Una de las cosas que más le preocupan al presidente José Mujica es el día después. Qué pasará con el territorio y la población involucrada una vez que la minera Zamin Ferrous (Aratirí) termine de extraer las toneladas de concentrado de hierro que tiene pensado sacar durante 20 años de Valentines (Treinta y Tres). Lo ha dicho ante sus ministros en las reuniones de gabinete, y por eso ordenó al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), trabajar en decretos reglamentarios de la ley de minería de gran porte. Uno de ellos refiere al plan de cierre que las empresas de megaminería con permiso de extracción deberán cumplir.

La ley aprobada el año pasado dedica un capítulo entero al plan de cierre de esas empresas, pero lo expresa en términos de objetivos, bajo determinados parámetros. Sin embargo, no dice cómo deben cumplir con esa exigencia.

En su proyecto entregado en 2011, la minera Aratirí propuso llenar las cinco minas con agua, proceso que se completaría en 80 años. Según el plan en la mitad de ese tiempo las cinco minas de donde sacará el hierro serían completadas en 80% de su capacidad de agua. Cuando semanas atrás en una charla le preguntaron al gerente de medio ambiente de la empresa, Cyro Croce, ratificó esa proyección, que antes había planteado en una comisión del Parlamento.

Con la idea de Aratirí, las minas se transformarían en verdaderos lagos, con reserva de agua para la zona. Sin embargo, al gobierno no le conforma esa salida, que es tomada de algunas experiencias similares en el exterior.

Una fuente del Poder Ejecutivo explicó a El Observador que le exigirán a Aratirí presentar un plan de cierre que contenga una mitigación con efectos más productivos. Es decir, que no se llenen las cinco minas con agua, sino que algunas de ellas puedan ser reconstruidas para que se permita luego allí realizar actividades agropecuarias y ganaderas. Ello significa que la empresa deberá invertir varios millones de dólares más en la remediación del predio afectado a las minas, que se calcula en 522 hectáreas.

En la actualidad, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) aguarda la respuesta de la empresa con un plan de cierre adecuado a lo que establece la ley de minería de gran porte. De todos modos, en el gobierno están dispuestos a exigir nuevos cambios al proyecto, si no contempla sus aspiraciones.

Desde la empresa se había transmitido a El Observador semanas atrás que existía disposición a adecuar el plan de cierre a las exigencias del gobierno, aunque todavía no habían recibido detalles de la aspiración oficial.

Para acompañar ese proceso de cierre, el gobierno prepara otro decreto en el que incluirá al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el grupo que realizará el monitoreo de los trabajos. El viernes 21 de febrero Mujica recibió en su casa de Rincón del Cerro al titular del MGAP, Tabaré Aguerre, para “pedirle una mano” con el tema Aratirí, dijo a El Observador una fuente del gobierno. Allí acordaron las nuevas exigencias a la minera, con la que continúan las negociaciones para firmar el contrato de extracción. Aguerre es un hombre con mucha experiencia en el tema del manejo del agua.

Días después, en su audición radial, el mandatario se explayó sobre la preocupación: “La minería puede agregarse a la actividad productiva del país como útil sin afectar a las otras actividades. Pero incluso debe generar recursos para hacer obras fundamentales que el agro uruguayo necesita. Medios que financien obras de riego de largo plazo y con bajísimo interés para que sean amortizables”.

Lo que le falta a Aratirí

Ayer, al participar de un seminario sobre megaminería, el director de la Dinama, Jorge Rucks, recordó que Aratirí no ha respondido a la solicutud de un nuevo plan de cierre de minas actualizado a la ley. Tampoco entregó nueva información de impacto ambiental del nuevo trazado del mineroducto y la terminall portuaria, ya que cambió su ubicación en Rocha.

Según Rucks, resta a la empresa fundamentar impactos referidos al drenaje de ácidos en los cursos de agua afectados. Finalmente Aratirí tiene que enviar a la Dinama los estudios en acuerdo con las intendencias referidos al ordenamiento territorial de las poblaciones ubicadas dentro del complejo minero.

“No está en nuestras manos avanzar más, sino en la empresa”, dijo Rucks en el seminario realizado en la sede del PIT-CNT, y del que participaron, entre otros actores, el titular del MIEM, Roberto Kreimerman, trabajadores del rubro metalúrgico de Uruguay y países de la región, y el representante de la organización ambientalista Uruguay Libre, Raúl Viñas.

