El gobernador Jorge Sapag manifestó que no se pagará "en efectivo ni con endeudamiento las acciones de YPF" que le corresponden a la provincia, tras la polémica generada la semana pasada en el Senado de la Nación por el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, quien deslizó que los distritos deberán hacerse cargo y abonar el porcentaje que posean de la empresa, tras el acuerdo con Repsol que intentará convertir en ley el Congreso antes de mayo.

"Tenemos una expectativa legítima por esas acciones porque somos dueños del recurso, somos poder concedente y somos autoridad de aplicación. Queremos encontrar con Nación los mecanismos lógicos de negociación, que no involucren efectivo ni endeudamiento", disparó Sapag el miércoles durante el acto aniversario de Villa Curi Leuvú.

Según el mandatario del Movimiento Popular Neuquino (MPN), "hay mil mecanismos" para negociar esta cuestión, entre ellos "activos, futuras acreencias o futuras ganancias". Pese a ello, advirtió "que a Nación no se le pase un segundo por la cabeza que las provincias vamos a poner dinero o bonos por esas acciones".

Lo concreto es que en el acuerdo Nación-provincias petroleras se fijó que el distrito que lidera Sapag tendrá la mayor participación del 49% que les corresponde a dichos distritos. Si se toma ese porcentaje como una totalidad, Neuquén contará con el 41,8%; Santa Cruz, el 20,9%; Mendoza, el 20,6%; Chubut, el 8,4%; Río Negro, el 3,2%; Tierra del Fuego, el 2,5%; Salta, el 2%; La Pampa, el 0,5%; y Formosa, el 0,2%.

En millones de dólares, el 49% equivale a u$s 2.450 millones. Así, Neuquén tendrá obligaciones con Nación por u$s 1.024 millones; Santa Cruz, por u$s 512 millones; Mendoza, por u$s 505 millones; y Chubut, por u$s 205 millones.

Inclusive, Sapag consiguió el apoyo de uno de sus rivales políticos en el distrito: el intendente capitalino, Horacio Quiroga, sostuvo que la postura del gobernador "es una forma de empezar a ejercer el pleno derecho sobre las áreas que tiene la provincia que es la propietaria de los recursos, aunque el Gobierno nacional pareciera no entender esta situación".

En tanto, el senador nacional por el MPN y titular de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara alta, Guillermo Pereyra, dijo esta semana a este diario que "si bien el tema todavía no está definido, no existe motivo por el cual se deba pagar al Estado, ya que las provincias con acciones son las dueñas de sus recursos".

El gobernador, Francisco Pérez, estuvo ayer en Buenos Aires para participar con sus pares peronistas, K y no K, de una reunión de la cúpula del PJ nacional y de la firma de contratos con las empresas que construirán un desarrollo inmobiliario en la Ciudad de Mendoza en el marco del plan Procrear que financia la Anses.
 
En dialogó con Los Andes, sorprendió con una declaración que contradijo no sólo a la oposición mendocina sino a algunos de sus funcionarios y hasta a la Casa Rosada. El mandatario provincial aseguró que las provincias petroleras, entre ellas Mendoza, no deberán pagar por las acciones que la Nación expropió a Repsol dentro de YPF.

"No hay toma de deuda (por parte de Mendoza). El único que emite un bono a 2033 es el Estado Nacional y la sindicación -obligación de que tanto el Estado nacional como las provincias petroleras voten igual durante 50 años en las asambleas de accionistas- sigue en proporción a la capitalización que tiene en bienes y reservas cada una de las provincias", dijo Pérez. 

La semana pasada, el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, asistió al Senado nacional a defender el acuerdo alcanzado con Repsol y aseguró, al ser consultado por el senador radical Ernesto Sanz, que las provincias accionistas deberían pagar por su participación (el 49% del 51% de las acciones que pasaron a manos del Estado). 

Como Mendoza tendrá el 20,6% de ese 49%, se dedujo que debería devolver al Tesoro unos U$S 500 millones. La noticia de esta deuda fue defendida por el secretario legal y técnico de la Gobernación, Francisco García Ibáñez, y por el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, quienes calificaron como "una inversión" la adquisición accionaria. 

Sin embargo, ayer Pérez negó que Mendoza deba pagar una parte por estas acciones expropiadas. "Lo que digo yo es esto: eso (el pago de las provincias a la Nación) no se discutió en el ámbito de la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) ni en el ámbito de las provincias que tenemos directores en YPF. 

Acá lo que está claro es que la Nación emite bonos, el último vence en 2033, y esos títulos sirven para capitalizar la empresa como se hizo con la inversión de Chevron, como se hizo con la compra de Apache. Además el año pasado se han invertido más de U$S 3.000 millones y a nosotros eso nos interesa; es una YPF distinta a la que teníamos antes cuando Mendoza no tenía participación. No había inversiones, no había exploración ni extracción y las reservas caían año tras año. Hoy en cambio estas caídas no sólo se han detenido sino que las reservas van en franca suba". 

Por último, Pérez negó que Mendoza vaya a pagar por sus acciones al Estado nacional adjudicando más áreas a YPF. "No, yo estoy licitando 8 áreas petroleras al mejor postor, no van a ir directo a YPF".