando esclarecimientos de dudas y preocupaciones, 17 proponiendo modificaciones al contenido de la norma, de los cuales se acogieron 7 incluyéndose en el proyecto.
Compañeras y compañeros diputados:
Las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Asuntos Económicos, consideran oportuno destacar la inclusión en el Proyecto de Ley de las preceptivas destinadas a significar la responsabilidad de los órganos, organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales patrocinadores de la inversión extranjera, de presentar al Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera las propuestas de negocios y por consiguiente la responsabilidad de los mismos de mantener debidamente actualizadas las carteras de inversiones, lo que resulta esencial para facilitar todo el proceso inversionista, así como el cumplimiento de las políticas sectoriales a tales efectos aprobadas con el Consejo de Ministros.
Del mismo modo se establece la responsabilidad del Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de informar anualmente al Consejo de Ministros sobre el estado de conformación y actualización de este proceso a los efectos de que por el Gobierno de la nación se adopten oportunamente las medidas requeridas en tal sentido.
Aspectos sobre los cuales interesamos a la Asamblea recomendar a todos los concernidos prestar especial atención.
Atendiendo a reiterados planteamientos formulados en el proceso de discusión de este Proyecto de Ley, consideramos atinente además, proponer, que la Asamblea Nacional recomiende al Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera elaborar y desarrollar una estrategia de divulgación de la Ley de la Inversión Extranjera que resulte aprobada, de su legislación complementaria y cuantas más informaciones se requieran para el correcto conocimiento del tema, tanto a lo interno del país como hacia el exterior y en tal sentido interesemos la colaboración de todos los medios informativos del país.
Finalmente, ambas Comisiones, considerando que el proyecto de Ley de la Inversión Extranjera que se nos somete, guarda la debida correspondencia con la Constitución de la República y el ordenamiento legal de la nación, interesan de ustedes su aprobación.
