El jueves pasado, el ambiente en dependencias del Ministerio del Trabajo era todo optimismo, luego de que los trabajadores portuarios, encabezados por Sergio Vargas, llegaran a un acuerdo con el gobierno y parlamentarios del oficialismo para el envío del proyecto de ley que daba luz verde al pago retroactivo de media hora de colación.

Dicho compromiso permitió desactivar el paro portuario de enero, que se extendió por más de 20 días, y la amenaza de una nueva movilización, que se haría efectiva ese mismo día si los trabajadores no quedaban satisfechos.

Sin embargo, todo esto podría quedar en nada con el arribo a La Moneda de la administración Bachelet. A las nuevas autoridades no les gustó nada que el gobierno de Piñera comprometiera gastos a futuro, menos aún en un escenario económico marcado por la desaceleración -en enero, la economía creció 1,4%-, en el que no se obtendrían los recursos previstos inicialmente en el Presupuesto 2014.

El lunes, el designado ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dio luces sobre ello. Dijo que tanto esta iniciativa como otras tres que el Ejecutivo envió al Parlamento en último minuto deberán ser analizadas, “respecto de cuáles serían los compromisos que se estarían generando y cuáles son las fuentes de financiamiento”.

“Desde ya, quiero adelantar que estos movimientos de última hora en nada ayudan a tener una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no será la tónica ni una característica de la próxima administración”, advirtió Arenas.

No hay recursos

El proyecto en cuestión implica para el Estado un desembolso de US$ 28 millones, con cargo al Tesoro Público, que es la única fuente de financiamiento de que dispone el nuevo gobierno, ya que el Presupuesto de la Nación está asignado a cada una de las partidas desde enero.

El senador PPD Ricardo Lagos Weber calificó de imprudente el envío de estas iniciativas y lo acusó de falta de decoro. “Lo dijimos cuando discutimos el Presupuesto, sobrestimó los ingresos y dejará menos recursos y más compromisos”.

En el erario de 2014, la administración Piñera dejó un Fondo de Libre Disponibilidad por US$ 600 millones para el gobierno de Bachelet. Sin embargo, según los representantes de la Nueva Mayoría, esa cifra es inferior y llegaría sólo a US$ 320 millones, pues una gran parte corresponde a reasignaciones. Además, este año el crecimiento será muy inferior al 4,9% estimado en el erario.

Por ello, el vocero de la Nueva Mayoría, senador Jaime Quintana, aseguró que las iniciativas enviadas por Piñera “no tienen legitimidad”, y agregó que comprometen los recursos destinados para ejecutar las 56 medidas que el gobierno de la presidenta electa prometió dentro de los primeros 100 días de gobierno.

Cecilia Cifuentes, investigadora de Libertad y Desarrollo, sostuvo que el gobierno tiene la facultad y los recursos para financiar un proyecto de ley que contempla US$ 30 millones. “Es absolutamente viable, pero obviamente depende de las prioridades que tenga el nuevo gobierno”, señaló.

En ese sentido, acotó que los recursos pueden provenir del Fondo de Libre Disponibilidad o puede hacer reasignaciones. “Eso dependerá de las prioridades del gobierno”, añadió.

Las dudas

La semana pasada, los trabajadores ya advertían que sus demandas podían sufrir un revés, dada la cercanía del envío del proyecto con el cambio de mando.

En dicha oportunidad, el dirigente y vocero del Puerto Central de San Antonio, Sergio Vargas, manifestó su preocupación por la ausencia de representantes del nuevo gobierno en la mesa que trabajó la iniciativa legal, y comentó que intentaron acercarse a la designada ministra del Trabajo, Javiera Blanco, pero no tuvieron éxito. De hecho, si bien hubo parlamentarios de la Nueva Mayoría en la cita de los trabajadores con el gobierno, estos no comprometieron su apoyo, a la espera de una revisión de las cifras.