Axel Kicillof, con el fuerte incremento en las tarifas públicas que decidió la Casa Rosada, completó ayer el ajuste ortodoxo de la economía.

En promedio, el ajuste llega al 20%, pero en algunos casos las tarifas del agua se elevan un 400% y las del gas arriba del 100%. Así, el Palacio de Hacienda se alinea con las tradicionales políticas que recomienda el Fondo Monetario Internacional y deja atrás un relato que ya poco tiene que ver con la realidad económica. El ministro aplica el “plan ortodoxo” con una intención: tratar de complacer a los centros financieros internacionales para poder volver a endeudar a la Argentina. Eso explica el increíble giro que tuvo Kicillof en favor de Repsol.

Todo fue tratado al máximo nivel en la Unión Industrial, la Asociación Empresaria Argentina y la Asociación de Bancos.

Los banqueros acompañan las medidas, pero sostienen que la magnitud del déficit fiscal requiere más decisiones.

En la UIA existe un temor: la recesión fabril. La gente de Héctor Méndez teme el peor escenario: que el Gobierno traslade el ajuste al sector privado, mientras la Casa Rosada continúa dilapidando recursos. Porque el “ajuste Kicillof” –así lo llaman en la UIA– inició ayer una serie de aumentos en los servicios públicos que completa la receta de los tradicionales planes de estabilización económica que se aplicaron en la historia argentina.

El plan ortodoxo del ministro consiste en las siguientes medidas: Devaluó un 33% desde que asumió en el Palacio de Hacienda el 21 de noviembre. Así generó un traslado de ingresos en favor de los bancos y los grandes productores de pampa húmeda, y en contra de la industria y los trabajadores. Ya el Banco Central proyecta que la devaluación seguirá. Habrá otro 17% hasta fin de año.

–El fuerte aumento de las tasas de interés ha triplicado el costo financiero para producir, lo cual permite alzas en las ganancias del sistema financiero.

–Ayer comenzó un proceso de fuertes ajustes de las tarifas.

El gas volverá a aumentar en el año y en breve le tocará el turno a la electricidad.

–Las medidas provocan una abrupta caída en los salarios. Miguel Bein calcula que la pérdida del poder adquisitivo es del 15%.

Las cuatro decisiones integran un paquete conocido para los argentinos: la receta clásica del FMI.

El Gobierno tenía previsto demorar el ajuste de tarifas hasta fines de abril, pero se anticipó por una cuestión: el deterioro fiscal es mayor a lo conocido y se teme que la financiación monetaria desestabilice otra vez el dólar.

La recomposición de tarifas –es cierto– obedece a la necesidad de corregir la pésima política de subsidios de Cristina Kirchner.

Néstor Kirchner instrumentó tal estrategia y esa ayuda se justificó en los primeros años frente a la crisis social que heredó en el 2003. Pero ya desde el 2008 el plan necesitaba correcciones, porque el monto y el destino de los subsidios se había desmadrado.

La Presidenta prefirió sostener y multiplicar los fondos. Fue una decisión errada, que armó una bomba de tiempo que ahora, cuando ya es muy tarde, se quiere desactivar. Y ocurre en el peor de los momentos: cuando la inflación se recalentó y cuando los salarios se han devaluado.

Kicillof demostró que dejó sus convicciones intelectuales de lado y ahora, como ministro, apuesta a que la recesión vaya a calmar el recalentamiento de los precios. La actividad cayó desde el inicio de su gestión en noviembre.

Pero la falta de pericia en instrumentar las medidas promueve el alza de los costos. El aumento del dólar, las tasas por las nubes y el tarifazo incrementan los costos de producción y el engorde de la inflación.

La contradicción surgió en una reciente cumbre de economistas de distintas extracciones ideológicas. La reunión fue secreta y Aldo Pignanelli dijo: “ El Gobierno promueve la inflación de costos.” Estados Unidos se comprometió a ayudar a la Argentina en el exterior, en la medida en que Cristina avance en la agenda que pretende Washington.

Ese fue el mensaje que dejó en Buenos Aires el enviado del Departamento de Estado. El director para el Cono Sur William Ostick elaboró un informe para la Casa Blanca en el cual se manifiesta la dedicación de Kicillof para tratar de cumplir con las exigencias de Washington. Igual, Barack Obama tiene una decisión política tomada: va a ayudar a la Argentina en el Club de París y los centros financieros sólo en la medida que la Casa Rosada cumpla con sus compromisos.

Ajustar la economía es un reclamo dentro de una larga serie de exigencias.

