Un fuerte descenso registraron los proyectos de inversión presentados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) durante el primer trimestre de este año. Si entre enero y marzo de 2013 el organismo estatal recibió 266 iniciativas (por un total de US$ 16.534 millones) , en el mismo período de 2014 sólo llegaron 109 (equivalentes a US$ 2.834 millones).

Con ello, en el último año el número de proyectos bajó 60%, mientras que el monto involucrado retrocedió 83%. Se trata del menor nivel observado desde fines de los 90, cuando hubo un mínimo de ocho proyectos.

A la hora de explicar la ralentización, los especialistas coinciden en tres factores: la maduración del ciclo de inversiones mineras, las modificaciones que se introdujeron al reglamento del Seia en diciembre pasado y la reforma tributaria.

Más que un menor interés en invertir, los técnicos explican que en el actual escenario de cambios los empresarios han optado por esperar que se defina la nueva normativa antes de someter nuevos proyectos al sistema de evaluación.

“Lo que está predominando es un deseo de esperar a ver qué sucede. Los inversionistas prefieren esperar hasta una vez que esté claro el tema tributario e institucional. Hoy se trata básicamente de incertidumbre; mañana podría ser una combinación de incertidumbre y menor rentabilidad esperada”, asegura Alejandro Fernández, gerente de estudios de la consultora Gemines. El economista agrega que se trata de una coyuntura particular para los inversionistas, ya que además de la desaceleración económica, es la primera vez que una reforma tributaria se llevará a cabo en los primeros meses de un gobierno.

“Ante eso la reacción es natural, porque el tema de fondo no es que los impuestos suban o no, sino el futuro del FUT y de los incentivos a la inversión. La respuesta racional de cualquier empresario es esperar a que los nuevos incentivos estén claros e implementados para enviar proyectos”, añade Fernández.

Angel Cabrera, socio de Forecast, dice que la caída en los proyectos presentados se relaciona con la tendencia observada durante los últimos trimestres, que se intensificó haciaR fines del año pasado y a comienzos de este. Pero también acota que parte de este comportamiento “refleja la incertidumbre frente a los cambios normativos que se introducirán en materia tributaria, medioambiental y laboral”.

Por su parte, el director del Servicio de Evaluación Ambiental, Jorge Troncoso, atribuye la menor inversión netamente al reglamento que entró en vigencia en diciembre. “Gran cantidad de proyectos se concentró hacia fines del año pasado, para ingresar en el marco del reglamento anterior (...). Hoy hay más exigencias para someter un proyecto a evaluación, la estructura de las declaraciones y estudios de impacto ambiental debe ser mucho más rigurosa”, señala.

Temores del sector privado

Si bien comparten que actualmente la “barrera” para que un proyecto de inversión entre a evaluación es “más alta”, desde el sector privado no dudan en apuntar hacia la reforma tributaria al momento de buscar razones.

“No hay inversionista o empresario grande en el país, ni en el extranjero, que no esté en una actitud de espera para invertir hasta conocer el detalle del proyecto”, defiende un representante gremial. Esto, explica, porque “cuando se elabora un proyecto y se calcula la tasa interna de retorno, se consideran todos los costos del proyecto, y hoy se desconocen variables muy relevantes para determinar la rentabilidad”, acota.

Si bien reconoce que no es el único factor en juego, otro empresario advierte que lo que ocurra hacia adelante dependerá de las características del nuevo sistema impositivo. “El peor escenario es que la ley incorpore tributos adicionales a los que se dieron a conocer a mediados del año pasado. Junto a ello, la posibilidad de que en el detalle existan problemas de implementación en la manera en cómo se emigre de un sistema a otro. Las inversiones son muy sensibles a esos cambios. Además, nadie evalúa proyectos grandes a menos de cuatro años, por lo que si ese es el plazo del régimen, no soluciona el problema”, critican.

Además del mecanismo que reemplazará al FUT, puntualizan que les preocupa saber de qué manera se concretarán los cambios a la depreciación de activos.