El anuncio de ayer sobre recorte de subsidios en gas y agua tendrá un efecto mínimo sobre el déficit energético del país y no generará ahorro fiscal, según un informe privado, pero sí impactará negativamente sobre el consumo privado.

El estudio del economista Diego Petrecolla, presidente de la consultora GPR Economía, indica que, con las nuevas medidas, el rojo energético llegaría a US$ 6100 millones, frente a US$ 6700 millones del año pasado, con una reducción cercana al 0,5% del PBI respecto del 5% registrado en 2013. Si bien en estas páginas se justifica la necesidad del gradualismo en la aplicación de la suba de tarifas y del retiro de los subsidios, este informe detalla la verdadera magnitud del ajuste.

Petrecolla dijo a LA NACION que "el Gobierno seguirá aumentando las tarifas en etapas y tratará de reducir los subsidios a aquellos que mayores ingresos tienen, pero eso es bastante más difícil de implementar de lo que se cree" en los hechos.

Esta estrategia de recorte gradual "no contribuirá a reducir los subsidios en la magnitud que se necesita". Los subsidios alcanzaron 24.000 millones de dólares (5,3% del PBI) en 2013, de los cuales 17.000 millones corresponden al sector energético. Del total de subsidios asignados por el Estado, cerca de 80% correspondieron al sector energético.

Cammesa se llevó el 43% del total de los subsidios corrientes; el 38%, Enarsa; el 11%, los productores de crudo, y el 8%, para el resto del sector. De los subsidios totales, los de energía equivalieron al 3,6% del PBI (frente al 1,6% del transporte), con el mayor porcentaje correspondiente a Cammesa (con el 1,34%) y Enarsa (con el 1,24 por ciento del PBI).

La balanza energética, que había alcanzado su pico superavitario en 2006, entró en terreno negativo a principios de 2011, antes de que se adoptara el cepo cambiario.

Petrecolla aclaró que, si no se hubieran tocado los subsidios, a fin de año, la cuenta negativa habría sido de US$ 7000 millones, mientras que ahora, con este retiro parcial, llegaría a US$ 6100 millones.

"Con la hipótesis de elasticidad considerada, la reducción de los subsidios sería del orden de los US$ 570 millones anuales por reducción de importaciones de gas al precio marginal, que es el de GNL", se precisó en el informe de Petrecolla.

LA NACION le preguntó al economista si podía llegar a ocurrir algo que pasó en el sector del transporte, donde aumentó la tarifa, pero igualmente aumentan los subsidios. "No puede ocurrir esto, salvo que la demanda crezca por una suba en el PBI, lo que difícilmente sucederá. Las subas en la tarifas tendrán como consecuencia alguna reducción en el consumo y una caída en los subsidios", contestó.

¿Cómo se puede desarrollar un plan para proteger en forma efectiva a la población de bajos ingresos de una suba fuerte en las tarifas residenciales?, se le insistió. Según Petrecolla, "hay que implementar un sistema de tarifa social para que los subsidios lleguen sólo a los pobres y un programa de uso racional de la energía para ahorrar energía".

El economista dice no prever un ahorro fiscal significativo. "No, para nada; una parte del ahorro irá a los transportistas y distribuidoras, que no van a ganar más, sino que perderán menos. Y el resto, si sobrara, iría a la Asignación Universal por Hijo", afirmó.

Petrecolla concluyó que una revisión tarifaria en transporte y distribución tendría menor efecto sobre la tarifa final que la eliminación de los subsidios mayoristas. En este caso, los subsidios podrían pasar del 5,3 al 2,8% del PBI, mientras que el aumento de tarifas en ambos sectores implicaría una caída del déficit energético del 45 por ciento.

Habrá que ver cómo y cuándo el Gobierno agrega el capítulo de la electricidad a este ajuste en etapas..

La quita parcial de subsidios que resolvió encarar el Gobierno significa un paso hacia un sinceramiento de precios en los servicios públicos. La medida anunciada ayer por los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Axel Kicillof, le dará oxígeno al Estado, que es el encargado hace años de afrontar gastos millonarios que le exigen por un lado, la decisión política de no generar un impacto en el bolsillo de los consumidores y por otro carril, las importaciones energéticas (para el gas). Pero en nada cambiará la realidad crítica –y deficitaria en muchos casos– de las empresas que juegan en el sector.

En el caso puntual del gas –como sucede en otros servicios como la luz, por ejemplo–, de la factura que cada dos meses llega a los hogares con un valor promedio de $ 20, el Gobierno subsidia a los usuarios el precio real del gas (que representa prácticamente la mitad del total de la boleta). Es decir, el Estado se encarga de pagar lo que deberían desembolsar los clientes por ese cargo. Sin embargo, el precio final del servicio comprende otros componentes. Más allá del valor del gas (que significa el 40% en la factura), otro 40% responde a impuestos y el restante 20% es lo destinado al sector regulado (transporte y distribución). Estos últimos no están subsidiados por el Gobierno. Por esa razón es que el ajuste que percibirán los consumidores no implica técnicamente un aumento en la tarifa, que hace más de una década se encuentra congelada a raíz de la Ley de Emergencia Económica dictada el 6 de enero de 2002 y y que desde entonces a la actualidad, año tras año el Congreso prorroga. Lo que se modifica, entonces, con la resolución que deberá publicar el oficialismo es quién afronta de ahora en más el costo del precio del gas. Hasta el momento era el Estado (que lo seguirá haciendo en gran parte) que ahora compartirá el gasto con los usuarios.

