Las negociaciones salariales estaban empantanadas mucho antes del anuncio oficial de ayer sobre la suba de las tarifas en los servicios de gas y agua. La devaluación del peso y la escalada inflacionaria ya habían nublado con incertidumbre las paritarias .

Pero a partir de ahora podría ser peor. Una tendencia así lo refleja: la mayoría de los sindicatos que negoció sueldos en 2014 eligió pactar un pago a cuenta para postergar la paritaria y convenir el aumento anual en un escenario más previsible. Es decir, fijarán el porcentaje de alza conociendo el verdadero impacto que tendrá la medida de ayer en las boletas de agua y gas de sus afiliados.

Distintas voces del sindicalismo aseguraron que la decisión del Gobierno de quitar los subsidios incidirá en las negociaciones salariales que están en marcha e incluso en las pocas que ya se cerraron. Y disparará, además, el reclamo de aquellos gremios que aún no se sentaron a negociar.

Desde el sindicalismo opositor, Luis Barrionuevo ya advirtió que elevará su pedido inicial. "Los empresarios no me quieren ni ver. Primero les pedí un aumento del 35%. Después un resarcimiento del 12% por la inflación de los últimos meses y ahora esto de los subsidios. Vamos a reclamar entonces un 40%", dijo a LA NACION el jefe de los gastronómicos y líder de la CGT Azul y Blanca.

En la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el gremio del jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló, el anuncio los descolocó. La cúpula de la UOM estima cerrar la semana próxima su paritaria en un 28%. Pero ahora, quizá, su postura se modifique. "No lo hemos estudiado todavía, pero es peor", reconoció a LA NACION Juan Alberto Belén, el número dos en el escalafón jerárquico de los metalúrgicos.

Desde la CGT que encabeza Hugo Moyano advirtieron "un horizonte de recesión económica", según lo describió Jorge Sola, responsable del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la central obrera. "Lo que necesitamos para discutir paritarias es un escenario de previsibilidad. Y eso no lo tenemos", señaló Sola.

Juan Carlos Schmid, otro moyanista, fue más concreto. "Impacta mal y afectará a todos. Hubo devaluación, hay inflación en la canasta de alimentos y ahora hay un aumento de los servicios", enumeró el dirigente portuario.

La cúpula de la CGT oficialista se recluyó ayer en el silencio. Y quienes aceptaron hablar fueron mesurados. "Todavía no hicimos un análisis para llegar a una conclusión", se excusó Carlos Barbeito, jefe del sindicato de los molineros. A la misma salida apeló Sergio Sassia, de la Unión Ferroviaria.

Pero hubo una excepción: el petrolero Alberto Roberti, que calificó la medida como "un tarifazo" y "un ajuste muy ortodoxo". Roberti, al igual que Héctor Daer, integran la CGT oficialista, pero son diputados del Frente Renovador que encabeza el opositor Sergio Massa.

También responde a Massa el dirigente estatal y secretario adjunto de CTA de Buenos Aires, Fabián Alessandrini. "Ahora el Gobierno intentará explicarnos que se afectarán sólo a zonas como Olivos o San Isidro, pero también en esos lugares viven trabajadores que, con la quita de los subsidios, van a sufrir una quita concreta en sus salarios. Con más razón vamos a insistir en nuestro reclamo de que los acuerdos paritarios sean de corto plazo, de tres o seis meses máximo", planteó Alessandrini.

En la CGT oficialista se espera que José Luis Lingeri, referente gremial de Obras Sanitarias y director por parte de los trabajadores de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), exponga ante sus colegas sobre el verdadero impacto que tendrá la medida en el salario del grueso de los trabajadores. Lingeri no atendió ayer las llamadas de LA NACION.

El Sindicato de los Empleados de la Enseñanza Privada cerró un aumento del 25% en un solo pago y es hasta el momento el único convenio homologado por el Ministerio de Trabajo. Su secretario general, Guillermo Marconi, advirtió que "hay un acuerdo de palabra" para reabrir la negociación en caso de quedar muy desfasado. Pero no había nada previsto en caso de una quita de subsidios. "Va a condicionar el cierre de las paritarias, a nosotros no", estimó anoche Marconi, hombre de la CGT Azul y Blanca.

En la CTA oficialista, Hugo Yasky, su jefe, celebró la medida del Gobierno. Y sugirió redireccionar los subsidios de la educación que van a las escuelas privadas al sector público. Ése será otro debate.

La quita de subsidios sobre las tarifas de los servicios de gas y agua de los consumidores residenciales anunciada ayer por el Gobierno impactará en las negociaciones salariales entre gremios y empresas y elevará los pedidos de aumento en algunas actividades, según advirtieron ayer tanto referentes de sindicatos afines como opositores al gobierno nacional.

Si bien entre la dirigencia gremial coincidieron en destacar que desde hace tiempo se imponía un “sinceramiento” en el esquema de subsidios, donde –en su opinión– se registraban ciertas situaciones de “injusticia”, también plantearon sus dudas sobre el momento elegido por el Gobierno para anunciar la medida, en alusión directa a la aceleración de la inflación en los últimos meses y sus efectos sobre las demandas sindicales en las paritarias.

Al respecto, en algunos gremios alertaron que la medida incrementará los pedidos de aumento que proyectaban, aunque evitaron anticipar en qué proporción. En otras organizaciones consideraron que la rebaja de subsidios será un elemento más de la discusión pero pidieron esperar para conocer el impacto real antes de determinar si puede alterar los porcentajes reclamados.

“No se si tendrá un impacto que vaya a modificar los pedidos, hay que esperar”, planteó José Luis Lingeri, titular del sindicato de Obras Sanitarias y referente de la CGT oficial que conduce Antonio Caló. Lingeri destacó ante El Cronista que en el caso puntual de los servicios de agua se trata de una quita “escalonada que va a tocar menos a los sectores de menores recursos”, aunque admitió que “no sé si era el mejor o el peor momento” para implementarla.

Por su parte, el dirigente de Sanidad y también miembro de la CGT de Caló, Héctor Daer, sostuvo que la medida “va a tener un impacto concreto en las paritarias porque es otra pérdida directa del salario”, y criticó duramente al Gobierno al indicar que “decidió ajustar de la peor manera sobre los sectores que tienen ingresos fijos”:

Desde el gremio de la alimentación, el dirigente Héctor Morcillo, afirmó que el recorte de subsidios “va a ser tenido en cuenta” en cada paritaria porque –dijo– “suma argumentos que van a justificar los aumentos que se pidan”.

Omar Maturano, jefe de La Fraternidad, uno de los gremios de la CGT oficial que adhirió al paro convocado por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo para el 10 de abril, señaló que la suba de la energía “va a deteriorar más” los salarios y reprochó la decisión de mantener los subsidios a la industria. “Los trabajadores con el impuesto a las Ganancias subsidiamos al Estado y el Gobierno con esa plata subsidia a los industriales, que no nos mientan más”, criticó.

Entre la dirigencia gremial admitieron, además, que el recorte de las subvenciones al gas y el agua complicará la intención del Gobierno de establecer, a partir del cierre de un conjunto de paritarias clave que incluyen a la UOM de Caló, una referencia salarial por debajo del 30%.

Cerca de Moyano, a su vez, se entusiasmaron con la posibilidad de que la medida potencie el malestar en las bases de algunos gremios con las decisiones de la administración kirchnerista y fortalezca la adhesión a la huelga del próximo 10 de abril.