Para Washington las promesas de Cristina ya no alcanzan y eso se reflejó en la posición prescindente de la Casa Blanca frente a la Corte de los EE.UU. por el juicio de los fondos buitre. Ocurrió a pesar de las señales pro-ajuste que había dado la Casa Rosada.

Los funcionarios de Washington están con la mira en el próximo período presidencial. El tema se tratará en una semana en la cumbre del influyente Centro de Estudios Americanos de la que participarán líderes políticos y empresarios locales. Por eso el paso de los candidatos convoca la atención de Wa- shington. Esta semana Sergio Massa tuvo interlocutores de primer nivel en Estados Unidos, como Roberta Jacobson secretaria para América Latina. Ayer expuso en el Council of the Americas y hoy tendrá encuentros clave con calificados inversores de Wall Street. Martín Redrado lo acompaña.

En Estados Unidos conocen que Cristina dejará una pesada herencia al futuro gobierno. Pero quieren conocer detalles de los precandidatos: cómo y qué harán para atraer las inversiones que necesita la Argentina.

La Presidenta elogió las virtudes del alfajor triple Fantoche ayer, en su cadena nacional desde Olivos; como el día anterior había destacado la abundancia y calidad de las bandejitas de refrigerio que se entregan a los pasajeros de su bienamada y bien subsidiada Aerolíneas Argentinas. Eso, claro, además de confesar –siempre en cadena nacional– que “yo me siento un poco la madre del país, la madre de todos los argentinos”. Toda una Reina Madre, se diría.

Fantástico. Perfecta la elección de temas. Lo necesario para distraer la atención y hacer que se hable por un rato de semejantes cosas que dice la Presidenta, justo el día en que sus ministros Kicillof y De Vido nos inundan de anuncios que suponen nuevos capítulos del final del relato.

La Presidenta supo hablar a estadio lleno en River o en Vélez y bañarse tantas veces en multitudes en la Plaza de Mayo. Pero el tiempo es cruel: últimamente su público pudo caber apiñado en los patios interiores de la Casa Rosada. Y ayer los militantes de La Cámpora debieron llenar apenas los pasillos laterales de un bonito quincho en Olivos. Si hay miseria que no se note. A esos jóvenes, al menos, el entusiasmo no les decayó nunca. Cuando ella dijo que la quita de subsidios “no tiene nada que ver con un tarifazo” le creyeron y aplaudieron igual. El corazón tiene razones que la razón no entiende.

El menú indigesto que ayer les ofreció a los ciudadanos el Gobierno de la Presidenta se compone de recorte de subsidios, aumentazo en las tarifas de gas y agua –por ahora–, y una súbita Máquina de la Verdad en la que fueron introducidos los funcionarios de Economía que dieron como resultado un crecimiento del 3% el año pasado, cuando la estimación oficial había rozado el 5% hace apenas un mes. Pero entonces, claro, todavía les estaba permitido mentir sin temor, como venían haciendo ellos y otros antes que ellos, desde que en 2007 Kirchner le ordenó a Moreno hacer que los índices del INDEC dieran lo que la Casa Rosada quería que dieran.

Por cierto, el crecimiento del 3% evita que el país pague a tenedores de bonos la bonita suma de 3.500 millones de dólares. En el mercado habrá mucha gente enojada, pero no deja de resultar una paradoja: ese ahorro es de algún modo el resultado de hacer los deberes que reclama el Fondo Monetario, en cuanto a darle alguna pátina de consistencia a las estadísticas. En el camino cuesta arriba hacia la llave mágica que abra algún flujo de dólares, para financiar un final ordenado del mandato de Cristina, siempre puede encontrarse algo a cambio de enrollar prolijamente los libretos del relato y guardarlos en el último cajón del archivo.

El recorte de subsidios y consiguiente aumentazo en las tarifas vienen a complementar medidas anteriores de pura ortodoxia como la devaluación, la suba de tasas de interés y el techo que se intenta remachar sobre los salarios.

Cálculos razonables sostienen que los sueldos llevan perdido el 10% de su poder adquisitivo desde que el Gobierno fue derrotado en las elecciones de octubre. Desde entonces, con la conciencia de su finitud y el deseo de la Presidenta de que la historia no la maltrate, el kirchnerismo empezó a afrontar el pago de los desajustes de la economía que le ayudaron a ganar como ganó en 2011.

Fin de fiesta.

