Fueron 42 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones. Con ese número, el kirch-nerismo logró aprobar ayer a la madrugada en el Senado la ratificación del acuerdo entre el Gobierno y Repsol con la autorización para la emisión de u$s 5.000 millones en bonos, más otro extra de u$s 1.000 millones para cubrir posibles diferencias de cotización. La suma total no fue problema para el Gobierno, pero detrás quedó una historia de acuerdos que impactarán en el futuro en las relaciones dentro y fuera del peronismo.

Los 18 votos en contra fueron un desafío para el radicalismo. La UCR debió pagar el costo de oponerse al proyecto cuando en realidad apoyó, y reclamó, el pago de una indemnización a Repsol que regularizara la endeble situación jurídica en que quedó esa expropiación cuando no existía un pago de por medio, como exigen desde la Ley Nacional de Expropiaciones hasta la propia norma que dispuso la nacionalización del 51% de las acciones de YPF. Sin mencionar que, en general, en el mundo civilizado las expropiaciones suelen pagarse o, en caso de divergencias, se realiza un juicio de expropiación que define la situación.

Los radicales debieron explicar en el recinto la diferencia entre pagar algo y pagar los más de u$s 5.000 millones que autorizará el Congreso. No fue fácil, porque hacerlo implicó, desde el vamos, cuestionar la tasación que presentó el Tribunal Nacional de Tasaciones que, curiosamente, le puso el precio a la empresa después de que ya se había hecho en el acuerdo entre los españoles y el Gobierno.

Pero hay otro dato en esa votación que resultará mas interesante en el futuro. Los 8 votos por la abstención. En esa lista están el PRO, con las bancas de Gabriela Michetti y Diego Santilli, y el peronismo federal.

En los últimos meses Adolfo Rodríguez Saá fue restableciendo el diálogo con Miguel Pichetto. Ese efecto se debió, quizás, a la experiencia que vivieron los peronistas rebeldes en el reparto de cargos tras la elección de 2011. Después de eso se dieron cuenta del costo que implica jugar de outsider en el PJ tanto en el Senado como en Diputados. Empezaron entonces a negociar y el miércoles se llevaron un primer premio: Pichetto le entregó a Rodríguez Saá el sillón de secretario de la comisión que controla los DNU que firma Cristina de Kirchner.

Esa comisión, que en un Congreso que casi no vota leyes se volvió estratégica, estará presidida por Jorge Landau, que así pasará a cumplir un doble rol de escudo para Cristina de Kirchner: le cuidará los DNU y las listas y candidaturas como apoderado del PJ.

El discurso de Rodríguez Saá en el recinto fue claro: "Se cansaron de hablar mal de Repsol, llegaron a decir que tenían que pagar los daños ambientales que eran superiores al costo de la empresa", por lo que "todo olía a una confiscación", dijo sobre el Gobierno. Luego hizo un giro: "Pero al final hicimos lo que debíamos hacer, que es fijar un precio. No discuto el precio, lo que debemos preocuparnos es por el pago de un cupón de 3.400 millones de dólares por falta de idoneidad en el manejo de la economía".

Otro cambio esa noche fue el del pampeano Carlos Verna. Él decidió votar a favor, suele hacerlo en contra del kirchnerismo, y lo justificó explicando que no sabía si el monto que se le pagará a Repsol es correcto pero que estaba de acuerdo con el hecho de pagar.

Todas esas posiciones ahora tendrán su eco en Diputados y será pronto. La velocidad del Gobierno en este tema no para. Ayer se confirmó que el ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y el presidente de YPF, Miguel Galuccio, concurrirán el próximo 8 de abril a explicar el proyecto ante un plenario de comisiones de Diputados.

La secretaria parlamentaria del bloque kirchnerista, Teresa García, y el presidente de la Comisión de Energía, Mario Metaza, estuvieron a cargo de la organización del encuentro y del anuncio.

Como sucedió en el Senado, antes de hablar en las comisiones Zannini, Kicillof y Galuccio se reunirán con los diputados del Frente para la Victoria y luego habrá debate abierto en las comisiones donde el radicalismo y UNEN insistirán con su voto en contra.

El kirchnerismo logró imponer en la madrugada de ayer su mayoría y aprobó en el Senado el acuerdo con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF , en una extensa sesión en la que se escucharon duras críticas a la gestión económica de la administración de Cristina Kirchner , además de las objeciones a los US$ 5000 millone s que el Estado acordó pagar por la compañía.

El proyecto fue aprobado por 42 votos a favor, 18 en contra y ocho abstenciones. A los 35 senadores propios y tres aliados sumó el apoyo de dos del MPN y del peronista disidente Carlos Verna (La Pampa). Se opusieron la UCR y el conglomerado FAP-UNEN, mientras que Pro y el interbloque de peronistas disidentes y el Movimiento Popular Fueguino se abstuvieron.

