El kirchnerismo se prepara para darle hoy dictamen de comisión en el Senado al acuerdo entre el gobierno nacional y Repsol por el 51% de YPF . Esto sería así a pesar de que la oposición denunció la nulidad del convenio porque se firmó sin tener la tasación que establecía la ley que expropió la compañía en 2012 y de que el precio convenido no contempla resarcimientos por el daño ambiental provocado por la petrolera mientras fue controlada por los españoles.

Con el dictamen en la mano, la intención del oficialismo es llevar el proyecto de ley al recinto el próximo miércoles. Según se anunció ayer, la Cámara de Diputados prevé transformarlo en ley casi un mes después, el 24 de abril. La iniciativa establece la autorización al Estado para emitir bonos de deuda por US$ 6000 millones, más otra serie por 5000 millones en concepto de intereses hasta 2033.

El convenio fue cuestionado ayer por la UCR y la centroizquierda, que denunciaron su validez porque la administración de Cristina Kirchner lo negoció sin tener en la mano el dictamen del Tribunal de Tasación que exige la ley de expropiación.

"El dictamen de tasación se dibujó después de la firma del convenio; esto es nulo de nulidad absoluta, es una violación al artículo 17 de la Constitución nacional", exclamó Fernando Solanas (UNEN-Capital).

Por su parte, el jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales (Jujuy), se quejó por la negativa del bloque oficialista a aceptar que un miembro del Tribunal de Tasación de la Nación concurriera al plenario de comisiones a dar nuevas explicaciones sobre el precio convenido entre el Estado y Repsol.

"No quieren que venga nadie porque saben que el Tribunal está flojo de papeles, están mintiendo e incumpliendo la ley", dijo el senador jujeño, quien anticipó que su partido presentará una denuncia penal.

Las palabras de Morales y Solanas no conmovieron al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, que rechazó las imputaciones. "Acá no se está incumpliendo ninguna ley, porque una ley posterior deroga a una anterior", dijo, con relación al proyecto en debate. Más aún, el senador oficialista aseguró que el dictamen del Tribunal de Tasación no era necesario porque "se había llegado a un acuerdo amistoso" y no controvertido.

Otro tópico de la reunión de ayer fue el ambiental, que estuvo signado por la presencia de representantes de las comunidades mapuches de Neuquén y Río Negro, que denunciaron la contaminación de YPF en sus tierras y reclamaron resarcimiento. Esto fue avalado por Solanas, que se quejó por la ausencia de una auditoría sobre el estrago ambiental.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto; y los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández; y de Minería, Energía y Combustibles, Guillermo Pereyra; anunciaron que el expediente pasará a ser rubricado desde el mediodía de mañana, al término de la última reunión de senadores.

El Frente para la Victoria y sus aliados, además de los representantes del Movimiento Popular Neuquino, ya anticiparon que respaldarán la medida; en tanto que el radicalismo y el interbloque de UNEN mostraron muchas diferencias con el texto que respalda el oficialismo.

Durante la reunión que hoy se desarrolló en el Salón Azul del Congreso, uno de los puntos de mayor debate se centró en el valor que deberá pagar la Argentina por las acciones expropiadas a Repsol, discusión en la que el radicalismo planteó la judicialización del tema, lo que fue rechazado de plano por el oficialismo.

El jefe del bloque radical, Gerardo Morales, planteó dudas sobre el valor de la empresa y calificó como "central el informe del Tribunal de Tasación", el cual consideró "flojo de papeles".

El legislador jujeño anticipó que su partido irá a la justicia porque “se está cometiendo un delito” y reclamó la presencia del ingeniero Daniel Martín, responsable de la tasación de YPF.

Por su parte, el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, conjeturó que "los dichos del senador Morales contribuirán a favor de la asamblea que realizarán los accionistas de Repsol el 28 de marzo".

Además, negó que Martín vuelva al Congreso a dar explicaciones porque "vino el jueves pasado" y cuestionó que el radicalismo "no le haya preguntado todo esto en aquella oportunidad".

