El Gobierno anunció ayer una reducción de subsidios a los servicios de gas y agua para usuarios residenciales y comercios. El esfuerzo fiscal del Estado nacional en esas partidas se reducirá en un 20 por ciento, entre 5 mil y 13 mil millones de pesos, que serán redireccionados a incrementar la Asignación Universal por Hijo y el plan Progresar, y una parte menor irá a distribuidoras de gas. Así fue anunciado ayer en conferencia de prensa por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el de Planificación Federal, Julio De Vido. La medida afecta a usuarios de gas de red de todo el país, salvo la Patagonia, y a aquellos que reciben el servicio de agua de Aysa. Pero los funcionarios detallaron un amplio abanico de sectores sociales a los que es prioritario proteger y que quedarán al margen de los cambios. Para los que están alcanzados por la quita de subsidios, el aumento promedio en la factura de gas va de 20 a 850 pesos, según el nivel de consumo, y en el caso del agua, de 46 a 130 pesos. Si los usuarios achican 20 por ciento su consumo de gas, conservarán el beneficio sin alteraciones; en tanto que aquellos que ahorren entre 5 y 20 por ciento, mantendrán una porción del subsidio. “Esto no tiene nada que ver con un tarifazo”, defendió la medida la presidenta Cristina Fernández.

El anuncio fue complejo desde el punto de vista técnico. Mientras explicaban la medida, los funcionarios enfatizaron que “no se trata de un ajuste, sino de una reasignación” de partidas hacia obra pública y planes sociales. Defendieron los subsidios como mecanismo redistributivo, de impulso al consumo y de mejora de la competitividad. Insistieron en que la suba para cada usuario, aunque sea alta en términos porcentuales, en valores absolutos se relativiza, porque se parte de valores muy bajos. En términos de lo que se paga hoy, para aquellos usuarios que no modifiquen sus consumos la rebaja de subsidios implicará una suba de entre 100 y 284 por ciento para el gas, y entre 170 y 406 por ciento para el agua.

Quita y reasignación

Las partidas del Estado nacional destinadas a subsidiar el gas y el agua se reducen en promedio un 20 por ciento. La quita es progresiva según el nivel de consumo de los hogares: va desde el 17 hasta el 80 por ciento del subsidio. Representa, en función del consumo, aumentos en la factura de gas que oscilan entre 20 y 850 pesos en promedio por bimestre, a aplicar en tres etapas: abril, junio y agosto. También se reduce el subsidio a los comercios y al GNC (ver página 2).

Durante su intervención, Kicillof calificó varias veces la medida como una “reasignación de subsidios”. El Gobierno estima que logrará un ahorro fiscal en subsidios de entre 5 mil y 13 mil millones de pesos, una brecha amplia, porque depende de en qué medida los usuarios respondan al estímulo de consumir gas de un modo más eficiente. Alrededor de 1800 millones de pesos se destinarán a las distribuidoras de gas para realizar obras de infraestructura, algo que está todavía en estudio. El resto será reasignado hacia la AUH y el plan Progresar (ver aparte).

“Se trata de una quita con redistribución. Esto es central: lo que se genere de facturación adicional por la rebaja de subsidios se destinará a cubrir gastos de las distribuidoras, el plan Progresar y la Asignación Universal por Hijo”, definió Kicillof. El Gobierno destina en la actualidad 11 mil millones de pesos al Progresar y 28 mil millones a la AUH. Son casi 40 mil millones de pesos. El ministro adelantó que no se ampliará el universo de beneficiarios, sino que se incrementará el estipendio, aunque no detalló en qué medida ni desde cuándo. “Esta es una medida justa, la idea es focalizar mejor los subsidios. Que aquel que no lo necesita lo transfiera por medio del Estado al que más lo necesita”, insistió Kicillof.

