El jefe del Gabinete Ministerial, René Cornejo, sostuvo hoy que el Gobierno no va a “transar” con la minería ilegal y, además, rechazó los actos de violencia protagonizados por un grupo de manifestantes en las calles del Centro de Lima, donde incluso voltearon un auto que estaba estacionado en la pista.
En conferencia de prensa, Cornejo explicó que ya han llegado a un acuerdo con los representantes de Arequipa, Apurímac y Ayacucho. Sin embargo, indicó que aún les falta dialogar con los mineros ilegales de Puno y Madre de Dios.
“Lo que quedaría son otras zonas menores y Puerto Maldonado. En este último sitio, se concentra buena parte de la minería ilegal que explota donde no es posible formalizar. Son zonas que deben dejar y donde se orientaron inicialmente las tareas de interdicción”, manifestó.
Cornejo deploró los actos de violencia en el Centro de Lima e indicó que “el Estado no negocia con quien toma como rehenes a los propios ciudadanos, eso es inadmisible”.
“En esa línea, nosotros confiamos que muy pronto vamos a llegar a acuerdos con Puno y Madre Dios, aquí solo los mineros pueden ser formalizados”, añadió.
INTELIGENCIA ANALIZA PROTESTA
Sobre los mineros ilegales que ocupan la Plaza 2 de Mayo, Cornejo señaló que esa área es parte de la Lima es parte del patrimonio histórico de la ciudad, por lo que indicó que debe ser protegida.
Por ello, anunció que se darán las instrucciones para que las fuerzas del orden “procedan de acuerdo a ley y que no se permitan que sigan perturbando el orden público. Esto va de la mano con las negociaciones para que las bases de los mineros se retiren”, dijo.
Para concluir, el jefe del Gabinete Ministerial aseguró que Inteligencia está analizando las protestas, a fin de determinar si en estas participan integrantes del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.
El Ejecutivo retomará con más fuerza y ahínco la lucha contra la minería ilegal y no le dará tregua a esta actividad, aseguró hoy el alto comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería de la Presidencia del Consejo de Ministros, Daniel Urresti.
"Hay una plena convicción de que el Gobierno está atacando directamente, agarrando al toro por astas ante un problema que creció por muchos años y que encontramos en una situación en que podía desbordar", indicó.
Según resaltó, se tomó la decisión de "luchar a muerte" contra la ilegalidad en la minería, por tratarse de un asunto que compromete la salud de las personas, la geografía y el hábitat natural del país.
"Tenemos la responsabilidad de luchar (...) Esta es una lucha terrible porque son mafias organizadas", manifestó en Radio Programas del Perú (RPP).
En esta labor, el funcionario destacó el papel conjunto que se realiza con el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el Ministerio del Interior.
Asimismo indicó que en las protestas de los informales registradas en los últimos días hubo mucha confusión generada por los ilegales, pero el diálogo permitió aclarar el tema y avanzar en la formalización.
"Los reclamos que hacían era por total desconocimiento. En Chala (Arequipa) se tomó la carretera porque estaban convencidos de que los iban a interdictar y las normas al respecto son claras: a todos los que están en proceso en formalización no se les interdicta", puntualizó Urresti.
Mencionó, en ese sentido, que se revisó las normas al detalle con los informales, ellos las aceptaron, coincidieron en que no habrá plazos más allá del 19 de abril y junto con el Gobierno seguirán en el proceso de formalización.
Dijo, además, que en este acuerdo alcanzado con los mineros informales el Ejecutivo no ha aceptado nada nuevo y, a su vez, ha permitido demostrar que es posible restablecer el orden mediante el diálogo, sin toma de carreteras ni presiones de por medio.
Asimismo, señaló que un segundo avance logrado con estas conversaciones fue el de dejar en evidencia que los dirigentes defederaciones nacionales representaban a los ilegales y no a los informales.
Recordó que en un inicio se reunía con ellos pensando que eran la voz de los informales pero conforme pasaron los meses se llegó a la conclusión de que estaban guiados por los intereses de los ilegales, de aquellos que buscan seguir en zonas prohibidas, depredando la ecología
Por ello, aseveró, en adelante el trabajo de coordinación seguirá con las bases regionales, con las cuales se han llegado a los acuerdos.
Tras recordar que a la fecha hay 70,000 informales en proceso formalización, sostuvo que hoy esperan reunirse con la base regional de mineros informales de Puno.
FORMALIZACIÓN MINERA. No importa cuánto pataleen, ni la cantidad de bloqueos que organicen, el Ejecutivo está haciendo lo correcto en, finalmente, afrontar con firmeza el gran problema que supone la minería informal e ilegal para nuestro país. Independientemente del motivo de fondo, el gobierno tiene el deber de proteger el Estado de Derecho; y una forma de hacerlo es mandando el mensaje a sus ciudadanos de que no se doblegará ante chantajes de violencia ejercidos por grupos de presión específicos (lo que no quiere decir, por ningún motivo, que los ciudadanos no tengan derecho a reclamar o protestar ni que estos no deban ser escuchados).
Pero para que su mensaje tenga validez alguna, el Gobierno debe asegurarse de contar con los recursos necesarios para implementar una fiscalización real. Para ello, en ediciones anteriores hemos dicho que es necesaria una mayor participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, a la misma vez que una mayor presencia de policías y fiscales en zonas donde se realizan las extracciones ilegales. Pero para desarrollar una política integral (que suelen ser las más efectivas) debe existir también un control ex-ante de insumos –combustibles, mercurio, etc.- así como un control ex–post en las plantas de procesamiento (donde todo el oro llega eventualmente y donde es más fácil ejercer algún tipo de control debido a la cantidad de estos respecto a la cantidad de minas informales e ilegales).
Sin embargo, no hay que perder de vista que la minería informal e ilegal es un tema complejo que involucra a medio millón de peruanos. Teniendo estas dimensiones en cuenta, el Estado debe ser sensible a las necesidades de todos aquellos que demuestren la voluntad de regirse por las de la ley. Así, a los que se inscriban hasta el 19 de abril, se les deberá facilitar la vida en vez de complicársela. Y para todos los trabajadores que vayan a resultar desplazados de esta actividad, el Gobierno debe tener preparado un plan de reconversión empresarial. Por ello, suena auspiciosa la estrategia de saneamiento, anunciada ayer por el Ministro del Ambiente, que ha ideado el gobierno en conjunto con algunos gremios mineros, previendo cada una de estas aristas.
Porque si se hace algo, se debe hacer bien.
