El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio Público suscribieron ayer un convenio interinstitucional de cooperación con el objetivo de coordinar y desarrollar acciones en el cumplimiento de las normas sobre la actividad minera, así como para prevenir los delitos en minería ilegal y en materia ambiental.
El acuerdo fue suscrito por el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, y el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, en la sede del Ministerio Público.
Otro objetivo es desarrollar las capacidades institucionales a través de la capacitación y asistencia técnico-legal para el óptimo cumplimiento de las competencias y funciones encomendadas, así como diseñar lineamientos estratégicos de trabajo entre las entidades competentes.
Asimismo, se contará con la participación del Ministerio Público de manera preventiva en las mesas de desarrollo y diálogo en el marco del proceso de formalización para la pequeña minería y minería artesanal.
En la ceremonia, el ministro Eleodoro Mayorga, destacó que este convenio es fundamental en la lucha contra la minería ilegal, porque es uno de los grandes flagelos que afectan al país.
“Sabemos que no es una tarea de un día, involucra a fuerzas distintas y en diferentes aspectos. Es una tarea de mediano y largo plazo”, subrayó.
Agregó que la minería ilegal es una actividad que se ha dejado crecer durante muchos años, lo cual requiere de la unidad de las distintas instituciones del Estado para combatirla con eficacia.
Mayorga Alba expresó que el convenio permitirá trabajar a ambas instituciones de manera fluida en el intercambio de información. “Por el lado del ministerio, brindaremos todo nuestro apoyo y voluntad para que los fines de este convenio se cumplan a cabalidad”, refirió.
Por su parte, el Fiscal de la Nación resaltó que el convenio permitirá desarrollar el trabajo conjunto entre el MEM y el Ministerio Público, como entidades fundamentales en el combate a la minería ilegal y en la defensa del medio ambiente.
“Estaremos prestos a colaborar como lo venimos haciendo activamente en el combate de este delito que atenta contra los recursos naturales y hace un daño irreparable al ecosistema”, finalizó Peláez Bardales.
El convenio comprende la promoción de campañas de sensibilización y elaboración de materiales de difusión para la formalización minera y para la prevención de los delitos ambientales, con énfasis en la minería ilegal en sus distintas modalidades.
Asimismo, mediante el acuerdo se prevé fortalecer la intervención del Estado de manera estratégica y oportuna frente a los posibles conflictos socio-ambientales que se pudieran generar, y unificar criterios sobre la fiscalización, sanción y participación de los gobiernos regionales, promoviendo la elaboración de planes de trabajo preventivos.
Ocho plantas de acopio de minería ilegal con maquinaria valorizada en 10 millones de dólares fueron destruidas en un operativo de interdicción realizado por la Policía en el distrito de Cháparra, ubicado en la provincia arequipeña de Caravelí.
En esta zona existe una franja de 100 "moliendas" donde trabajan casi mil familias concentrando y moliendo el relave del mineral extraído ilegalmente en Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios y hasta Cajamarca.
Los mineros ilegales opusieron resistencia y llegaron a enfrentarse a los mil efectivos que tuvieron que realizar disparos y lanzar bombas lacrimógenas para dispersarlos.
Según el alto comisionado para la formalización de la minería informal, Daniel Uresti Elera, las plantas que se destruyeron eran ilegales y hacían competencia desleal a las 14 plantas formales que hay en el lugar.
“Ellos no tenían su declaración de compromiso (primer paso para la formalización), ni tuvieron la intención de formalizarse”, dijo el funcionario luego de precisar que el plazo para este proceso venció en diciembre del año pasado.
En febrero último, el gobierno anunció que se efectuarían acciones para desbaratar la ruta del oro ilegal que se extrae en Madre de Dios y es tratado en Chala y Nasca para salir del país por Arequipa y Puno.
En tanto, en Puno, la Policía detectó un bien montado plan de los mineros ilegales para bloquear las carreteras el próximo 20 de marzo, cuando tienen previsto realizar una protesta a nivel nacional.
