Sospechas de sobornos y polémica por la supuesta compra sobrevalorada de una refinería han puesto en aprietos a la gigante estatal brasileña Petrobras, complicando no sólo al gobierno sino a la propia presidenta Dilma Rousseff en pleno año electoral.

La oposición brasileña en el Congreso, liderada por la Social Democracia Brasileña (PSDB), sus principales rivales políticos, busca crear una comisión de amplios poderes que investigue la millonaria compra de una refinería en Pasadena, Estados Unidos.

Esta propuesta ha sido respaldada por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, del mismo partido, que antes se había opuesto a esa posibilidad.

El caso también está en la justicia que, según la prensa, no ha descartado citar a los miembros del consejo directivo de Petrobras que participaron en aquella decisión de compra, incluida Rousseff, que lo lideraba.

Paralelamente, una comisión de la Cámara de Diputados investiga acusaciones de millonarios sobornos a funcionarios de Petrobras por parte de la holandesa SBM Offshore, para obtener contratos de alquiler de plataformas petroleras.

Además, aunque no es un hecho ligado directamente a Petrobras, la semana pasada la policía detuvo al exdirector de Refinación y Abastecimiento de la empresa, Paulo Roberto Costa, acusándolo de tener vínculos con una organización de lavado de dinero desde la consultora que creó cuando dejó el cargo.

En el 2006, Rousseff, exministra de Energía y Minas de Luiz Inacio Lula da Silva, lideraba el consejo directivo de Petrobras, que autorizó pagar a la belga Astra Oil 370 millones de dólares por el 50% de una refinería en Pasadena, Estados Unidos.

Según reveló el diario O Estado de Sao Paulo, Astra Oil había comprado esa planta un año antes por 42,5 millones de dólares. La cosa se agravó cuando, dos años después, Petrobras se vio obligada a comprar la otra mitad de la refinería, porque una cláusula en el contrato lo obligaba a hacerlo si había desacuerdo entre los socios.

Así, tras perder un arbitraje, Petrobras terminó pagando 1.180 millones de dólares por el total de la planta, con intereses y multas.

La factura fue pagada en el 2012 y fue allí cuando el tema saltó a la justicia. Recientemente Rousseff informó que sólo supo de aquellas cláusulas dos años después de la operación, porque el informe que recibió en aquella ocasión era incompleto.

Para algunos analistas, Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda), se disparó en el pie al salir a dar aquella explicación de su participación en la operación, porque trasladó la crisis al gobierno, en momentos en que busca su reelección.

"Con estas acusaciones, el gobierno se va a tener que defender. El tema ya golpeó a la presidenta. Ella era presentada como experta en el sector, como buena gerenta, y con lo ocurrido esa imagen se perjudica", dijo a la AFP André César, analista de la consultora Prospectiva.

Ante ello, sus adversarios políticos se lanzaron a solicitar una investigación. "En caso los esclarecimientos no sean suficientes, allí cabe pedir una comisión investigadora (en el Congreso)", dijo el virtual candidato a la presidencia por el Partido Socialista Brasileño (PSB), Eduardo Campos, tercero en las encuestas.

"Los acontecimientos sobre Petrobras son de tal gravedad que la propia presidenta, arriesgándose a ser tomada como una mala gestora, prefirió reconocer que dio un mal paso en el caso de la refinería (...) Más que nunca se impone investigar los hechos", dijo el exgobernante Fernando Henrique Cardoso.

Y si bien la oposición puede generar ruido con una investigación a la petrolera, para el analista César el tema Petrobras tal vez no despierte mucha atención en el electorado.

"Al electorado le importa su economía, si el salario le alcanza, su capacidad adquisitiva. El tema Petrobras es muy sofisticado", agregó.

Y, mientras esto transcurre, Petrobras es mirada con preocupación en el mercado.

Según una reciente nota del diario especializado Financial Times, la firma brasileña pasó, en cinco años, del puesto 12 al puesto 120 de las mayores empresas del mundo, con un valor de mercado de 76.600 millones de dólares, mientras que su deuda líquida asciende a unos 96.000 millones de dólares.

Sospechas de sobornos y polémica por la supuesta compra sobrevalorada de una refinería han puesto en aprietos a la gigante estatal brasileña Petrobras, complicando no sólo al gobierno sino a la propia presidenta Dilma Rousseff en pleno año electoral.

La oposición brasileña en el Congreso, liderada por la Social Democracia Brasileña (PSDB), sus principales rivales políticos, busca crear una comisión de amplios poderes que investigue la millonaria compra de una refinería en Pasadena, Estados Unidos.

Esta propuesta ha sido respaldada por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, del mismo partido, que antes se había opuesto a esa posibilidad.

El caso también está en la justicia que, según la prensa, no ha descartado citar a los miembros del consejo directivo de Petrobras que participaron en aquella decisión de compra, incluida Rousseff, que lo lideraba. Paralelamente, una comisión de la Cámara de Diputados investiga acusaciones de millonarios sobornos a funcionarios de Petrobras por parte de la holandesa SBM Offshore, para obtener contratos de alquiler de plataformas petroleras.

Además, aunque no es un hecho ligado directamente a Petrobras, la semana pasada la policía detuvo al exdirector de Refinación y Abastecimiento de la empresa, Paulo Roberto Costa, acusándolo de tener vínculos con una organización de lavado de dinero desde la consultora que creó cuando dejó el cargo. En el 2006, Rousseff, ex ministra de Energía y Minas de Luiz Inacio Lula da Silva, lideraba el consejo directivo de Petrobras, que autorizó pagar a la belga Astra Oil 370 millones de dólares por el 50% de una refinería en Pasadena, Estados Unidos.

Según reveló el diario O Estado de Sao Paulo, Astra Oil había comprado esa planta un año antes por 42,5 millones de dólares. La cosa se agravó cuando, dos años después, Petrobras se vio obligada a comprar la otra mitad de la refinería, porque una cláusula en el contrato lo obligaba a hacerlo si había desacuerdo entre los socios.

Así, tras perder un arbitraje, Petrobras terminó pagando 1.180 millones de dólares por el total de la planta, con intereses y multas.