El secretario de Minería de la provincia de Río Negro, Gustavo Ferreyra, explicó esta mañana en la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General los alcances del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para establecer un nuevo Código de Procedimientos Mineros.

Con algunas modificaciones, la iniciativa obtuvo el aval de la mayoría tras un extenso debate. La Alianza Concertación para el Desarrollo se tomó 48 horas para definir su posición.

Ferreyra señaló en su exposición que con este nuevo Código el Gobierno ha “asumido la responsabilidad de hacer el máximo esfuerzo para integrar a la actividad minera a la matriz productiva provincial”.

Aclaró que “esta herramienta legal que estamos proponiendo no garantiza de ningún modo que esto se vaya a hacer efectivo, pero sí es el comienzo, es nuestra herramienta para establecer reglas de juego claras que hoy no tenemos y que son absolutamente necesarias para la Provincia”.

Aseguró que traerá beneficios en la faz económica, pero también representará para el pueblo de Río Negro “la tranquilidad de que se están haciendo las cosas correctas respecto de una actividad en la que actualmente se critica la falta de control, de presencia de un Estado que no tiene en el presente la herramienta legal que necesitamos”.

Explicó que los capítulos y artículos de este nuevo Código se orientan a una mayor intervención de la política pública a través de temas tan variables como la intervención del Estado en el recurso, el seguimiento de los proyectos mineros exploratorios que se presenten en la Provincia, con estándares muy altos de buena práctica y responsabilidad social y de información.

Mencionó algunos alcances como la participación del Estado a través de la investigación que puede llevar adelante la empresa minera provincial y la incorporación de un marco sancionatorio acorde a la minería que existe en desarrollo. “Me parece que es establecer un marco general distinto, con reglas de juego que defiendan a los que llevan adelante la actividad con entendimiento de la ley, una herramienta que preserve el recurso y que también extienda sanciones acordes a aquéllos que no lo hacen”.

“Esperamos que las explotaciones mineras de tercera, segunda y eventualmente primera categoría reflejen en sus guías de amparo, en sus derechos de explotación sobre las canteras fiscales, en las liquidaciones de esos recursos, la realidad del desarrollo minero, y no que reflejen una subestimación en las declaraciones juradas, en las rendiciones y una falta de apego a la norma en cuanto a los amparos de los minerales que se trasladan”, señaló.

“Estamos seguros que hay millones de metros cúbicos que se mueven en la Provincia y queremos que se reflejen en la recaudación, para eso no sólo alcanza el código de Procedimientos Minero sino que estamos trabajando de manera conjunta con la fuerza policial provincial y con la Agencia General de Recaudaciones, en la conformación de un cuerpo interdisciplinario para que pueda actuar sobre estas operaciones, teniendo como base el nuevo marco sancionatorio que va a tener el nuevo Código una vez que la Legislatura lo apruebe.

Finalmente, el licenciado valoró las sugerencias propuestas por distintos legisladores en la comisión, aseguró que “este tipo de discusiones, con buenas armas, son las que nos gustan a los que realmente estamos pensando la necesidad de un nuevo Código de Procedimientos”.

Otros proyectos con dictamen favorable

Además, la comisión presidida por la legisladora Tania Lastra avaló los dictámenes de distintos proyectos de ley, entre ellos el que propone crear la comisión Especial Investigadora por la Memoria, Verdad y Justicia para que “investigue, estudie, desentrañe y esclarezca la actuación de aquellos actores económicos que interesadamente promovieron y/o facilitaron los delitos de sangre en la provincia de Río Negro, apoyando la ejecución del plan criminal de la última dictadura, a cambio de beneficios del gobierno”.

La comisión avaló también el dictamen de otra iniciativa impulsada por Pedro Pesatti, Roberto Vargas y Jorge Ocampos para crear la Comisión de Control de Edificaciones y Ordenamiento Territorial y Urbanístico de la Costa Atlántica. El proyecta contempla efectuar un estudio pormenorizado de los diferentes asentamientos existentes a lo largo de la costa rionegrina, que puedan haber vulnerado las normas vigentes relativas a la protección y conservación del medio ambiente.

