En medio de fuertes cuestionamientos al monto de la operación y de serias advertencias por la existencia de pasivos ocultos y efectos ambientales, el kirchnerismo se aprestaba esta madrugada a aprobar el proyecto de ley que habilitará a la administración de Cristina Kirchner a emitir títulos de deuda por más de US$ 5000 millones para pagarle a Repsol la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

La ola de críticas a la decisión del Poder Ejecutivo había dejado al oficialismo prácticamente en soledad en la aprobación de la iniciativa. No obstante, al cierre de esta edición el kirchnerismo tenía asegurados 40 votos (35 propios, más tres aliados y dos del Movimiento Popular Neuquino) que le permitirán darle luz verde al proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados.

Luego de que el peronismo disidente, Pro y el Movimiento Popular Fueguino anunciaron que se abstendrían, el rechazo al acuerdo sellado entre el Gobierno y Repsol quedó acotado al conglomerado integrado por la UCR y los senadores del interbloque FAP-UNEN.

A pesar de los devaneos argumentativos de Aníbal Fernández para justificar el acuerdo, centrados en la necesidad de cumplir con los tratados bilaterales de inversión con España, la voz más lúcida del oficialismo fue la de Marcelo Guinle (Chubut), que rechazó las críticas de la oposición al señalar que "es de necios confundir precio con valor".

"Con esto, el país está recuperando una herramienta absolutamente idónea para cambiar el paradigma energético", afirmó Guinle, quien destacó que, más que el precio que se va a pagar por la expropiación, lo que importa es "el valor que en la realidad geopolítica tiene YPF para la Argentina".

Antes, el neuquino Guillermo Pereyra (MPN) había abierto la sesión avalando el proyecto. Lo hizo con un argumento que el oficialismo evitó durante el extenso debate.

"Esto (por el acuerdo) abre las puertas a las inversiones", afirmó el presidente de la Comisión de Energía y secretario general del gremio de los petroleros privados.

El temor oficialista se justificó unas horas después, cuando el radical Oscar Castillo (Catamarca) tomó la idea de Pereyra, pero lo hizo para señalar que el Poder Ejecutivo firmó el acuerdo porque está necesitado de fondos y necesita salir a buscar financiamiento al exterior.

Así, tras recordar los cambios en el cálculo de la inflación y la apertura de negociaciones por la deuda con el Club de París, el legislador dijo que el pago a Repsol era "lo que faltaba emprolijar para que el país pueda aparecer en los radares de la comunidad financiera internacional".

Desde el FAP-UNEN centraron sus críticas en el precio que se acordó por la operación. Así, Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe) recordó que en junio del año pasado Miguel Galuccio, presidente de YPF, había ofrecido US$ 1300 millones por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, lo cual fue rechazado por Repsol.

"Hoy nadie explica cómo se pasó de ese ofrecimiento a la actual valuación fijada en 5000 millones de dólares", remató el socialista.

Por su parte, Fernando Solanas volvió a advertir que el precio final que se terminará pagando por la expropiación superará con creces el declarado por el gobierno de Cristina Kirchner.

"Estos bonos serán descontados en el mercado a tasas muy altas, por lo que del bolsillo del pueblo argentino saldrán hasta 2033 la suma de 13.718 millones de dólares", denunció.

Por último, el radical Ernesto Sanz (Mendoza) criticó en duros términos (calificó de "ineptos y corruptos" a los funcionarios del área) la política energética del kirchnerismo.

"Desde la expropiación de YPF el déficit energético pasó de 2100 a 6163 millones de dólares", aseguró, antes de rematar: "Éste es el número que importa, no los 5000 millones que pueda o no valer YPF".

Pese al rechazo del grueso del arco político opositor, el kirchnerismo logró anoche aprobar en el Senado el acuerdo con Repsol, que contempla el resarcimiento por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Poco antes de la una de la mañana, el oficialismo reunió 42 votos para darle media sanción al proyecto, con el apoyo de sus fieles aliados y del opositor Movimiento Popular Neuquino. Hubo 18 votos en contra y 8 abstenciones.

El MPN abrió el debate a través del gremialista petrolero Guillermo Pereyra, quien defendió el convenio al afirmar que “abre las puertas a inversiones” y significa “un paso importantísimo rumbo al autoabastecimiento energético” del país. Para justificar su voto afirmativo -y el de su compañera de bloque Lucila Crexell- y despejar dudas por su presunta funcionalidad a los K, recordó que en 2013 se opuso a las “condiciones desventajosas” que el Gobierno aceptó en el acuerdo con Chevron por el yacimiento Vaca Muerta.