Consumo eficiente

En el caso del gas, la quita de subsidios no tendrá lugar si el usuario logra en el bimestre reducir el consumo en un 20 por ciento con respecto al mismo período del año anterior. Si el ahorro de consumo es de entre un 20 y un 5 por ciento, la quita del subsidio no superará el 50 por ciento. “Es necesario avanzar en el uso racional y eficiente de la energía. En el no derroche de un recurso no renovable, como es el gas natural. Así como hicimos en Precios Cuidados, cuando dijimos que el Estado no es el único responsable en el cuidado de los precios, está política de estímulo al consumo eficiente apunta a lo mismo”, dijo De Vido. “Si no hay ninguna mejora, se le quita el subsidio. Queremos que sea un incentivo, un premio para usar responsablemente un insumo que es escaso”, acotó Kicillof.

Impacto

La quita de subsidios tiene un impacto negativo en el ingreso disponible de los usuarios, aunque la reasignación hacia los planes sociales implica mejorar la situación de sectores más desfavorecidos. Por eso Kicillof planteó que “la medida tiene un carácter redistributivo”.

Se abre además una pelea discursiva, que tuvo un primer round en la propia rueda de prensa, porque el Gobierno quiere contraponer a los porcentajes de aumento, que son muy altos, los valores absolutos. El 56 por ciento de los hogares van a pagar, si no modifican su patrón de consumo, entre 20 y 76 pesos más por bimestre de gas a partir de esta situación. “Veinte pesos son cuatro viajes de subte sin la SUBE”, comparó De Vido, y luego dio otros parámetros de referencia para graficar que los mayores costos para los usuarios son bajos en términos relativos. “No genera modificación en las economías familiares”, completó. Consultado por el traslado a precios que pueden llegar a hacer los comercios, respondió que “van a pagar 6 pesos más por día de gas. No tiene asidero pensar que pueden aumentar los precios. Además, esperamos que opten por un consumo responsable”.

Subsidios, siguen

Una parte de los subsidios se mantienen para todos los usuarios. Pero además, para la industria no hay quita, en pos de no afectar la competitividad. Sin embargo, Kicillof advirtió que “se pondrá en marcha un monitoreo ante eventuales situaciones de especulación, como aumentos de precios o desabastecimiento, que de comprobarse se procederá a la quita plena del subsidio”.

“Quiero hacer una reivindicación de la política de subsidios de los servicios públicos que lleva y seguirá llevando adelante este gobierno después de este anuncio. Profundizamos la política para que no se nos escapen entre los que no lo necesitan”, marcó Kicillof. De Vido citó que desde 2003 se acumularon subsidios por 215 mil millones de pesos “que mejoraron el ingreso de los usuarios y se volcaron al consumo”.

El Gobierno aseguró ayer que la quita de subsidios de gas y agua variará de acuerdo con el consumo de cada hogar y además afirmó que se contemplan una serie de excepciones. Lo que sigue es un detalle de cómo impactarán los aumentos y de quiénes pueden quedar exceptuados.

Los aumentos

- Gas. Los usuarios residenciales se dividen en ocho categorías, según el consumo. El Gobierno informó ayer que los de la categoría más baja (R1), donde se concentra el 27 por ciento de los hogares, pagan 20 pesos por bimestre en promedio y a partir de abril pagarán 28 pesos, desde junio 34 y desde agosto 40 pesos. La suba acumulada en seis meses será del 100 por ciento debido a una reducción de 17 por ciento en el monto del subsidio.

En la categoría R2-1, que agrupa a un 9 por ciento, el monto que pagan los usuarios trepará en seis meses de 30 a 65 pesos por bimestre (116,6 por ciento) y la reducción del subsidio también será del 17 por ciento. En la categoría R2-2, que reúne a otro 9 por ciento de hogares, la factura subirá de 35 a 85 pesos (142,8 por ciento) por una baja del subsidio del 20 por ciento. Para el 11 por ciento de los usuarios que está en la categoría R2-3 la reducción del subsidio será del 23 por ciento y la factura subirá de 44 a 120 pesos en seis meses (172,7 por ciento).

En el caso de los R3-1, donde se agrupa el 13 por ciento de los hogares, el recorte del subsidio será del 33 por ciento y el ajuste irá de 77 a 227 pesos (194,8 por ciento). Para los R3-2, 10 por ciento de los hogares, el monto a pagar irá de 119 a 369 pesos (210 por ciento) porque la baja del subsidio será del 44 por ciento. En la categoría R3-3, que agrupa a un 8 por ciento de usuarios, la baja del subsidio será del 77 por ciento y la factura subirá de 183 a 703 pesos (284 por ciento). Por último, en la categoría R3-4, donde se concentra el 13 por ciento de los hogares restantes, la quita del subsidio llega al 80 por ciento y la suba irá de 325 a 1175 pesos (261,5 por ciento).