Pero ¿por qué el Gobierno decidió comenzar a subsidiar el precio del gas? Para entender la historia de los subsidios en los servicios públicos hay que remontarse al menos una década atrás. Desde los albores del kirchnerismo, en el año 2004, debido a una falta de incentivos a la inversión (entre otros factores) la producción del gas natural emprendió su camino de declive frente a una demanda que empezó a acrecentarse. La Argentina pasó a convertirse en importador neto de este hidrocarburo a través de compras crecientes al exterior para abastecer al mercado interno. El Estado, a través de la empresa nacional Enarsa, importa grandes volúmenes de metros cúbicos de gas de Bolivia y por barco. En octubre de 2008 en las facturas residenciales, por medio del decreto 2067, el Gobierno trasladó ese gasto a los usuarios con el cargo de “gas importado”. Más tarde, resolvió una bonificación, que varía según la categoría de cliente (existen 4). En 2011, con las cuentas públicas cada vez más comprometidas, el kirchnerismo decidió empezar un recorte de subsidios para los residentes de algunos barrios de mayor poder adquisitivo. La medida, que prometía profundizarse, se frenó hasta ayer debido al costo político que hubiese implicado ante incidentes como la tragedia de Once.

Pero además hay que entender cómo funciona y quiénes son los actores de este sector. La industria del gas natural está organizada en tres segmentos: producción, transporte y distribución. La producción es una actividad desregulada en la que las empresas (como PAE o YPF) exploran, extraen y comercializan. El transporte y la distribución constituyen servicios públicos regulados. En el país hay dos transportistas: Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS), mientras que existen ocho distribuidoras, entre las que se encuentran Camuzzi Gas Pampeana, Metrogas, y Gas Natural Fenosa. La mayoría, por el congelamiento de las tarifas tuvo que reestructurar sus deudas.

Las distribuidoras son las que abastecen a los hogares e industrias y compran el gas en mayor medida a YPF (que compra por orden y cuenta de Enarsa). Las transportistas cobran una espe cie de “peaje” por el gas que pasa por sus gasoductos. Entre las compañías consultadas por El Cronista, si bien son optimistas con el anuncio también vislumbran que un descongelamiento de tarifas no se dará entonces en el corto plazo.

Para los usuarios, un sacrificio importante. Para el Fisco, un resultado insuficiente. Ese es el saldo del anuncio de ayer.

Para los usuarios de gas y agua, hay un incremento en las boletas que llega a hasta más del 400%, que se suma al 66% en el transporte público desde fines del año pasado. Ahora queda saber qué pasará con las boletas de la luz: ¿serán motivo de otro aumento antes de mediados de año?

El impacto es mayor si se considera el momento. Deberán pagarlo trabajadores que aún no tienen ajustes en sus sueldos porque no se cerraron las paritarias. Y es después de un cuatrimestre (diciembre/marzo) en el que la inflación superó el 3% mensual. Y en medio de un duro paro docente que tensa a las familias.

Más irritabilidad social, difícil de pergeñar.

Ahora, para el Fisco tampoco se trata de una solución de fondo. Según el ministro Axel Kicillof, el ahorro en subsidios podría ser de entre 5 y 13 mil millones de pesos.

Es menos del 10% de lo que costaron los subsidios el año pasado. En el mejor de los casos, si el ahorro fuera de 13.000 millones, sería menos de una tercera parte de lo que se encarecieron, en pesos, las importaciones de combustibles gracias a la devaluación de enero.

Puesto en esa perspectiva, el ajuste lanzado ayer tiene un importante costo social y político, pero no presenta una solución de fondo en términos económicos. Entonces, ¿por qué lo hacen?

Al Gobierno en verdad no le quedaba mucho margen para no anunciar un alza de tarifas. Había quedado atrapado dentro de su propia red de anuncios de ajustes ortodoxos.

Y tenía que dar este paso o enfrentar otra vez al ogro de la desconfianza.

En enero, la devaluación soltó todos los fantasmas de la economía, y las expectativas se dispararon en las peores direcciones. La gestión del Banco Central, subiendo tasas y obligando a los bancos a vender dólares, logró lo que se dio en llamar la “pax cambiaria”. Pero en el mercado se instaló que esa paz sólo era sostenible si Economía empezaba a bajar el déficit fiscal. Si no, el Central emitiría otra vez pesos, y, decían en la City, sería inevitable otra devaluación de peso en el año. Cada día, las expectativas generadas eran mayores. Ayer, Kicillof hizo un gesto en esa dirección. Insuficiente, porque las cifras no alcanzan a reducir seriamente el rojo fiscal. Pero mostró que está decidido a avanzar en esa dirección. Como para calmar al demonio cambiario.