Luego fue el turno de Aníbal Fernández, quien como miembro informante del FPV salió al cruce de los cuestionamientos que realizó la oposición en torno al monto de la indemnización. “En ningún caso Repsol podrá recibir más de 5.000 millones de dólares” que estipula el acuerdo, aseguró. Para legisladores de la UCR y el FAP-UNEN, la cifra, con los intereses hasta 2033, superará ampliamente los US$ 10 mil millones.

El monto de la indemnización fue uno de los ejes en los que basó sus principales cuestionamientos el titular del Comité Nacional de la UCR, Ernesto Sanz. Tras la intervención de Aníbal Fernández, afirmó que “hay un sobreprecio por mala praxis” y adelantó que “con coherencia y convicción la UCR no convalida” el acuerdo. También, apuntó directamente contra Cristina: “Quienes hoy gobiernan, en los 90 apoyaron la privatización porque le convenía a Santa Cruz, pese a que perjudicaba al país”. Las críticas del líder radical culminaron con un golpe por elevación hacia Pereyra. “Soy el primero de la oposición en hablar”, soltó, con ironía, en clara disconformidad con la postura adoptada por el neuquino. Desde la UCR, también hubo críticas al accionar del Tribunal de Tasación. El jefe del bloque, Gerardo Morales, advirtió que la tasación fue “un dibujo” y que se paga “por una empresa vaciada el precio de una recuperada”.

En un sentido similar se pronunció Fernando “Pino” Solanas (FAP-UNEN), quien denunció que el Gobierno “le está regalando dinero a Repsol” y que “se va a terminar pagando este pacto durante 4 o 5 períodos presidenciables”. También desde el bloque de centroizquierda, Rubén Giustiniani, advirtió irregularidades en el proceso de negociación. “Sólo la urgencia de un Gobierno necesitado de préstamos internacionales explican esta negociación y el pago discrecional a una empresa que vació de reservas el país”, indicó.

Desde el interbloque del Peronismo Federal, cuyos integrantes finalmente acordaron abstenerse (a excepción de Carlos Verna, que votó afirmativamente), la puntana Liliana Negre de Alonso remarcó que en la indemnización “no se contemplaron los pasivos ambientales que están en los informes oficiales de las provincias argentinas afectadas”. También adelantó su abstención el PRO, que se había opuesto en 2012 a la expropiación. “Siempre dijimos que había que pagar, porque si no era una confiscación. Pero votar afirmativamente es convalidar un proceso que fue mal hecho”, argumentó Diego Santilli.
Ahora, el texto deberá ser convalidado en Diputados antes del 1 de mayo, fecha tope fijada por el Gobierno con Repsol.l.

El Frente para la Victoria (FpV) consiguió la aprobación en el Senado del Acuerdo YPF-Repsol, por el cual se pagarán 5000 millones de dólares en títulos públicos a largo plazo, equivalentes a la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la compañía. El oficialismo consiguió 42 votos a favor, con el apoyo del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el Frente Cívico por Santiago y los peronistas de La Pampa. Los votos en contra fueron 18. Guillermo Pereyra (MPN), titular de la Comisión de Energía y sindicalista petrolero, fue criticado duramente por el radicalismo. “Este acuerdo tiene coimas institucionales ocultas que se traducen en regalías para los sindicatos”, sostuvo Mario Cimadevilla (UCR), en alusión al posicionamiento del sindicalista. El interbloque del Peronismo Federal, integrado por los senadores Adolfo Rodríguez Saá, de San Luis; Carlos Reutemann (Santa Fe), Juan Carlos Romero (Salta), Roberto Basualdo (San Juan), Jorge Garramuño (Tierra del Fuego) y Graciela Di Perna, se abstuvo. El PRO, integrado por Diego Santilli y Alfredo De Angeli, también se abstuvo. Gabriela Michetti no estuvo en la sesión, ya que se encontraba de viaje por Nueva York. El radicalismo, el FAP y Unen fueron los que votaron en contra. La iniciativa será tratada en Diputados a partir del 7 de abril.

“El objetivo que persigue el acuerdo es el autoabastecimiento hidrocarburífero. Servirá para ratificar el rumbo que iniciamos hace dos años”, sostuvo Aníbal Fernández al comienzo del debate. El segundo miembro informante fue Pereyra, sindicalista petrolero opositor al gobierno nacional, alineado sindicalmente con Hugo Moyano. “El acuerdo abre las puertas a las inversiones. De otra manera no podría haber sido posible. Sin un convenio amistoso con la petrolera española, el país tendría que afrontar más de 320 juicios internacionales en el Ciadi. Por eso creo que estamos dando un paso importantísimo. Tenemos la gran oportunidad de transformar la energía en nuestro país”, sostuvo el neuquino, quien más allá de acompañar el proyecto, criticó el acuerdo con Chevron.