Si bien la suba en términos porcentuales va del 100 al 284 por ciento, el ministro de Planificación, Julio De Vido, se encargó de remarcar que para el 55 por ciento de los hogares la factura de gas desde agosto será de 0,66 a 1,5 pesos por día, cerca de 2 pases de subte , mientras que para el 45 por ciento restante será de 5 pesos diarios, menos de los 9 pesos por día que representa el ABL promedio que pagan los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Además, De Vido comparó el valor del metro cúbico de gas en Argentina respecto de otros países y aseguró que mientras un hogar abona hoy el equivalente a cinco centavos de dólar en promedio el metro cúbico, en Uruguay se paga 1,35 dólar, en Chile 12, en Europa 13 y en Brasil cerca de 15 pesos. Con respecto al agua, aseguró que, aun si los usuarios de Aysa pagaran la tarifa plena, en Montevideo la factura seguiría siendo un 445 por ciento más cara, en Chile un 476 por ciento, en Europa un 536 por ciento y en Brasil un 697 por ciento.

La quita de subsidios del gas alcanza también a comercios y GNC. En el primer caso, el Gobierno informó que en agosto la reducción del subsidio oscilará entre el 3 y el 12 por ciento, según la categoría, mientras que la reducción del subsidio para el GNC implica que el precio de gas en boca de pozo pasará a 0,7324 $/m3.

- Agua. El Gobierno dividió el área de cobertura de Aysa en tres zonas, de acuerdo con el nivel adquisitivo y aplicó subas diferentes en cada una:

Barrios populares: Villa Riachuelo, Villa Lugano, Riachuelo, Villa Soldati, Parque Patricios, La Boca, Villa Fiorito, Turdera, Valentín Alsina, Remedios de Escalada, Aldo Bonzi, Ciudad Evita, La Tablada, Rafael Castillo, Carapachay, Martín Coronado, etc. En este grupo, donde se concentra el 30 por ciento de los hogares, la factura promedio subirá en seis meses de 27 a 73 pesos (170,3 por ciento).

Barrios de clase media: Almagro, Villa del Parque, Devoto, Caballito, Colegiales, Villa Crespo, San Telmo, Lanús, Ramos Mejía, Aca-ssuso, San Fernando y Florida, entre otros. En este segundo grupo, que reúne al 35 por ciento de los hogares, el aumento irá de 30 a 120 pesos por bimestre (300 por ciento).

Barrios de clase alta: Recoleta, Belgrano, Palermo, Retiro, Núñez, San Isidro, Olivos, Martínez, Vicente López, entre otros. Son el 13 por ciento de los hogares. Allí la factura subirá de 32 a 162 pesos por bimestre (406,2 por ciento).

De Vido dijo además que para los que sólo tienen agua o cloacas la factura aumentará en promedio de 10 a 28 pesos (180 por ciento).

Los exceptuados

El Gobierno informó que quedarán al margen de la quita 564 mil usuarios de la Patagonia, donde el uso del gas es intensivo por las bajas temperaturas. Tampoco tendrán que afrontar la suba en la factura los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los trabajadores que perciben alguna asignación familiar porque su salario es inferior a los 5200 pesos mensuales, desempleados, jubilados que ganen la mínima, enfermos crónicos, asilos, geriátricos públicos, centros de adicciones, orfanatos, comedores y las personas que consideren que por su ingreso no están en condiciones de afrontar la suba. Quienes ya están en un registro de beneficiarios de planes sociales no deben hacer ningún trámite, pero los jubilados y el resto de los que quieran conservar el beneficio deberán llamar en el caso del gas al 0800-222-9500 o al 0800-333-4444, mientras que para el agua los teléfonos son 6333-2482 o 0800-333-0200.