Este mes los jubilados cobran el primer tramo del aumento anual, vigente hasta agosto: 11,3%. Multiplíquese esa cifra por dos, pensando en el segundo tramo del aumento que ordena la ley, y se verá a cuánto asciende la expectativa del Gobierno respecto de los salarios: 22%, 25% cuando muchísimo. Alguien tiene que pagar el precio de ponerle un ancla a la inflación, habrá pensado alguno.

Que paguen los que trabajan, como siempre, fue la conclusión. En eso están.

Pero la inflación sigue arriba y los dirigentes gremiales no quieren saber nada con bajarse de cualquier número que permita a sus representados mantenerse en carrera contra los precios.

El Gobierno les pide prudencia a sus dirigentes sindicales amigos. Pero los amigos se le desbandan. Ahora, con el tarifazo flamante y la presunción de que todavía puede haber más sopa, será tarea más bien complicada meter a los gremialistas en el brete de la moderación salarial.

Claro que no todos los reclamos de fuertes mejoras salariales parecen sonar igual de inconvenientes para el Gobierno. El caso más notorio de esa dualidad es el paro docente de la Provincia. Allí los maestros piden 35% de aumento. Sí o sí. Llevan tres semanas largas de huelga y las clases todavía no empezaron. Algunos ministros de la Presidenta se han mostrado verdaderamente horrorizados por tamaña situación: Capitanich, Tomada, Randazzo y otros han hecho prolijas declaraciones implorando por la vuelta a las aulas. Hasta la Presidenta lo sentó ayer a su lado al gobernador Scioli. Pero en la práctica lo que están haciendo es aplicar la vieja receta de cocinar a Scioli a fuego lento. Ojo, que de tanto que lo vienen intentando capaz que algún día lo consiguen.

Mientras tanto el bueno del ministro Sileoni parece no haberse enterado de que es un problema de su área, Educación, que esta semana haya habido paros de maestros en otras seis provincias.

Y el cristinismo premia a su paladín en la guerra contra Scioli, el caudillo docente Baradel, llevándolo al Olimpo de la propaganda oficialista en la TV Pública. Tuvo que hacer un reclamo público Alberto Pérez, el jefe de Gabinete bonaerense, para que lo invitaran anoche a ese mismo programa.

Detalle curioso: Baradel lloró en 6-7-8, como había llorado Zannini días atrás en el Congreso. Baradel es un gladiador bien provisto de logística que está en plena pelea y tiene pocos puntos en común con el poderoso secretario Legal de la Presidencia, un intrigante de palacio al que las denuncias contra su segundo lo dejaron expuesto como nunca. Se asegura que esto es el coletazo de una fiera disputa en el área de inteligencia, donde es notoria la protección de Zannini a la influencia creciente del teniente general Milani y sus espías militares en detrimento de la vieja guardia de la inteligencia civil, que habría perdido la confianza de Cristina.

A propósito del reclamo gremial y la política, Capitanich hizo punta en acusar a los corrosivos Moyano y Barrionuevo de lanzar el paro nacional del 10 de abril para favorecer a Sergio Massa. Con términos similares, un poco más cauto porque es su naturaleza, salió en esa misma línea el ministro Tomada. Después se sumó, obediente, el mandamás del gremialismo kirchnerista, Hugo Yasky. Ese tipo de coincidencia jamás es espontánea: se llama bajada de línea.

Quizás estemos ante otro de los errores no forzados que suele cometer el Gobierno. Primero porque otro de los convocantes, el jefe de la CTA opositora Pablo Micheli, aclaró que él no tiene nada que ver con Massa. Y eso es cierto: Micheli es parte de una voluntariosa izquierda nacional que pretende disputar el mismo territorio que transita el kirchnerismo.

Pero, además, si el Gobierno sostiene que Massa está detrás del paro, puede terminar sumándole a la cuenta del jefe del Frente Renovador el hipotético éxito de esa medida.

Massa solito ya anda lo suficientemente bien, pero si además lo ayudan puede hacerse inalcanzable.

El éxito de la huelga del 10 de abril no es imposible, si se considera la capacidad potencial de paralizar el país que tienen los convocantes, por su influencia enorme en los servicios del transporte. Y porque en seccionales de la CGT oficialista, como las de Avellaneda-Lanús y La Matanza-Morón, ya hay gremios de la industria y el comercio que están planteando discutir la adhesión, formal o de hecho, a la medida. Sucede lo que ya se dijo: en este marzo que no termina nunca los trabajadores tienen que afrontar los precios nuevos con salarios viejos.

Cuando el bolsillo aprieta, la sangre empuja y los márgenes se achican. Los dirigentes sindicales juegan sus juegos de poder y dinero pero siempre tienen el sensor puesto abajo. Los funcionarios, de tanto andar por las nubes, a veces pierden la noción de lo que pasa en la Tierra. Y por ahí salen hablando de alfajores y bandejitas.

