El gobierno brasileño aseguró el miércoles que la compra de la refinería Pasadena en Estados Unidos en 2006, por la estatal Petrobras, fue autorizada en base a un informe "técnica y jurídicamente fallo" de la propia petrolera, informó la Presidencia en un comunicado.

El documento que resumía las condiciones de compra y que llevó al Consejo de Administración de Petrobras a aprobar la adquisición del 50% de la refinería "omitía cualquier referencia a las cláusulas (...) del contrato que, si hubiesen sido conocidas, seguramente no serían aprobadas", señala la nota que responde a un artículo del diario O Estado de Sao Paulo.

O Estado informó el miércoles que la compra fue autorizada por la presidenta Dilma Rousseff, en la época al frente del Consejo de Administración de Petrobras en su cargo de ministra jefe de Gobierno.

La Presidencia informó que solo en 2008, dos años después de la compra, "supo de las cláusulas" que obligaban a Petrobras a adquirir la otra mitad de la refinería en caso de desentendimiento entre los socios.

Tras perder un proceso arbitral en Estados Unidos, Petrobras compró el resto de acciones en 2012.

Petrobras anunció en 2006 la compra de la refinería a su socia belga Astra Oil Trading, por 370 millones de dólares.

Según O Estado, al ser obligada a comprar la totalidad de la refinería, Petrobras acabó pagando 1.180 millones de dólares. El referido informe para la compra fue elaborado por el director del área Internacional de Petrobras.

La información surge después de que la Cámara de Diputados creara la semana pasada una comisión que investigará una denuncia de sobornos a funcionarios de Petrobras por parte de una empresa holandesa. Según O Estado, también la compra de la refinería es investigada por autoridades brasileñas.

La petrolera brasileña Petrobras entró en el ojo de una tormenta de dimensiones e impacto imprevisibles. Investigaciones de la Policía Federal y del Tribunal de Cuentas de la Unión, un organismo fiscalizador, llevan a sospechar que la empresa estatal compró a valores “sobrefacturados” una refinería norteamericana en Pasadena (Texas). El negocio, concretado en 2006, fue respaldado por Dilma Rousseff, quien en ese momento se desempeñaba como ministra de Minas y Energía. La presidenta admitió ayer que había dado su apoyo a esa adquisición, pero señaló que su respaldo se basó en informes que según se descubriría posteriormente, tenían “serias fallas técnicas y jurídicas”.

Fue durante el primer gobierno del ex presidente Lula da Silva que Petrobras optó por hacerse de 50% de las acciones de la planta texana,por 360 millones de dólares, cuando el valor del mercado se calculaba en 50 millones de la divisa norteamericana. La estatal brasileña concordó además con incluir una cláusula en el contrato que la obligaba a comprar el otro 50% de manos de su socia belga, la compañía Astra Oil, si es que llegaban a tener “desentendimientos” sobre el gerenciamiento del proyecto. De hecho fue lo que ocurrió y Petrobras terminó por adquirir la totalidad de las acciones de la refinería estadounidense a un precio de 1.180 millones de dólares.

Dilma alegó ayer, en un breve comunicado, que tanto ella como los otros directores de Petrobras, no estaban a al tanto de ese condicionamiento. Hubo además otro hecho que despertó suspicacias: Petrobras aceptó garantizar una ganancia de casi 7% al año a su socia Astra aun cuando las condiciones del mercado no lo permitieran.

En una nota oficial de ayer, la presidenta Rousseff sostuvo que “a partir de estos hechos, el consejo de administración de Petrobras exigió a la dirección ejecutiva de la empresa que presentase informes más detallados sobre el caso”. La cuestión fue tratada en numerosas reuniones que terminaron en la apertura de un proceso arbitral contra el grupo de Bélgica. Pero el tribunal arbitral (Cámara Internacional de Arbitraje de Nueva York) laudó a favor del holding europeo y obligó a Petrobras a adquirir la totalidad del paquete accionario de Pasadena. Este episodio, que recién empieza, puede traer complicaciones para la presidenta brasileña justo este año, en que ella aspira a ser reelecta. La oposición encontró, finalmente, un hecho que afecta directamente la imagen presidencial. No por corrupción sino por presunta ineptitud. Dilma, que ha convertido al “buen gerenciamiento” del Estado en un símbolo de su gobierno, está ahora bajo la mira de la oposición que irá a cuestionar su supuesta ineficiencia a partir de este caso.