Un estudio encargado por Aratirí a un grupo de economistas liderado por el docente Gustavo Bittencourt, indica que el plan de cierre de la empresa mejorará las condiciones del medio ambiente donde piensa operar, tanto en las minas como en las plantas de tratamiento y el territorio que atraviesa el ducto. Ello incluso fue medido en dinero, y la conclusión asegura que el medio ambiente se beneficiará allí en US$ 27,6 millones.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo avanza en las negociaciones para firmar con Aratirí. La administración transmitió su compromiso político de firmar el contrato incluso sin la aprobación ambiental previa, el trámite exigido para poder comenzar a extraer.

De todos modos, aclararon los voceros oficiales que no se moverá una piedra hasta tanto se habilite el proyecto desde el punto de vista ambiental.

El presidente José Mujica defendió este martes el mega proyecto minero de Aratirí, que se propone extraer miles de toneladas de hierro en distintos puntos del centro-este de Uruguay.

En una actividad organizada por el PIT-CNT sobre la minería de gran porte y el desarrollo industrial, Mujica anunció que los informes técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) sobre el proyecto de Aratirí, “demorarán meses” en estar prontos.

El presidente aseguró, sin embargo, que eso no impedirá firmar el contrato entre el Estado y Aratirí, ya que la empresa lo necesita para conseguir crédito y avanzar en la organización del proyecto definitivo.

Aún así, Mujica aseguró que Aratirí no comenzará la explotación de hierro hasta tanto no estén aprobados los informes técnicos de la DINAMA.

Esto quiere decir que en breve se puede firmar el contrato, pero que la empresa multinacional demorará todavía varios meses en comenzar la explotación minera.

“No se va a hacer a cualquier precio”, dijo en referencia al proyecto de Aratirí. “Y no se pondrá por encima de lo técnico la voluntad política” del gobierno, agregó.

La oposición política rechaza este mega proyecto minero y exige conocer los detalles del contrato que firmará el gobierno con Aratirí.

En el intercambio que se generó ayer entre panelistas y asistentes al debate sobre megaminería organizado por el PIT-CNT, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, se explayó sobre la posibilidad de impulsar una industria siderúrgica en Uruguay, basada en parte del mineral de hierro que extraerá Aratirí. La legislación obliga a las empresas de megaminería con permisos de explotación a ofrecer 15% de lo producido al mercado local. En caso de no venderlo, podrá exportarlo junto con el resto de lo extraído.
A partir de esa posibilidad es que el gobierno plantea generar una industria que hoy no existe en el país. Para ello tiene que enfrentar varias dificultades, algunas de las cuales ya solucionadas o en vías de solucionar, como la oferta de energía.

Cuando firme el contrato y tenga la aprobación ambiental previa, Aratirí deberá dedicar entre tres y cuatro años a construir el complejo minero. Luego, destinará entre 15 y 20 años a extraer el hierro, a razón de 18 millones de toneladas por año.
Algunos críticos del proyecto de industrialización entienden que los plazos no plantean condiciones atractivas para invertir en maquinaria para luego quedarse sin materia prima.
Sin embargo, el ministro Kreimerman consideró ayer que la empresa de origen indio puede extender su proyecto una vez iniciado. Señaló que, en la medida en que avance la extracción, de forma paralela se realicen exploraciones que permitan descubrir nuevas zonas para extraer hierro. Ello siempre y cuando el precio internacional del hierro se mantenga en niveles rentables para su producción.
El ministro planteó que además de Aratirí pueden instalarse más empresas para realizar tareas de extracción

Por una tonelada de hierro el mercado internacional paga 
US$ 110, aproximadamente. Para producirlo, según Kreimerman, Aratirí piensa invertir entre 
US$ 40 y US$ 50 por cada tonelada.
El semanario Búsqueda informó la semana pasada que el gobierno recibió a dos empresas asiáticas interesadas en industrializar el hierro que pueda vender Aratirí al mercado local.
Según informaciones recogidas por El Observador, los sondeos fueron realizados por una delegación de ocho empresarios ante el Poder Ejecutivo y, aunque no hay compromiso concreto de inversión, los jerarcas del gobierno que mantuvieron las reuniones entendieron que el interés era muy firme.

En el seminario participaron representantes sindicales de países de la región y expusieron el ministro de Industria, el director de la Dinama, Jorge Rucks; el dirigente del sindicato metalúrgico, Francisco da Silva, y el representante de la organización ambientalista Uruguay Libre, Raúl Viñas. 

El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, defendió ayer la posibilidad de que proyectos de minería de gran porte se instalen en Uruguay.