En 1993 las reservas de cobre cubicadas por todo concepto en la Argentina sumaban entre 7 y 8 millones de toneladas de metal contenido "in situ" (contenido fino) considerando yacimientos explorados en San Juan, Catamarca y Mendoza. En 1997 comenzó la producción de concentrados en Bajo de la Alumbrera, Catamarca, y hasta la fecha produjo unas 3 millones de toneladas de cobre contenido. Sin embargo, las reservas del país no se redujeron sino que aumentaron significativamente. 

En efecto, hoy en día suman unas 56 millones de toneladas, de las cuales 40 millones corresponden a recursos medidos e indicados y el resto a recursos inferidos. De ese total, un 53% corresponde a yacimientos ubicados en San Juan, 24% a Salta, 20% a Catamarca y 2,5% a Mendoza. 

Estos datos muestran que, a pesar de haberse comenzado con la extracción y producción, en veinte años las reservas de cobre se han multiplicado por siete. El gran incremento es el resultado de la inversión realizada en exploración en ese período, cuyos montos se estiman cercanos a los mil millones de dólares, concretada por un importante número de empresas en un contexto político que promueve la actividad exploratoria.

El rol de la exploración es fundamental porque hace que la minería sea sostenible en el tiempo. Es una primera etapa que suele convertirse en la parte más sensible de la actividad porque no es fácil conseguir dinero para buscar nuevos yacimientos dado que la mayoría de las veces no se encuentra lo que se busca y el dinero gastado no se puede recuperar. Es lo que se llama una inversión de riesgo. Pero si no se explora no se encuentran yacimientos y sin yacimientos no es posible producir minerales. 

Por eso, en muchos países se han establecido normas y contextos políticos que favorecen o promueven la inversión en exploración. Nuestro país es uno de ellos y esas reglas de juego están contenidas en leyes nacionales (Ley N° 24.196) y provinciales (Ley N° 6.090 de Mendoza) que otorgan beneficios impositivos a quienes invierten en exploración minera y fijan un horizonte de estabilidad fiscal a largo plazo, imprescindible para quienes piensan en negocios a veinte, treinta o cuarenta años. 

Las reglas de juego establecidas fueron muy eficaces y posibilitaron, entre otras cosas, el gran incremento de las reservas de cobre. Al solo efecto de dar un orden de magnitud, una idea acerca del valor que tendría una eventual explotación de las 56 millones de toneladas, digamos que esa cantidad de cobre una vez fundido y refinado, al precio actual de U$S 7.000 por tonelada, representa un monto de 392 mil millones de dólares. Esta cifra, de doce dígitos en dólares, debería hacernos reflexionar acerca de la significación que puede alcanzar esta actividad desde el punto de vista político, económico y social.

Las reservas existentes se encuentran en general en yacimientos grandes y la puesta en marcha de cada uno de esos emprendimientos requiere una gran inversión (cientos o miles de millones de dólares, según el caso) para generar una nueva actividad económica, con muchos puestos de trabajo y con un efecto multiplicador de la economía que, entre otras cosas, se verifica en la contratación de cientos de Pymes proveedoras de insumos, servicios y repuestos. De hecho, actualmente hay varias empresas mendocinas que son proveedoras de minas ubicadas en Catamarca, en San Juan o en Salta, y esto pone de manifiesto que el efecto económico y social de esta clase de emprendimientos trasciende más allá del lugar donde se verifica la actividad minera.

El Estado, que hace un sacrificio fiscal para promover la exploración, lo compensa con creces a poco de iniciada la producción mediante el cobro del impuesto a las ganancias, de las retenciones y de otros impuestos nacionales de menor incidencia, como así también las regalías provinciales y el impuesto a los ingresos brutos de los proveedores. En contraste con la creencia de que la minería no deja nada al Estado, varios economistas han publicado trabajos detallados sobre el tema y coinciden en que las empresas aportan cerca del 50% de sus ganancias para el pago de esos tributos. 

Definitivamente, los yacimientos de cobre representan una riqueza de gran magnitud para la creación de nuevos polos productivos. En provincias cordilleranas, como Mendoza, la minería del cobre puede sumar mucho al crecimiento económico y social de las comunidades. Para ello es necesario seguir fomentando la inversión en exploración y esto puede lograrse si se la incluye en las previsiones de la planificación estratégica de desarrollo. Por el contrario, si se interrumpe o impide la exploración no se cubican más reservas, y sin reservas no se puede planificar ningún desarrollo minero.

Por Eddy Lavandaio - Vocal Asociación Geológica de Mendoza