El presidente de México, Enrique Peña Nieto, avanzó esta semana con un polémico y demorado paquete de leyes secundarias para regular el mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y ya enfrenta una dura batalla con el empresario más poderoso del país, Carlos Slim.

Apenas conocido el paquete de normas -que en los hechos es una reglamentación de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado tras un acuerdo con la oposición-, el mercado dio una muestra de hacia dónde está destinada la reforma: las acciones de América Móvil se derrumbaron casi 7 por ciento en una semana.

La empresa emitió ayer un durísimo comunicado en el que sostiene que las nuevas reglas son “confiscatorias” y que protegen "al agente económico preponderante en radiodifusión y con poder de mercado en televisión restringida". La mención está dirigida al otro gran grupo empresario del país: Televisa, del multimillonario Emilio Azcárraga.

Según explica el politólogo especializado en telecomunicaciones Gustavo Fontanals, “Televisa controla cerca del 70 % de la televisión abierta y del 60 % de la paga. América Móvil domina a través de Telmex y Telcel casi el 80 % de la telefonía fija, 70 % de la móvil y 70 % del acceso a Internet”. Se trata, en definitiva, de dos gigantes.

Fontanals destaca en un artículo difundido esta semana en el portal RedUsers que uno de los puntos clave de la reforma es la creación de un órgano regulador con capacidad, entre otras cosas, de aplicar políticas de regulación sobre las empresas “predominantes” (las que controlan más del 50% del mercado). Ese órgano ya impuso Televisa, Telmex y Telcel regulaciones de contenido (en el primer caso) y obligación de compartir la infraestructura (a las empresas de telecomunicaciones), entre otras medidas.

El Grupo Slim ha hecho una dura queja a la obligación de dar de forma gratuita servicios a competidores. Pero la mayor bronca es que la reglamentación estableció un plazo de dos años para que la empresa pueda incursionar con Telmex TV, de ahí la queja por la “protección” a Televisa.

Según el banco Banamex, filial del Citigruop, las normas de Peña Nieto podrían afectar el 4% “y posiblemente más” de los ingresos de América Móvil. Los analistas señalaron que la principal amenaza es la posibilidad de no aplicar las tarifas de interconexión y la eliminación del cobro de larga distancia nacional, lo que ejercerá "más presión sobre América Móvil de la que proyectábamos". Estos negocios representan el 13% de las ventas de la compañía.

En tanto, Televisa también tiene sus quejas. Televisa criticó las atribuciones que tendrá el organismo regulador y afirma que las normas limitan “el uso de su infraestructura instalada, venta de publicidad, producción, programación y distribución de contenidos, adquisición de exclusividades y participación en otros medios de comunicación”. En el caso de la publicidad, a partir de ahora sólo podrá tener un 18% del tiempo total de transmisión de TV y 40% en radio.

La regulación de las telecomunicaciones plantea una radical diferencia con el caso argentino, donde la ley vigente es de 1972. Además, las telefónicas quedaron de lado en la Ley de Medios y apenas se les impuso una prohibición formal de ingresar al mercado audiovisual. Prohibición sólo formal porque Telefónica sigue siendo dueña de Telefé y AFSCA se niega a obligarlos a desinvertir.

Paradójicamente, Telefónica celebró en México la nueva normativa ya que allí sólo tiene el 15 por ciento del mercado de la telefonía móvil y afecta directamente a Telcel, que tiene el 70 por ciento.

La pelea política

En paralelo a la pelea empresaria, Peña Nieto enfrenta una dura batalla con la oposición que rechazó de plano el paquete de leyes secundarias, afirmando entre otras cosas que debilita la reforma constitucional, disminuye el poder del órgano regulador y debilita su autonomía del Poder Ejecutivo. Críticas exactas a las que recibe aquí el Afsca de Martín Sabbatella.

“Las leyes secundarias no sólo invaden la autonomía del nuevo regulador, sino que además ponen en riesgo la entrada de nuevos competidores en televisión”, explicó la diputada Purificación Carpinteyro, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En tanto, el senador Javier Corral, del opositor Partido Acción Nacional, opinó que se trata de una “Ley Televisa” ya que tiene “el trazo de la pluma abusiva de esta empresa, que se sobrepone el gobierno de la República”.

“Es un acto de regresión política (de Peña Nieto), de arrepentimiento, da marcha atrás de una reforma que presumió en el mundo… se ha doblado frente a la televisión, tiene artículos de regalo para la empresa de Emilio Azcárraga… una protección inaudita, vergonzosa”, cuestionó.

Según Corral, como Televisa ya fue declarado agente económico preponderante en la televisión abierta, ya no será declarado preponderante en la televisión de paga, donde tiene una amplia participación. “Le abren una cláusula especial para que pueda concentrar todas las cableras que quiera”, detalló el senador, que cree que las medidas están sólo dirigidas a Slim.

La oposición del PRD y el PAN no alcanzaría al PRD para frenar la aprobación en el Senado de la norma por parte de la oficialista PRI. Por estas horas, los opositores denuncian que el Gobierno quiere avanzar sin respetar los tiempos del trámite legislativo para aprobarlo antes del cierre del período que termina el 31 de abril. Cualquier similitud con el Congreso argentino es mera coincidencia.