Los peruanos, en general, están hartos de la minería ilegal y de los niveles de destrucción que esta actividad ocasiona al medio ambiente, además de generar altos costos para el Estado, afirmó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.

Señaló que en la lucha contra este flagelo los medios de comunicación son importantes aliados, porque gracias a ellos la población conoce, por ejemplo, que en Madre de Dios hay 50,000 hectáreas de bosques “terriblemente degradadas”, cuya remediación tendrá un elevado costo.

“La ciudadanía se ha puesto de pie y ha dicho ‘no más minería ilegal’. El Estado es consciente de que hay un grupo de operadores que sí tienen voluntad y desean trabajar en el marco de la ley, a ellos los llevamos a la formalización”, manifestó el funcionario en TV Perú.

Sostuvo que aquellos que se manifiestan en la calles, incluso con acciones de violencia, son los mineros ilegales, que desconocen a la dirigencia que dialogó con el Gobierno y, por lo tanto, “quieren seguir trabajando en la confusión”.

El ministro reafirmó que ahora el Gobierno distingue claramente a los mineros informales de los ilegales y recordó que no se ha prorrogado el plazo para la formalización minera informal, que vencerá de manera indefectible el próximo 19 de abril.

“Las voces que creen que hemos establecido una prórroga están equivocadas. Si lo hubiéramos hecho no tendríamos gente manifestándose en las calles (…). El Estado no ha cedido, no ha retrocedido un solo paso y seguiremos en este trabajo, que es multisectorial”, refirió.

Tras ratificar que el Gobierno no negociará con mineros ilegales, Pulgar-Vidal aseguró que esta ilícita actividad seguirá siendo enfrentada y sometida a procesos de interdicción.

“El que quiere hacer minería tendrá que seguir los requisitos formales para ello (…). Debemos seguir transmitiendo el mensaje de ‘no más minería ilegal’, porque los peruanos no la deseamos”, apuntó el titular del Ambiente.

El presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, dijo que el Gobierno rechaza los actos de violencia perpetrados en la víspera en Lima por mineros ilegales y aseguró que el Estado no trata “con quien toma de rehenes a los ciudadanos”.

Sostuvo que aquellos mineros que desarrollan su actividad de forma ilegal se encuentran en una plataforma “completamente contraria” a la agenda del Gobierno.

Las Fuerzas Armadas se han sumado a la lucha contra la minería ilegal, que junto al narcotráfico, son una amenaza para el país, sostuvo hoy el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General EP Leonel Cabrera Pino.

Dijo a la agencia Andina que el Ejército, Marina y Fuerza Aérea están apoyando a la Policía Nacional (PNP) en labores de interdicción en distintas zonas donde hay actividad minera ilegal a nivel nacional, en una acción conjunta con la colaboración además del Ministerio Público.

Señaló que el gobierno del presidente Ollanta Humala dispuso el apoyo de las Fuerzas Armadas a la PNP en la tarea de destruir maquinarias y desalojar las zonas donde se extraen material de manera ilegal.

Advirtió que la minería ilegal y el narcotráfico son una amenaza para el país y cuando se juntan los problemas pueden ser mayores.

Precisó que las fuerzas del orden han actuado en las localidades de Chala (Arequipa), Pisco (Ica), Juliaca (Puno) y Madre de Dios, entre otros lugares del país, donde la minería ilegal viene causando daño al ecosistema y perjudicando a la población en esas zonas.

"Lo importante del trabajo conjunto de las fuerzas del orden es mantener el principio de autoridad que debe haber en el país, y que los mineros informales trabajen en el marco de la ley", subrayó Cabrera Pino.

El máximo jefe militar dijo que cuando son convocadas, las Fuerzas Armadas se hacen presentes en los lugares donde son requeridas y operan de manera coordinada y conjunta con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

"Hay un gran esfuerzo de las fuerzas del orden de trabajar de manera conjunta", expresó quien fuera también uno de los integrantes del Comando Chávin de Huántar que rescató a los rehenes de la residencia de la Embajada de Japón, en Lima, en 1997, que fue tomada por un grupo subversivo.

Cabrera Pino sostuvo que la minería ilegal genera daño al país y mencionó como ejemplo el caso de río Ramis, en Puno, contaminado por la minería ilegal y afecta a la población que vive en las cercanías de la cuenca del mencionado río.

Indicó que similares problemas se presentan en Madre de Dios, donde además la minería ilegal depreda los bosques y perjudica la ecología de la zona.

El gobierno ha ofrecido apoyar a los que desean formalizar sus actividades y realizan otros trabajos. "El derecho de unos termina donde comienzan los derechos de los otros. Cuando se presentan problemas con el resto, entonces tiene que intervenir el Estado", subrayó.

En ese sentido, instó a toda la sociedad en su conjunto, las fuerzas del orden y otras instancias a actuar de manera conjunta para enfrentar este problema, ya que -opinó- "los resultados van a rebotar en beneficio de todos los peruanos".