Puede que la presidenta chilena Michelle Bachelet termine siendo tan buena o mejor que su predecesor Sebastián Piñera, pero muchos activistas a favor de la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica ya están añorando las recientes declaraciones de Piñera con respecto a los abusos de los gobiernos de Venezuela y Cuba.

Bachelet, la expresidenta socialista que regresó al palacio presidencial el 11 de marzo para iniciar un segundo mandato, ha sugerido que su principal prioridad en política exterior será mejorar las relaciones con Brasil, Argentina y otras naciones sudamericanas de la costa del Atlántico. Piñera, en cambio, había enfatizado los vínculos de Chile con la Alianza del Pacífico, el grupo de países con economías abiertas constituido por México, Colombia, Perú y el propio Chile.

Bachelet anunció que su primer viaje al exterior será a Argentina, y que en política exterior “voy a poner una agenda latinoamericana muy fuerte”. Sobre Venezuela, dijo que Chile apoyará una actitud de “acompañamiento y de buscar todas la fórmulas de paz” y agregó -en lo que algunos interpretan como un apoyo al gobierno venezolano- que “de ninguna manera jamás apoyaremos ningún movimiento que de forma violenta quiera derrocar un gobierno democráticamente electo”.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, proclamado ganador de las cuestionadas elecciones de 2013, califica a las masivas protestas callejeras como un intento “golpista” y alega que arrestó al líder opositor Leopoldo López por su supuesta incitación a la violencia. La organización Human Rights Watch señaló que no hay evidencias de que López haya hecho nada más que ejercer su legítimo derecho de hablar contra el gobierno.

Bachelet también dijo que defenderá la democracia y los derechos humanos en la región, pero la pregunta que preocupa a los grupos de derechos humanos es hasta qué punto lo hará.

El expresidente Piñera había sido más explícito en su defensa de los derechos humanos universales. Piñera fue el único jefe de Estado latinoamericano que se reunió con un líder de la oposición pacífica de Cuba durante una cumbre latinoamericana celebrada el 28 de enero en Cuba.

En una entrevista que le hice poco antes de que dejara el cargo, Piñera me dijo que los países latinoamericanos deberían ser más activos y firmes en la defensa de las libertades fundamentales y los derechos humanos en Venezuela y en Cuba. Citando los tratados de la Organización de Estados Americanos, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe y otras instituciones regionales, Piñera agregó que “es un compromiso que tenemos todos los países de América Latina de defender la libertad, la democracia y los derechos humanos”. Cuando le pregunté qué le recomendaría a Bachelet, contestó: “Mantener una actitud coherente y consecuente, y eso significa defender la democracia y los derechos humanos no solo en nuestro país, sino en todas partes donde están amenazados”.

Mi opinión: para ser justos, digamos que Piñera aumentó su activismo en defensa de los derechos humanos hacia el final de su gobierno. Y también recordemos que Bachelet, en su primer mandato, fue una digna defensora de la democracia y los derechos humanos (con algunas excepciones, como cuando visitó Cuba para inaugurar una feria del libro organizada por una dictadura militar que censura la literatura y la prensa como política de Estado). ¿Le dará la espalda Bachelet a la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región?

Tiendo a pensar que no. Confío en que su deseo de mejorar las relaciones con Argentina y otros gobiernos populistas autoritarios es parte de un discurso con el que quiere aumentar la influencia de Chile en América Latina, y que no significará un retroceso en la tradición chilena después de la dictadura militar de Augusto Pinochet de ser un país activista en la defensa de los derechos fundamentales en todo el mundo.

Por su historia personal y su trayectoria política, no creo que Bachelet justifique la represión ni la censura del gobierno de Maduro, ni que se quede callada sobre estos y otros abusos. Si lo hace, sería una gran pérdida para la causa de los derechos humanos y la democracia en la región.