Un Proyecto de Ley, que lleva por número S-0210/14, exige unificar el precio de las naftas y el gasoil en todo el territorio de la República Argentina así como las condiciones de venta entre empresas comercializadoras y estaciones de servicio

La iniciativa lleva la autoría de la Senadora nacional por el Frente para la Victoria, Sandra Giménez, quien además apunta que tal situación debe reflejarse en los precios al consumidor, tanto en las bocas de expendio que se encuentren vinculadas con las empresas petroleras como en aquellas en las que tienen alguna participación en la propiedad.

La legisladora explica que en el interior del país el valor de los combustibles es significativamente superior al que se registra en el área metropolitana. “A esto debemos sumar que las distancias recorridas en el interior del país son superiores y las fuentes de energía alternativa, o bien no están disponibles, o tienen un precio alto. Esta situación impone un costo injustamente alto a las jurisdicciones provinciales, su población y su producción”, sostiene.

Haciendo referencia a su provincia de origen, Giménez afirma que la diferencia en el precio del combustible no se explica por el costo del transporte ni por el diferencial impositivo entre las distintas regiones. “Si analizamos la carga impositiva, nos encontramos con que en la provincia de Misiones se cobra el impuesto a los ingresos brutos al expendio de combustible sobre el diferencial entre el precio de compra y de venta mientras que en la Capital Federal, así como en Buenos Aires, la base imponible del impuesto a los ingresos brutos es el precio de venta sin impuestos más el impuesto a los combustibles, con lo cual, la carga impositiva provincial resulta superior en el Área Metropolitana que en la provincia de Misiones”, grafica.

El reclamo no es nuevo, en 2009 bajo el expediente 1287/09 fue presentado unProyecto solicitando la intervención de la Secretaría de Comercio Interior y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, así como denuncias ante el INADI por discriminación. “Se deben equiparar las condiciones de comercialización y el precio de los combustibles derivados que las empresas petroleras imponen a las estaciones de servicio que están ligadas a las mimas mediante contratos o sean de su propiedad”, exigió finalmente Giménez.