Es  una paradoja que el destino de Cristina Kirchner , la hija de una antigua militante de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliario de La Plata, esté hoy en manos de los gremios .

El porcentaje de aumento salarial que terminen aceptando va a ser determinante para dos variables decisivas de la economía: el déficit fiscal y el nivel de reservas monetarias.

Juan Carlos Fábrega , el presidente del Banco Central, sabe que la provisoria pax cambiaria que consiguió para su jefa pende del hilo de un difícil entendimiento sindical.

Hugo Moyano y Luis Barrionuevo convocaron el jueves pasado a un paro general . Hoy volverán a reunirse y quizá le pongan fecha: ¿9 o 10 de abril? La imprecisión es maliciosa. Además de reclamar ante el Gobierno, la huelga pretende arrastrar al resto del sindicalismo. A los dirigentes subordinados al Gobierno se les vuelve imposible, delante de sus representados, moderar sus pretensiones en vísperas de una medida de fuerza.

Al revés: desde la CGT-Balcarce comenzaron a aproximarse a los combativos. Antonio Caló (UOM), Ricardo Pignanelli (Smata), Armando Cavalieri (Comercio), Rafael Mancuso (Luz y Fuerza) y Hugo Ferreyra (segundo de la Uocra) se reunieron también el jueves, antes del plenario de las CGT disidentes. El conciliábulo fue promovido por José Luis Lingeri, "Mr. Cloro", quien tiene un túnel siempre activo con Moyano. No era el mejor momento. Caló acababa de ser desbordado por su propia organización cuando propuso aceptar un aumento inferior al 30%. Frente a los demás secretarios el metalúrgico tuvo una catarsis: "¿Qué más quiere el kirchnerismo de mí? ¿Que entregue mi cabeza? Los míos ganan cuatro lucas. ¿Cómo logro que se queden quietos si los camioneros paran ganando 20 lucas? Yo agarro mis nietos, me voy de viaje y que se arreglen como puedan".

Entre los oficialistas se advierte que todo el sindicalismo se volverá más exigente. Moyano y Barrionuevo prometen paralizar el país. Detrás de ellos se encolumnan los principales gremios del transporte: los colectiveros de Roberto Fernández, los ferroviarios de Omar Maturano, los técnicos aeronáuticos de Ricardo Cirielli, los portuarios de Juan Corvalán y los empleados de estaciones de servicios de Gerónimo Sanabria, que ya acordó un aumento del 36% anual. ¿Qué pueden hacer los dirigentes que obedecen al Gobierno si sus afiliados no pueden siquiera ir a trabajar? Adherir, en silencio, a la medida.

El momento también ayuda a Barrionuevo y a Moyano. Es difícil que un gremialista pueda oponerse a una huelga, cuando la inflación supera el 3% durante dos meses seguidos. Es decir, cuando el ajuste monetario todavía no presenta sus efectos. También sacan provecho del malestar de los docentes, cuyo conflicto bonaerense todavía sigue abierto. Además, gremialistas de la CGT-Balcarce están molestos con los funcionarios oficiales. Pensaban cobrar su mansedumbre con fondos para sus obras sociales. Pero apenas les prometieron 160 millones de pesos para todo el año. Migajas. Se entiende, entonces, que Caló y sus amigos hayan mandado a Moyano y Barrionuevo un mensaje muy sucinto a través de un amigo común: "Haremos la unidad en la acción".

Las paritarias son decisivas para la precaria estabilidad que consiguió Juan Carlos Fábrega desde el Banco Central. Esas negociaciones influyen sobre dos variables cruciales: el déficit fiscal y el nivel de reservas internacionales. Las paritarias de los empleados del Estado determinan la magnitud del gasto público. Si bien los sueldos representan sólo el 13% de las erogaciones de la administración central, para el conjunto de las provincias esa proporción llega al 48%. Además, las fluctuaciones salariales de los trabajadores activos inciden en la actualización de las jubilaciones que paga la Anses.

Como para financiar una parte importante de todos esos compromisos el Tesoro recurre al Banco Central, los acuerdos sindicales tendrán una influencia directa en el nivel de emisión. Ésta es la razón por la cual Fábrega ve en la peripecia de los gremios una espada que oscila sobre su propia cabeza.