Algo había que hacer con la millonaria madeja de subsidios en la que están enredados los servicios públicos. Y el Gobierno lo hizo: decidió que sean los usuarios los que empiecen a pagar en cuotas el desmanejo energético en el que se sumió el país desde 2003, cuando Néstor Kirchner llegó al poder.

Se usó hasta donde se pudo la billetera estatal para cobrar a precio de oferta la energía, el agua y el transporte. Pero detrás de esta decisión se engendraron verdaderos monstruos deficitarios que cada tanto amenazaban con salir a la luz . Ahora no hay más dinero, y el Gobierno, que podría haber revisado el origen de esas criaturas que se llevaron el año pasado $ 130.000 millones y mirar cómo es que ganaron estatura de gigantes, prefirió darse vuelta y pedirle algunos pesos a cada uno de los usuarios para seguir dándoles de comer a las bestias.

El kirchnerismo decidió hacer de la Argentina, que hasta 2004 se autoabastecía y exportaba, un país importador de energía. Sólo cuando estatizó YPF concedió precios de mercado a los productores locales. Espantó inversiones en el sector y creó una dependencia absoluta de los barcos con combustible que llegan de a cientos a los puertos argentinos a cambio de miles de millones de dólares.

Nadie en el Gobierno escuchó las alertas y nadie revisó jamás esta estrategia.

Los ministros Julio De Vido y Axel Kicillof trataron de encontrarle maquillajes discursivos a la explicación que dieron ayer, pero no hubo caso. Desde abril, las facturas de gas en todo el país y las de agua en el área metropolitana estarán impresas con valores desconocidos hasta ahora.

Los ministros sólo se dedicaron a dar pistas de lo que será el marco tarifario. No pudieron redondear una explicación concreta cuando se los consultó sobre porcentajes o precios. Finalmente, los rodeos discursivos terminan con el importe que se imprime al lado del "total a pagar".

"Para saber cuál es el impacto habrá que esperar -repetían ayer en una de las empresas que interviene en una de las cadenas de comercialización cuando la nacion la consultó sobre el aumento real-. Hay que ver cómo se reglamenta esta medida y cómo se implementará en la facturación".

El Gobierno decidió ayer iniciar un necesario camino para frenar los millones que se van en subsidios para la energía, el agua y las cloacas. Cuando la inflación pega como nunca durante la década ganada, cuando la presión fiscal sobre la economía formal está en niveles récord y cuando se empieza a sentir el crujido del mercado laboral, De Vido y Kicillof anuncian que los argentinos deberán pagar el doble, el triple o el cuádruple por el gas y el agua.

Por ahora, la electricidad quedó afuera del ajuste. "Lo que pasa es que no se puede aumentar este servicio por una sencilla razón: no hay seguridad de que todos los que quieran calentarse en el invierno que viene tengan energía suficiente. Imagínese -confió una fuente del sector privado que mantiene reuniones periódicas con varios funcionarios-, aumentar la luz justo en los meses en los que puede haber cortes."

Tal era la confusión ayer que las empresas que participan en la cadena del gas no tenían en claro si lo que se anunció mejoraba o no sus cuentas en rojo. Con la factura de gas se paga una parte para las productoras de gas, otra para las que lo transportan (TGN y TGS) y también para las distribuidoras (Metrogas y Gas Natural Fenosa, para el área metropolitana). Pero la porción más grande se la lleva el Gobierno, que a través de las distribuidoras cobra una suerte de tributo destinado a comprar energía en el exterior, en dólares y en efectivo. Dicho de otra manera, con cada pago se le otorga un cheque en blanco a De Vido y a grandes capitanes de La Cámpora que manejan varias empresas públicas, para que compren casi sin control.

¿No se podría revisar si esas compras de combustibles son todo lo transparentes que debieran ser? Sólo recordar los negocios que se esconden detrás de los cientos de barcos que descargan gas en los puertos de Bahía Blanca y Escobar o las decenas de buques venezolanos que traen gasoil o fueloil para que se levanten sospechas. Para pagar esas facturas irá ahora el dinero que recaudarán Kicillof y De Vido; no a mejorar la infraestructura de los servicios.