También fue favorable el trámite de la propuesta para modificar y mejorar el trabajo del Comité Provincial de Evaluación de Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, en busca de lograr mayor autonomía e independencia, con modificaciones que consagren la independencia de sus miembros en diversos aspectos, tanto funcional, administrativo y financiero. Anualmente, el Comité elevará a la Legislatura un proyecto de presupuesto de hasta el 1 por ciento del presupuesto de la Legislatura, para su funcionamiento, antes del 10 de noviembre en el que hará constar sus necesidades para el año siguiente.

La comisión dictaminó a favor también de la propuesta de ley del Poder Ejecutivo para prorrogar por seis meses la vigencia del procedimiento de mediación prejudicial en Río Negro. A esta iniciativa se anexó la presentada previamente por el legislador Alejandro Betelú (ACD), que tiene el mismo propósito.

Asimismo, dictaminó a favor de la creación de una comisión legislativa que lleve adelante las gestiones necesarias para que el Parque Científico, Tecnológico y Productivo de San Carlos de Bariloche se ponga en funcionamiento, impulsada por los legisladores Pedro Pesatti, Arabela Carreras, Silvia Paz, Beatriz Contreras, César Miguel, Marcos Catalán, Rubén Torres (FpV) y Claudio Lueiro (PPR).

La comisión aprobó además un proyecto de ley que busca promover la constitución y funcionamiento de los Centros de Estudiantes en los establecimientos educativos de los niveles secundario, los institutos de educación superior e instituciones de modalidad de adultos incluyendo formación profesional de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social”. La iniciativa es impulsada por los legisladores Martín Doñate, Susana Dieguez y Pedro Pesatti.

El Cuerpo dio dictamen favorable también al proyecto de ley de Alejandro Marinao y Pedro Pesatti (FpV) que busca que los habitantes de Río Negro que pertenezcan al Pueblo Nación Mapuche tengan asueto administrativo los días 20 y 21 de julio, correspondientes al día anterior y al de celebración del Wiñoy Tripantu o año nuevo, y del 11 y 12 de octubre, Wixa Xipan o rogativa por los caídos.

También se avaló la iniciativa de la legisladora Irma Banega (FpV) para declarar Patrimonio Histórico y Cultural provincial y de interés social al primer edificio municipal de Río Colorado que funcionó en el paraje Buena Parada, primer asentamiento poblacional; y además la propuesta de Sandra Recalt (FpV) de instituir el 8 de octubre como el “Día del Estudiante Solidario”, en homenaje a los estudiantes del colegio Ecos de Buenos Aires que en un viaje solidario al Chaco sufrieron un accidente sobre la Ruta Nacional nº 11 y perdieron la vida nueve alumnos y una docente.

Además, se aprobaron los dictámenes de dos iniciativas presentadas por la legisladora mandato cumplido Magdalena Odarda, para prorrogar desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2014 los plazos procesales establecidos por el artículo 1º de la ley P nº 4160 – Régimen Excepcional de Protección de la Vivienda Unica de Residencia Permanente- y para prorrogar a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2014, la vigencia de la ley J nº 4395, referida a cortes de servicios públicos a usuarios en situación de desempleo o condición socioeconómica que impida su cumplimiento.

En otro orden, se avaló un proyecto presentado por los legisladores Pedro Pesatti y Arabela Carreras (FpV), que busca establecer los lineamientos, normas y procedimientos generales para la clasificación en origen de los Residuos Sólidos Urbanos, que se generen dentro de las oficinas públicas de Río Negro.

Finalmente, la comisión aconsejó la aprobación de la resolución para que la Cámara preste acuerdo para la designación de la Ingeniera Raquel Hebe Morales, como Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas.