El deplorable estado de la Refinería, ante la falta de inversiones y la ausencia de planes de contingencia, genera cada vez más preocupación en la región. YPF desoye fallos judiciales y ejerce presiones para evitar auditorías ambientales independientes

La infamia está muy cerca de concretarse. Ayer, el oficialismo, hizo que el Senado funcionara nuevamente como una escribanía y obtuvo un dictamen a favor del pacto con Repsol, la empresa española que recibirá, de los impuestos que pagamos todos los argentinos, más de 13 mil millones de dólares (ver página 5).

Como si la Argentina fuese un país que aún no dejó ser colonial, esta friolera suma de dinero –equivale a casi el 50% de las reservas que hoy tiene el Banco Central- tendrá como destino las arcas de una empresa que, en complicidad con el menemismo y el kirchnerismo, en 14 años saqueó lo que era una de las petroleras estatales más importantes del continente.

Una clara muestra del daño que causó Repsol es el deplorable estado de la Refinería que tiene YPF en la región, donde se produce el 30% del combustible del país. Hechos concretos dan cuenta de esta situación: el pasado 2 de abril, se registró un enorme incendio en la planta de coque, que fue considerado como uno de los más importantes en la historia de la petrolera, y que podría haber ocasionado una catástrofe sin precedentes en caso de haberse visto afectado el catalítico, que es el corazón de la Refinería. En distintos ámbitos se cree que la onda expansiva de una posible explosión en el predio industrial abarcaría varios kilómetros a la redonda, y hasta se sentiría en una parte importante del casco urbano platense.

Desde hace varios años, existen sospechas de que el catalítico ya cumplió un ciclo. “Se requiere, en el caso del catalítico, un mantenimiento permanente, muy riguroso. Ahora bien, es difícil que esto pueda ocurrir cuando los trabajadores tienen turnos de 12 horas, siendo un trabajo insalubre, que produce gran desgaste. Antes de la privatización, los turnos eran de 8 horas. Tampoco se está cumpliendo con las paradas de planta. Se sigue trabajando con la lógica de la rentabilidad, por encima de la seguridad para la población”, le dijo a Hoy, Carlos Guanciarrosa, referente de la agrupación de extrabajadores de YPF “Enrique Mosconi”, que desde hace años vienen denunciando los manejos turbios de la privatización. Días atrás, tal como lo informó nuestro diario, esta agrupación presentó una penal contra la presidenta Cristina Kirchner y distintos funcionarios por irregularidades en el pacto con Repsol.

Lejos de invertir y tomar los recaudos correspondientes, en la Refinería todo parece estar atado con alambre, al punto que el viernes pasado se registró otro incendio, de menor envergadura, pero que requirió el trabajo durante casi cuatro horas de distintas dotaciones de bomberos de la región para extinguirlo.

En ese sentido, distintas fuentes consultadas por Hoy aseguran que la planta de YPF, producto de la falta de inversiones y del proceso de saqueo que tiene plena vigencia, no cuenta con personal especializado para combatir siniestros. Tampoco existe un plan de acción de cara a los vecinos. Una verdadera bomba de tiempo. Eso no es todo: pese a los avances tecnológicos, desde distintas entidades ambientalistas aseguran que la contaminación que genera la refinería se mantiene en niveles alarmantes, no existiendo ningún tipo de control.

El autocontrol

“YPF se autocontrola, no hay estaciones de monitoreo permanente de entidades que sean autónomas. El control que hace la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) se instrumenta a partir de informes que hace la propia compañía”, le dijo a Hoy Marcelo Martínez, titular de la ONG Nuevo Ambiente. Y recordó que hace un año y medio presentaron un proyecto para crear una tasa ambiental, para que sea pagada por YPF, con el objetivo de financiar la puesta en marcha de estaciones de monitoreo permanentes. La iniciativa fue cajoneada por orden de los intendentes kirchneristas Mario Secco y Enrique Slezack. ¿El motivo? Según Martínez, YPF financiaría actividades impulsadas por los oficialismos comunales.

En el caso de Berisso, por ejemplo, la petrolera realizaría aportes para la realización de la Fiesta del Inmigrante y la Fiesta del Vino. Por ello, no fue casualidad que Slezack vetara un proyecto impulsado por el bloque de concejales de la UCR, que había sido votado por todas las fuerzas políticas, que disponía el diseño de un plan de contingencia para hacer frente a catástrofes ambientales, como puede ser una inundación como la de 2 de abril o una explosión en YPF.

Las presiones también habrían llegado a la Justicia provincial. Concretamente, el fiscal platense Marcelo Romero se presentó como denunciante en una causa para que se investigue lo ocurrido en la Refinería durante el 2 de abril. Se aportaron distintas pruebas pero, al poco tiempo, según pudo saber Hoy, la causa quedó virtualmente cajoneada. Actualmente, duerme el sueño de los justos en la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata.

Desoyendo a la Justicia

La petrolera, que conduce Miguel Galuccio, también está haciendo oídos sordos a la Justicia Federal. El año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo de la Cámara Federal de nuestra ciudad, que dispuso indemnizar a varias familias afectadas en su salud por la contaminación. Y disponer de una serie de obras –e inversiones- para evitar que se siga dañando el medio ambiente. Pasó casi un año de lo resuelto por el máximo tribunal y, según pudo saber Hoy, los avances fueron nulos.

El fallo en cuestión condena a YPF a que “cese en la actividad contaminante”. Y presente un plan de obras que tienda a modificar su proceso productivo en la medida en que genera emanaciones contaminantes. Dicho plan, en caso de haber presentado, debería haber sido evaluado y supervisado por peritos Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad Nacional de La Plata, mientras que su ejecución debería haber sido controlada por el juez de primera instancia.

Fuentes universitarias consultadas por Hoy afirmaron que, hasta el momento, el CIMA no fue consultado ya sea por lo establecido en el fallo, como así tampoco respecto al incendio del pasado 2 de abril.

Cabe destacar que la base científica del fallo judicial está constituida- precisamente- por informes del CIMA que, entre otros puntos, consignaron que “las emisiones de los distintos conductos y antorchas de la destilería de YPF S.A. (calderas identificadas como “A”, “B”, “C”, “D”; hornos identificados como “B301 A”, “B301 B-canal y planta”, “B501”, “B502”; “Topping C”, “Topping D”; “Emisiones vacío lubricantes”; “emisiones vacío B”; “Reactor FCCA”, “Reactor FCCB”) sobrepasaron los “niveles guía de emisión” fijados por la legislación provincial para el caso de los siguientes compuestos considerados factores contaminantes: CO, SO2, NO, NOx, M.P. (material particulado); y por otro lado, también se consideraron elevados los niveles de CO2”.