No existirá peligro para el kirchnerismo cuando el próximo miércoles comience a debatirse en el recinto del Senado el proyecto de ratificación del acuerdo entre el Gobierno y la española Repsol y la autorización para la emisión de deuda para pagar la indemnización por la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

El problema será que la decisión de la oposición de unificar posición en contra de la valuación de las acciones expropiadas que el Gobierno convalidó en el acuerdo con Repsol, desatará un duro y amargo debate para ratificar una decisión que, en la cuestión de fondo no genera disidencia en casi toda la oposición, pero sí en el monto a pagarles a los españoles.

Ese pago se instrumentará con la emisión de Bonar X por u$s 500 millones con cupón del 7% y vencimiento el 17 de octubre de 2017; Bonar 2024, por u$s 3.250 millones con cupón de 8,75 vencimiento a 10 años y amortizaciones anuales del 16,66%; Discount 33 por u$s 1.250 millones al 8,25% y vencimiento el 31 de diciembre de 2033 con amortización en 20 cuotas semestrales desde junio de 2024.

Esa emisión que debe autorizar el Congreso va acompañada de una "Cartera Adicional Contingente" integrada por Boden 2015 hasta u$s 400 millones, con cupón 7% y vencimiento en octubre de 2015, Bonar X por otros u$s 300 millones y Bonar 2024 por u$s 300 millones.

El radicalismo decidió encabezar la oposición a la valuación alegando que el monto fijado en el acuerdo no se refiere al valor de las acciones en el momento de la expropiación, cuando la propia actividad del Gobierno sobre la petrolera había derrumbado el precio, sino al actual, después de haber recuperado la empresa con aportes estatales y Miguel Galuccio a la cabeza.

"Recién en marzo el Gobierno trajo al Senado una valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación en función del precio acordado con Repsol, 5 meses antes. La misma es falsa, objetable técnicamente e ilegal", dijeron ayer en un comunicado Gerardo Morales y el cordobés Mario Negri por la UCR, Elisa Carrió, Rubén Giustiniani, Juan Carlos Zabalza y Margarita Stolbizer por el interbloque FAP-UNEN-Coalición Cívica-ARI.

"Por un lado, sobrevalúa el activo a abril de 2012 y, por el otro, subvalúa los pasivos para demostrar un valor patrimonial mayor. Además, no considera las responsabilidades ni la cuantificación de los pasivos ambientales, contingentes y por reclamos judiciales que dejó el vaciamiento de la empresa española, Repsol. También incumple la propia Ley de Nacionalización, sancionada en mayo de 2012, en sus artículos 11 y 12, así como el artículo 17 de la Constitución nacional y la Ley de Expropiaciones", dice ese documento.

"La indemnización que el Gobierno busca pagarle a Repsol lejos está del justo precio e incluso compromete a las futuras generaciones con altísimos intereses", terminaron.

La posición del grupo, aun debe definirse el PRO y el Peronismo Federal, no alcanza aun para poner en peligro la votación en el Senado y en Diputados ni siquiera comenzó el tratamiento, pero complicará el debate y, sobre todo, restará consenso a una medida que el Gobierno quería avalar por unanimidad.