Por último, el Gobierno también aclaró que, en el caso del gas, los que disminuyan su consumo un 20 por ciento con respecto al mismo bimestre de 2013 quedarán automáticamente exceptuados, mientras que si la reducción va del 5 al 20 por ciento se le aplicará sólo el 50 por ciento de la rebaja de subsidios anunciada.

Con el objetivo de ordenar y redistribuir las compensaciones estatales a las tarifas y, a la vez, apuntando a un consumo racional de los recursos para reducir el gasto en divisas por importación de energía, el gobierno nacional confirmó ayer que desde el 1 de abril se reducirán subsidios en las tarifas de gas y agua de entre un 10% y un 80%, dependiendo del nivel de consumo que tenga cada usuario. En forma paralela, el Ejecutivo lanzó un plan de consumo responsable de los servicios, y aclaró que habrá una suerte de beneficio o excepción total o parcial de la quita del subsidio para aquellos usuarios que alcancen metas de ahorro en el uso de la energía (el agua no está incluida, porque no hay mayoría de medidores del servicio). En total, hay en la actualidad unos 7 millones de usuarios de gas (en las siete distribuidoras) y unos 3,5 millones en el caso del agua distribuidos por la Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del Conurbano Bonaerense.

La decisión fue comunicada ayer, en conferencia de prensa, por los ministros de Economía, Axel Kicillof; y su par de Planificación, Julio De Vido, momento en el que dieron además dos datos clave. La medida no afectará a los jubilados y a los sectores vulnerables de la población. Además, tanto Kicillof como De Vido aseguraron que el dinero que se ahorre de la reducción de los subsidios se "redireccionará" para fortalecer el alcance y cobertura de los planes de asistencia social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), y el Plan Progresar, dirigido a los estudiantes. De Vido explicó que "quedan exentos los usuarios de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, el norte de Entre Ríos, el norte de Santa Fe y una parte de Santiago del Estero" que no tienen gas natural. Además explicó que, en el caso del agua, habrá quita sólo para los usuarios que estén bajo la jurisdicción de AySA (ver aparte).

Según el detalle del anuncio, el plan se instrumentará en tres etapas (la primera en abril; la segunda en junio; y la tercera en agosto), a través de una reducción parcial de subsidios para el gas que oscilará entre el 17 y 80%, y abarcará a los clientes residenciales, comerciantes y usuarios de GNC.

En el caso del agua potable, la quita de subsidios para los usuarios de AySA se segmentará en tres categorías: barrial, media y alta, y la reducción será del 10 al 80%, en base a zonas previamente definidas.

Al inicio de la conferencia, Kicillof detalló que el esquema de subsidios fue clave en la política de crecimiento con inclusión en 2003, cuando el país empezaba a salir de la crisis de comienzos de siglo. "Este gobierno está comprometido con la política de subsidios y los va a sostener porque estamos convencidos que forma parte de una gestión exitosa y permitieron un crecimiento formidable de la economía a partir de 2003", dijo el ministro, y agregó que "no habrá quita ni reducción alguna para quienes consigan reducir el consumo de gas un 20% en la comparación bimestral interanual, y también será gradualmente menor para los ahorros de consumo que oscilen entre el 5 y 20%, lo que claramente representa un premio para el consumo responsable". En esa línea, Kicillof consideró que "lo que se genere de facturación adicional se destinará, íntegramente, a cubrir gastos de transportadoras y distribuidoras, como así también habrá reasignaciones para profundizar los planes de Asignación Universal por Hijo y Progresar".

Además, el titular de Economía analizó el impacto que tendrá la redistribución social del dinero remanente, al explicar que "desde el punto de vista de los consumidores, los subsidios representan un incremento en su ingreso disponible para el consumo, y es central para nosotros porque la política de subsidios representa una mejora en el poder adquisitivo" y es un "elemento dinamizador del mercado interno".

