¿Qué tienen en común la minería, el transporte público, la pesca y la educación? Las reformas urgentes de los cuatro sectores enfrentan al Estado al temor del descontento de una gran masa de afectados.

El gobierno ha sido (hasta el momento) decidido en combatir la ilegalidad en el primero, lento (por medio de la Municipalidad de Lima) en ordenar el segundo, controversial en solucionar los problemas del tercero y timorato para ajustar las clavijas en el cuarto. Todos comparten la cualidad de tener a un grupo de gente potencial desestabilizador que puede escudarse en el argumento de su pobreza o carencia de alternativas para huir de la fiscalización o mantener un modo de operar desfavorable para el resto de la sociedad.

Las federaciones, confederaciones y sindicatos únicos tienen el poder de bloquear las vías principales y generar primeras planas con enfrentamientos con las fuerzas del orden en protestas que generan una imagen de inestabilidad e inseguridad. Ese es el medio por el que se acogota al Estado para frenar acciones estrictamente necesarias y que lo obliga a aplicar la medicina con anestesia para hacer viable el proceso, bajo el costo de prolongar el statu quo en los vicios, defectos e infracciones que se buscan corregir.

Eso es lo que ocurre en este momento con la minería ilegal ante la aproximación del vencimiento del plazo para el fin del proceso de formalización, el 19 de abril. Según refiere el alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Minería Ilegal, Interdicción y Remediación ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros, Daniel Urresti, a lo mucho 30,000 de los 70,000 mineros informales, categoría creada para distinguir a los que se sujetaron a un proceso de acomodamiento a las normas por medio de la regularización de las concesiones mineras y los contratos de cesión o explotación, están en condiciones de regularizar su situación. Esto quiere decir que menos del 10% de los supuestos 300,000 mineros ilegales del Perú podrá sanear su situación.

La Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) y la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú (Conami) se han convertido en los nuevos Sutep y CGTP. La diferencia es que los mineros cuentan con recursos para financiar sus protestas por cuenta propia en lugar de los casos anteriores, en los que hasta se rumoreó la infiltración del chavismo.

Si el Estado decide seguir con la política de interdicción para erradicar la minería ilegal, deberá asumir el costo de enfrentar a un grupo organizado y que ha tendido puentes con otras actividades delincuenciales, como el narcotráfco y el contrabando. Este último abastece del combustible que no se puede conseguir por el control de insumos del gobierno en Madre de Dios.

De hecho, sorprende que algunos analistas políticos y gerentes de grandes empresas del sector formal critiquen el proceso de interdicción. Ellos afirman que el Estado debe actuar con inteligencia para lograr su objetivo final y no quemar sus cartuchos en intentos infructuosos que solamente agitarán las aguas y no podrán ir al ritmo de la regeneración de los ilegales, que pueden reconstruir plantas de beneficio con facilidad y operan en zonas difíciles de fiscalizar por su geografía y extensión.

Sin embargo, en la contraparte nada justifica la actitud paternalista de proteger a los ilegales con el argumento de que se trata del único sustento económico de cientos de miles de familias. Eso solamente aumenta la potencia de la bomba de tiempo que se va pasando a quienes en algún momento deban resolver un problema que cada vez se hará más crítico. La contaminación y la deforestación, la explotación y la prostitución infantil están de por medio.

Hasta el momento el gobierno ha sorprendido con su firmeza, pero le queda pendiente enfrentarse al reto de dejar de hincar cuando la bestia comienza a rugir. Está frente a la decisión de desatar o cortar un nudo gordiano, o humaliano, como ironiza la portada de la última edición de SEMANAeconómica, en la que podrá encontrar más detalles sobre el impacto económico de la minería ilegal y las opiniones de especialistas sobre el proceso de formalización.