En un debate que duró aproximadamente doce horas, los representantes de los distintos bloques repitieron las posiciones que ya habían expresado durante los plenarios de las comisiones de Presupuesto y Energía sin muchos sobresaltos ni sorpresas. “La pregunta es si estamos mejor o peor que hace dos años. El déficit energético 2013, según el Indec, fue de 6163 millones de dólares. Es decir, desde que se votó la ley que declaró de interés público la producción de hidrocarburos, el déficit creció más de 3000 millones. Este es el número que importa y no los 5000 millones que se pagarán por la expropiación”, sostuvo Ernesto Sanz, presidente de la UCR, quien agregó: “Ya sea por juicio o avenimiento, el precio debe fijarse por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Esto no existe. El dictamen que presentó el tribunal será puntualmente destruido por el resto de los integrantes de la bancada”.

Sanz basó parte de su argumento en el déficit energético del país. Sin embargo, obvió el dato informado por el propio presidente de YPF, Miguel Galuccio, en ocasión de su visita al Senado: a partir de la expropiación del 51 por ciento de las acciones, la compañía le permitió al Estado ahorrarse 1200 millones de dólares en la importación de gas, como consecuencia directa del aumento de la producción.

“Se cierra una nueva página negra, el vaciamiento de YPF que incluyó la entrada de Eskenazi, que fue quien permitió que la empresa perdiera participación de mercado. También convalidó una estampida en los precios de los combustibles, que fue el primer disparador de la inflación. Esto de que teníamos que firmar la expropiación por la soberanía nacional es parte de los cuentos de la tía, la tía vieja. Ningún gobierno desde Menem en adelante les exigió inversiones a las petroleras. Esto es una colonia de cuarta”, sostuvo Fernando “Pino” Solanas (Unen).

Las alusiones a Menem no hicieron mella en el riojano, ya que no estuvo presente en el debate, como suele ocurrir en la mayoría de las sesiones. Tampoco estuvo presente Michetti, de viaje por los Estados Unidos para participar de un encuentro con distintos referentes políticos de la región.

El entrerriano Alfredo De Angeli estrenó su bancada con un juego de adivinanzas. “¿Cómo van a votar?”, le preguntaron al ruralista algunos periodistas apostados en los pasillos del Senado. “Ah, no sé, no les voy a decir. Van a tener que esperar hasta el final”, dijo riéndose. De Angeli se retiró de la minirronda de prensa acentuando con sus manos la incógnita que había sembrado. Pero la incógnita quedó trunca cuando Diego Santilli llegó al recinto: “Nos vamos a abstener”, sostuvo el otro senador del PRO. “No aprobar este acuerdo sería como decir que está bien quedarse con una empresa sin pagar. Hoy lo que se intenta es subsanar este proceso que trajo graves consecuencias para los argentinos”, sostuvo el macrista.

El pampeano Carlos Verna votó a favor, aunque no reparó en críticas hacia el Poder Ejecutivo. “Yo no quiero más Chevron, no quiero que vengan a asociarse con YPF y se lleven el petróleo sin pagar retenciones”, indicó el senador, para luego anunciar que, como había votado la expropiación, votaría a favor del acuerdo bajo análisis.

“Lo que no entienden Galuccio ni este gobierno es que el dueño de YPF es la sociedad argentina, y no debe haber secreto para con la sociedad. Como somos parte de la empresa, debemos conocer el acuerdo con Chevron. La política energética petrolera es una materia pendiente en donde debemos encontrar una salida común para recuperar el autoabastecimiento”, analizó el puntano Adolfo Rodríguez Saá.

Según la Agencia Estadounidense de Energía, el país tiene 802 billones de metros cúbicos de gas y 27 mil millones de barriles de petróleo no convencionales, las que ubican al país como el segundo y cuarto reservorio a nivel mundial, respectivamente. El acuerdo con Chevron abarca un área de sólo 20 kilómetros cuadrados, donde la firma invertirá 1240 millones de dólares.

“La estrategia de Repsol fue el bloqueo para que YPF se desarrolle.

Chevron fue una punta de ruptura. Teníamos sobre nosotros los juicios en el Ciadi. Con la convicción de lo que fue una ruptura, los mexicanos apretaron a Brufau. Si YPF estaba inhabilitada para crecer, ¿para qué carajo estaba la empresa? Entonces, los distintos inversores apuraron para llegar a un acuerdo. Es en ese marco que la Presidenta agradeció las negociaciones de Rajoy y Peña Nieto, para poner a la Argentina en la carrera de los hidrocarburos no convencionales y convertirnos en actores fuertes de la geopolítica del Atlántico Sur”, concluyó el neuquino Marcelo Fuentes.