En el detalle del programa que se entregó ayer luego del evento, se observa punto por punto cómo se aplicará la quita: a modo de ejemplo, la quita de subsidios en domicilios residenciales de bajo consumo de gas será del 17% en tres tramos: 7% en abril, 5% en junio y 5% en agosto. Y en el caso de mayor consumo, sobre una tarifa de $ 325 bimestral, la quita del subsidio será del 80% (32% en abril, 24% en junio y 24 en agosto). Mientras que el 36% de los usuarios residenciales que hoy paga entre $ 20 y $ 30 por bimestres tendrán una quita del 17% del beneficio en el bimestre que incluye agosto de 2014 (ver info). Para los comercios, culminadas las tres etapas, representa una reducción de subsidios del 3 al 12%, representando así incrementos de 0,6% por día para los consumos bajos y 5 pesos por día en promedio para el resto. Para el GNC, terminados los tres tramos, se reduce el subsidio en el precio del gas en boca de pozo, que pasará a $ 0,7324 por metro cúbico.

La quita de subsidios para los usuarios de AySA se segmentará en tres categorías: barrial, media y alta, y la reducción será del 10 al 80%, de acuerdo a la zonificación prevista. Para el 65% de los hogares la factura de AySA pasará de $ 1,2 a $ 2 por día y el 35% restante pagará un promedio de $ 2,6 diarios. En cuanto a los usuarios industriales, el ministro Kicillof dejó en claro que se mantendrán en las mismas condiciones, aunque aclaró que se pondrá en marcha un "monitoreo" ante eventuales situaciones de especulación (aumento de precios o desabastecimiento) que, de comprobarse, "perderán el subsidio pleno" (ver aparte). Ahora bien, si se toma un caso testigo, el impacto de la quita en la factura es el siguiente: un usuario barrial que paga una factura bimestral promedio de $ 27, percibirá una reducción escalonada de subsidio del 12, 9 y 9% correspondiente a cada etapa.
Los usuarios del segmento "medio" recibirán facturas con un reordenamiento del 24, 18 y 18% en los tres períodos sucesivos; mientras que la categoría "alta" la quita gradual será del 32% en abril, 24% en junio y 24% en agosto.

En cuanto a los usuarios de un solo servicio el esquema prevé reducción de subsidios del 4, 3 y 3%, mientras que los usuarios no residenciales (comercios y oficinas) mantendrán el mismo criterio que los hogares en las tres etapas de reducción.

"La Argentina tiene las tarifas más competitivas de la región, tanto en gas como en agua, y es importante recordar que en el 2003 no existía ninguna obra energética en licitación, ni siquiera en etapa de proyecto. Es más, dos obras estratégicas como Yacyretá y Atucha II, estaban paralizadas hacía una década", enfatizó De Vido e hizo foco en la importancia de la inversión estatal en obras de infraestructura claves para los servicios públicos. Así las cosas, resaltó la relevancia de proteger las "tarifas del sector industrial, que no es otro cosa que proteger a los 6 millones de puestos de trabajo que hemos generado". En concreto, en los últimos diez años se "invirtieron 92.500 millones de pesos en obras, de los cuales el 78% fueron aportados por el Estado Nacional, incorporando 2790 km de gasoductos troncales y 292.000 hp (presión) en plantas compresoras", concluyó De Vido.

Para exceptuados
Aquellas personas que están exentas de la quita del subsidio deben llamar para mantener el beneficio al Mnisterio de Planificación: 0800-222-9500. Enargas: 0800-333-4444. Aysa: 6333-2482. ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento): 0800-333-0200.

La política de subsidios fue útil para sacar al país de la recesión y del alto desempleo, pero no se justifica mantenerla eternamente en el tiempo porque su costo es socialmente elevado y limita la posibilidad de disponer de recursos para otras políticas públicas más necesarias para esta etapa. Esa es la conclusión que surge de un informe elaborado por el Ministerio de Economía, titulado “Política de reasignación de subsidios y consumo responsable de gas y agua”, dado a conocer ayer pocas horas después del anuncio realizado por Axel Kicillof y Julio De Vido.

“¿Por qué había que subsidiar a todos en 2003?” se pregunta el informe de la cartera económica, y responde en un cuadro comparativo de la situación económica en ese año y diez años después, en el que se observa la evolución del desempleo (pasó del 20,4 al 6,4 por ciento), la cantidad de puestos de trabajo (de 3,1 millones a 5,4 millones), cantidad de beneficiarios de programas de transferencias (de tres millones a cinco millones) y nivel de informalidad laboral (bajó del 50 al 34 por ciento). También refiere cómo bajó la incidencia de la tarifa del gas y el agua sobre los gastos totales de los hogares (del 1,1 al 0,5 por ciento en el primer caso, del 0,55 al 0,23 por ciento en el otro).