"Nosotros consideramos que la tasación se hizo bien. Este es un acuerdo razonable y equilibrado que beneficiará al país", sentenció el senador rionegrino.

En tanto, Aníbal Fernández señaló que “lo que entregó el Tribunal de Tasación es un consejo” y que "se arribó a un acuerdo amistoso en base a un montón de estudios internacionales".

Fernández además desestimó la judicialización del tema al resaltar que "la discusión es política y hay que darla en este ámbito".

Previamente, los senadores recibieron la presencia de ex funcionarios especialistas en energía y combustibles y de representantes de comunidades indígenas de la Patagonia.

El ex secretario de Energía Alieto Guadagni cuestionó el valor que se pagará por las acciones de YPF al argumentar que “es hoy una empresa mucho más chica y con muchas menos reservas”.

A su turno, el economista Nicolás Gadano, ex técnico de YPF, pronosticó que “el valor de YPF va a subir” por la “gestión profesional que se está llevando adelante”.

En tanto, el representante mapuche Gabriel Cherqui, habitante de Loma de la Lata en Neuquén, recordó las denuncias hechas contra Repsol por la contaminación de las aguas y los suelos, acusación que fue rebatida por el senador oficialista neuquino Marcelo Fuentes, quien detalló que hay estudios que certifican que la calidad del agua en la zona no tiene “concentración de hidrocarburos ni metales pesados”.

También estuvieron presentes el representante mapuche Martín Velázquez Mariqueo, el ex trabajador de YPF Enrique Fonti y el empleado de la firma, Ceferino Leyva.

El oficialismo se apresta hoy a firmar dictamen para el proyecto que contempla el acuerdo con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF impulsada por el Gobierno. No obstante, ayer la oposición renovó sus críticas en la continuidad del plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y de Presupuesto y Hacienda. Y el monto de la indemnización -6.000 millones de dólares en bonos- volvió a ser el eje principal de la discusión. Tanto que la UCR anunció que denunciará al Tribunal de Tasación porque “podría haber incurrido en un delito” al fijar el precio para resarcir a la compañía petrolera. Desde la centroizquierda, también apuntaron contra el organismo al señalar que su dictamen fue “un dibujo”.

“El informe de Tasación es central, porque marca si pagamos bien o mal.

Se está pagando un precio que no corresponde, porque expropiamos una empresa vaciada y estamos pagando el precio de una empresa recuperada ”, indicó Gerardo Morales, jefe del bloque de la UCR. Al tiempo que adelantó: “ Vamos a denunciar esto a la Justicia para que se investigue a fondo.

Si este Gobierno se metió en el INDEC y mintió con las cifras desde 2007, ¿por qué no iba a decirle al Tribunal que tasaran al precio que ya habían convenido?”, inquirió el jujeño. En esa línea, el senador de UNEN Fernando “Pino” Solanas apuntó contra el tribunal al indicar con ironía que: “Depende del Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido, vaya casualidad”.

Pero, con la presencia de representantes de la comunidad mapuche,buena parte del debate también se centró en el daño medioambienta l que presuntamente dejó Repsol. Uno de los invitados más enérgicos en ese sentido fue Gabriel Rolando Cherqui, representante de la comunidad “Kaxipayiñ”; quien llegó con una botella con agua de color negra extraída -según aseguró- en Neuquén, en las cercanías del yacimiento de Loma de la Lata e instó a los senadores a pensar “en los millones de litros de agua que se contaminan con la explotación hidrocarburífera”. Luego, recordó que su comunidad denunció “hace 14 años que Repsol contaminaba”, y recordó que “siempre el Gobierno nacional lo defendió”. Y cruzó “a los que hablan de la plata que va a entrar al país” al indicar que “la economía se está yendo al carajo”. Allí, intervino el jefe del bloque K, Miguel Pichetto. Le pidió “realismo” y dejar “la economía pastoril, con la que se mueren de hambre”. Martín Velázquez Mariqueo, de la comunidad Winkul Newen leyó un crudo comunicado en el que sostuvo que su pueblo está “condenado a muerte”por la contaminación ambiental.