Al final de sus casi 12 horas de duración, la sesión dejó latente la amenaza de una judicialización del proceso cuando el jefe de bloque de la UCR, Gerardo Morales (Jujuy), anunció que su partido denunciará al Tribunal de Tasación de la Nación por su valuación de YPF.

Esta situación podría sembrar dudas sobre toda la operación, que aún debe ser aprobada por el directorio de Repsol. Los españoles prevén tratar el tema una vez que el Congreso habilite la emisión de títulos de deuda para cancelar el arreglo. La ley estaría sancionándose el 24 de abril, fecha prevista por el oficialismo para tratarlo en el recinto de la Cámara de Diputados.

Morales dijo que iba a denunciar al Tribunal de Tasación porque hizo su trabajo "a ojo de buen cubero". Según el senador radical, el organismo "no tuvo posibilidad operativa de realizar la valuación cuando el año pasado tuvo que realizar más de 1300 tasaciones".

"La determinación del precio es falsa, es trucha, y nosotros lo vamos a demandar penalmente", afirmó Morales, quien acusó al tribunal de haber sobrestimado los activos y haber subestimado los pasivos dejados por Repsol en YPF.

Si bien apoyó el acuerdo ("voté una expropiación y no una confiscación", explicó), el peronista disidente Verna criticó al ministro de Economía, Axel Kicillof, al remarcar la contradicción entre las declaraciones altisonantes del funcionario al momento de votarse la expropiación, en 2012, y este presente que lo tuvo como negociador del acuerdo. "El ministro es marxista, pero marxista de Grocuho Marx: «Éstos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros»", ironizó el senador.

Verna también destacó que, a contramano del desendeudamiento que dice llevar adelante el Gobierno, "acá se está votando una autorización para endeudarnos". "Pero les aviso a los compañeros del Frente para la Victoria que no es la última, porque no va a tardar en venir la del Club de París", concluyó el pampeano.

Antes de anunciar su abstención, Diego Santilli (Pro-Capital) también apuntó sus quejas a Kicillof. Lo hizo al recordar el modo en el que el ministro, tras la expropiación, ingresó para desalojar a los directivos de Repsol de las oficinas de YPF. "Estos temas son para tratarlos de esta manera, el costo fue gigantesco, si se hubieran hecho las cosas bien, hoy seguramente la tasa de interés de estos bonos en vez del 8 por ciento podría ser del 4 por ciento", se quejó Santilli.

El jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), defendió el giro del Gobierno en su trato con Repsol de hace dos años. "No había ninguna posibilidad de sentarse con los españoles para tratar de acordar un precio", aseguró, y justificó la vía de la expropiación en maniobras de vaciamiento que, dijo, la petrolera ibérica estaba llevando a cabo. "Todos sabíamos que Brufau se estaba moviendo en el mercado; tratando de realizar una transferencia de acciones hacia capitales chinos", aseguró. Por último, Pichetto calificó de "razonable" el precio acordado con Repsol y criticó a la UCR por centrar sus cuestionamientos en el precio.

Se debate este miércoles en el Senado el pago que el Gobierno Nacional acordó con la española Repsol en compensación por la expropiación de una parte de sus acciones en YPF.

Ernesto Sanz, de la UCR, es uno de los miembros informantes de la sesión. A la hora de tomar la palabra el mendocino pidió hacer un análisis de los resultados de la ley 26.741 (De la Soberanía Hidrocarburífera) que permitió la "nacionalización" de la petrolera, a 2 años de su sanción.

En el inicio de su alocusión, Sanz fue lapidario cuando respondió una pregunta que él mismo formuló: "¿Estamos mejor o estamos peor?", desde la expropiación de la compañía.

Sanz recordó que el objetivo fundamental de la ley era la recuperación del autoabastecimiento y revertir la caída de la producción hidrocarburífera. Esto no habría ocurrido bajo ningún punto de vista.

"Los números son diferentes para peor", sentenció el legislador y detalló que antes de la ley, el déficit de la balanza comercial del sector era US$2.891 millones, pero en 2013, trepó a los US$6.163 millones.

"Desde que se votó la ley, hubo un retroceso de US$3.300 millones", puntualizó el senador.

"Esta Argentina no tiene autoabastecimiento, tiene déficit, y tiene que importar, tiene que traer desde afuera en barco o gasoducto combustibles y gas por valor deUS$14.500 millones, a diciembre de 2013", remarcó Sanz cuando cuestionó la política energética del Gobierno.

En este sentido, el senador radical dijo que "sería injusto cargar sólo sobre las espaldas de YPF" los resultados adversos en materia de producción y reservas de petróleo y gas.

Según n Sanz, "el 100% de las empresas está sometido" a un plan energético inadecuado. "No hubo un programa durante estos años, esta es la explicación del déficit". El senador también advirtió del impacto de este rojo en el déficit fiscal "que se cubre con la emisión de billetes".