Según la mirada de Economía, el impacto de la política de subsidios en el Producto Bruto (medido en millones de pesos corrientes) representó un incremento adicional de 1,6 puntos, en promedio por año. Es decir, en vez de lograr un incremento del PBI de 6,8 por ciento en promedio en la década, sin política de subsidios el resultado hubiera sido un aumento del 5,2 por ciento.

Por otro lado, el informe destaca cómo fue reduciéndose el peso de las tarifas de gas y electricidad sobre el salario mínimo. En 2003, la tarifa eléctrica para un consumo residencial de 250 kwh/mes y del gas natural para un consumo de 42 m3/mes representaban, en conjunto, el 13,5 por ciento de un salario mínimo. Esa relación bajó rápidamente en los primeros años de la década, al 5,5 por ciento en 2005 y 3,6 por ciento en 2007, pero siguió cayendo paulatinamente hasta estabilizarse entre 1,5 y 1,3 por ciento entre 2011 y 2013.

El trabajo de la cartera económica muestra cómo, paralelamente, fue incrementándose el consumo de ambos servicios de manera persistente. El consumo de gas natural acumulaba un aumento del 40,8 por ciento al arribar a 2013, aunque alrededor del 25 por ciento ya se había alcanzado en los primeros cuatro años (2003 a 2007). En el caso de la energía eléctrica, el crecimiento acumulado en la década es del 52,2 por ciento, con casi un 30 por ciento registrado hasta 2008 (primeros cinco años).

En el capítulo de Uso Responsable, el informe de Economía destaca que por cada punto porcentual que baja el consumo de gas, el país ahorra 86,5 millones de dólares. Para este cálculo, se tomó en cuenta el precio de importación del GNL. Además, señala que una hornalla prendida durante 24 horas tiene un costo para el usuario de 54 pesos, pero para el Estado nacional un costo en subsidios de 274 pesos. Una estufa prendida 24 horas le cuesta 157 pesos al usuario y 797 pesos en subsidios al Estado.

Según el informe, la Argentina presenta uno de los más altos niveles de consumo de energía en Latinoamérica. Con datos por país correspondientes al año 2010 (sobre la base de un reporte de la Administración de Información Energética de Estados Unidos), el consumo de energía primaria per cápita de la Argentina es un 33 por ciento menor al de Venezuela, pero mayor a cualquier otro país de la región. Supera al de Chile en un 1,5 por ciento, a Uruguay en más de un 25 por ciento, a Brasil en más de un 35 por ciento y a países como Ecuador, Colombia y Perú, entre un 120 y 140 por ciento más alto.

La comparación es más notable si se realiza en base al consumo de gas natural residencial, ya que en el resto de la región no existe la extensión de redes de distribución domiciliaria que hay en las grandes ciudades de la Argentina. Mientras en el país se consumen 0,65 tep (toneladas equivalentes de petróleo) por hogar, en Chile apenas llega a 0,09; en Colombia, a 0,06; en Uruguay, a 0,02; y en Brasil, a 0,01.

Comparado con la tarifa del transporte en la ciudad de Buenos Aires, Economía pone de relieve que la factura media mensualizada de usuarios residenciales de consumo promedio de gas en todo el país (14,90 pesos) equivale a tres viajes en subte (de 4,50 pesos). En tanto que la factura promedio mensualizada de agua en el área metropolitana (28,90 pesos) equivale a un viaje en taxi de 32 cuadras.

Según el informe detallado del Ministerio de Economía, el valor total de subsidios sobre los servicios públicos alcanzó en 2013 a 98.028 millones de pesos. Los que corresponden al sector energético suman 70.302 millones; al transporte, 24.153 millones; a AySA, 2783 millones de pesos; y al sector agroalimentario, 791 millones de pesos. De tal manera, según Economía, “los subsidios relacionados con el mantenimiento de tarifas de servicios públicos en 2013 ascendieron a 3,6 por ciento del PBI”.