El presidente del Central ha seducido a muchos operadores de la City. Los economistas apuestan a que, con la tasa de interés de las Lebac en 30%, seguirá secando la plaza. Ya lleva absorbidos más de 45.000 millones de pesos. Además, el secretario de Finanzas, Pablo López, negocia con los bancos la colocación de un bono en pesos que tendría un rendimiento bastante atractivo: Badlar (26,5%) más un spread de alrededor de 2 puntos. Así se aspirarían entre 2000 y 5000 millones de pesos más.

Los expertos calculan que si Fábrega mantiene esa tendencia y la complementa con una devaluación mensual de 1,5%, en un par de meses la inflación podría estar descendiendo a menos de 2%. La tasa podría, entonces, también bajar.

Esa dinámica depende, claro, de lo que suceda con el gasto público. Si, para asistir a Axel Kicillof, Fábrega debe emitir más, la absorción de esos pesos lo obligará a incrementar la tasa a niveles insostenibles. De modo que el mercado se preparará para un nuevo pico inflacionario y una nueva devaluación.

Para establecer una relación sencilla -y, por lo tanto, imperfecta- entre los acuerdos salariales y la emisión monetaria, los economistas observan estas cifras: con un arreglo de alrededor del 27%, Fábrega debería emitir 130.000 millones de pesos, lo que le permitiría tener la situación controlada; en cambio, si el aumento es superior al 30%, la emisión debería llegar a 200.000 millones de pesos, lo que llevaría a otro infarto de la economía.

Los sindicatos también tienen en sus manos al Gobierno porque, con sus exigencias, influirán sobre los niveles de consumo. Es decir, condicionan la demanda agregada, que para Cristina Kirchner es -o era, ya no se sabe- la piedra filosofal de toda política económica. Si los salarios aumentan por encima del 30%, el consumo y el nivel de actividad seguirán altos. Por lo tanto, aumentarán las importaciones, con la consecuente pérdida de reservas del Banco Central.

Cuando se detecta esta vinculación directa entre movilización del sindicalismo y recuperación o deterioro del Gobierno, se vuelven más sugerentes algunos alineamientos gremiales en el campo electoral. No se puede tomar como una casualidad que para mediados del mes próximo Barrionuevo esté inaugurando una Mesa Sindical bajo la consigna "Massa Presidente". Barrionuevo suele aferrarse a cábalas. En 1988 tuvo una iniciativa parecida a favor de Carlos Menem. Fue en la sede de la Unión Tranviarios Automotor. ¿Repetirá el lugar? El secretario general del gremio, Fernández, está entre los huelguistas que se reunirán mañana. ¿Moyano también se integrará a este experimento? Es probable: está convencido de que el mejor antídoto ante las presiones judiciales del Gobierno es politizarse. De todos modos, ni Barrionuevo ni Moyano estarán en la foto con Massa: "Vamos a dejar lugar a gente nueva", dice "Luisito". Parece otra persona.

El vector sindical es muy relevante para la disciplina interna del peronismo. A Cristina Kirchner le costará mantener el orden del rebaño en un contexto de efervescencia social y presión inflacionaria. También Scioli se complica con el deterioro del Gobierno. Massa, en cambio, festejaría la dispersión en el oficialismo.

En el caso de las negociaciones salariales, el joven candidato a presidente tiene también alguna cuenta personal para saldar. Desde 2001 Massa tiene un conflicto larvado con Carlos Tomada, el responsable de ofrecer a la Presidenta un año de calma sindical. Durante la gestión de Eduardo Duhalde, Tomada era viceministro de Trabajo y Massa estaba al frente de la Anses. Se llevaban pésimo. Bastó que llegara Néstor Kirchner al poder para que Tomada le pidiera la cabeza del rival. Pero Massa consiguió un abogado influyente: el hombre del nuevo presidente en la Secretaría de Inteligencia, Francisco Larcher. La amistad entre Massa y Larcher nació hacia el año 2002. Astuto, el entonces director de la Anses repartió las delegaciones del organismo entre los candidatos peronistas -Menem, Rodríguez Saá y Kirchner- según la región a la que pertenecieran. Así se garantizaba la continuidad cualquiera fuera el resultado de las elecciones. Larcher se hizo cargo de las sucursales de la Patagonia. El vínculo, siempre estrecho, sigue hasta hoy, lo que alimenta todo tipo de sospecha.

Estos antecedentes endogámicos explican el íntimo placer que podría obtener Massa si sus aliados sindicales hicieran fracasar las paritarias de Tomada. El ministro, a la vez, tiene una forma casi inocente de vengarse: pasado mañana estará en el Vaticano. Es decir, se sacará esa foto con el Papa que al candidato de Tigre le sigue siendo esquiva.