Con el agua pasa algo similar. El Gobierno estatizó Aguas Argentinas y se la entregó al gremio de los sanitarios. En 2006, AySA recaudaba $ 620 millones y necesitaba $ 25 millones de subsidios. En 2013 cobró facturas por $ 970 millones y recibió $ 7166 millones de subsidios; cerca de 2600 millones fueron a pagar sueldos y gastos para funcionar. Se creó una empresa con muchísimos empleados y con grandes sueldos. El servicio mejoró, es verdad, pero también es verdad que ahora es impagable. Llegó el tiempo de prorratear el costo de la compañía, que no es lo mismo que el costo de distribuir agua. Y pagará el usuario.

El domingo juegan Boca y River y los argentinos lo mirarán gratis a través de Fútbol para Todos. Pocos se detendrán a pensar que detrás de ese programa ya se genera otro monstruo deficitario. Sólo cuando no se pueda pagar la cuenta habrá conciencia de lo que se gestó. Una anestesia similar funcionó por años en el mundo de los servicios públicos.

Un sistema de precios adecuado es un esquema que favorece el uso racional, estimula la inversión y la renovación de recursos e instalaciones . Eso es lo que no ha tenido el kirchnerismo en sus once años de políticas para los servicios públicos. No es extraño que los cuantiosos presupuestos en subsidios ferroviarios que convivieron con tarifas bajísimas hayan coincidido con los accidentes en Flores, Once y Castelar. La sociedad hizo un esfuerzo fenomenal pagando impuestos o resignando recursos que no estuvieron para otra cosa, y los resultados son patéticos.

El sector energético ha tenido resultados igual de malos : pérdida del autoabastecimiento, importaciones crecientes y el regreso de los apagones.

La Presidenta dijo ayer por cadena nacional que en 2003 se establecieron subsidios porque los ciudadanos no podían pagar tarifas dolarizadas. En cambio, ahora pareciera que hay muchos que hasta pueden derrochar. Y puso como ejemplo a su hermana y a su madre, dos jubiladas, que aparentemente pueden disfrutar del aire acondicionado incluso en exceso.

Sin embargo, los subsidios se mantendrán para las industrias, que en el caso de las que exportan se han visto beneficiadas por la devaluación. Para los asalariados, la devaluación y la inflación son, en cambio, una reducción de salarios.

La Presidenta pareció transparentar el sentido propagandístico del esquema de ajuste: reducir el consumo o pagar más. Si no quieren dejar de derrochar, paguen un impuesto para financiar la asignación por hijo y otros planes sociales, parece decir.

El kirchnerismo es cualquier cosa menos original. En los 80, cuando el déficit de las empresas públicas estatales destruía la economía, se inventaron "cargos específicos" en las facturas y hasta en el precio de la nafta para financiar el sistema jubilatorio. Para que nadie dijera "tarifazo". Página 12, en aquellos años dirigido por Jorge Lanata, tituló sobre el impuesto a la nafta: "Ponga un jubilado en el tanque".

Cristina Kirchner ha repetido una vez más la frase de Juan Domingo Perón que dice que los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores. No es lo que ella ha hecho con los enormes aportes en subsidios, que pasaron por manos de funcionarios que no han rendido debidas cuentas que más de una vez reclamó la Auditoría General de la Nación (AGN).

Las tarifas en algunos casos ridículamente bajas para las personas han convivido con impuestos increíblemente altos, por no actualizar adecuadamente el mínimo no imponible de ganancias o las escalas del monotributo. ¿Se solucionará eso? Parece que no.

Según los números de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), sólo en enero pasado los llamados subsidios económicos totalizaron $ 6636 millones. Sólo la energía eléctrica se lleva alrededor de la mitad. Pero hasta ahora nada se ha dicho de ese sector. Pasarle gran parte de todos esos gastos a los que no tengan algún motivo de excepción significaría un tarifazo muy importante.

Julio De Vido ha dicho que el 80% de la factura lo paga "el Estado nacional", como si al sector público no lo financiaran los ciudadanos que, como dice Daniel Montamat, lo que no pagan en tarifas lo pagan en impuestos, en inflación o en devaluación. El Gobierno dice que ahora estimulará el ahorro, que en todo caso será privado, siempre y cuando no se trate de la industria, claro.

¿Qué hará el Gobierno para reducir sus propios excesos? Nada se ha dicho. O más bien, tácitamente pareciera afirmarse que no se hará nada. El propio anuncio, enrevesado y confuso, es una mala señal. Un esquema tarifario claro y eficiente parece lejano. Y también que haya menos déficit fiscal por gastar en lo que no es necesario. ¿Por qué el Gobierno seguirá subsidiando al fútbol y al automovilismo, por ejemplo, entre otras erogaciones poco razonables?