Por María Marañón



La desaceleración que reflejan las últimas cifras económicas del país ha reavivado el debate de si la reforma tributaria debería concretarse en un escenario de menor crecimiento, situación que quedó en evidencia con el Imacec de enero, que anotó el peor desempeño desde marzo de 2010.

La semana pasada, el futuro ministro de Hacienda, Alberto Arenas, salió a defender el proyecto de cambios tributarios que rechaza el actual oficialismo. En esta línea, ha habido voces, como el del economista estadounidense Nouriel Roubini, que han mostrado su confianza en el potencial crecimiento de la economía, defendiendo, en su caso, que el alza de impuestos “puede ser beneficiosa al largo plazo”, siempre que el “uso de los recursos sea inteligente”. Es aquí donde entra el planteamiento de cuáles serán los riesgos que tendrá que esquivar el equipo de expertos de la presidenta electa Michelle Bachelet para implementar un proyecto que pretende recaudar 
US$ 8.000 millones.

Los economistas aseguran que la incertidumbre por la falta de consenso entre los propios políticos hasta que se resuelva cuál será la nueva estructura tributaria del país será el principal escollo de 2014. Pero, además, se suman, por el flanco externo, el impacto de la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal norteamericana, los riesgos latentes en China y el menor crecimiento de Brasil. Por el interno, la desaceleración, la posible alza de la inflación y el encarecimiento del precio de la energía.

En primer término, dicen los expertos, se prevé que con la incertidumbre se posterguen los proyectos de inversión en grandes empresas y PYME. La nueva administración tendrá que sopesar cómo implementar las medidas sin afectar la tasa de ahorro nacional de manera significativa y los incentivos a la inversión, señalan.

De hecho, el estancamiento del crecimiento, el aumento del desempleo y el descontento podrían impedir que se materialice la propuesta, explica Alejandro Fernández, economista de Gémines Consultores.

Por su parte, la economista de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes, prevé que el alza de impuestos desincentive la inversión de las empresas, afectando así su tasa de crecimiento, en especial, en las medianas y pequeñas, cuyas fuentes de financiamiento son más restringidas. Además, la incertidumbre sobre qué mecanismos reemplazarán al FUT influiría en esta tendencia.

En segundo lugar, aunque estos efectos técnicos no son triviales, el economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, señala un riesgo, en su opinión, más relevante y de largo plazo: lograr un consenso social ante la reforma. En tanto que, el también académico de la U. de Chile, Ricardo Ffrench-Davis, advierte de la importancia de que se perciba como un proyecto serio y sostenible para convertirlo en Política de Estado.

Ramos sostiene que lo complicado del proyecto pasa porque la conjugación entre reforma tributaria y educacional genere la confianza de que se ha formado un consenso social por el que la reforma puede augurar un bien para el futuro. “En un escenario negativo, si la reforma aumenta los apetitos e insatisfacción social, el empresariado va a reaccionar negativamente, teniendo un cuadro de crecimiento muy modesto, estancado en el 3%, pero si se logra un buen escenario, el efecto posiblemente negativo que puede tener una reforma sobre la inversión, va a ser poco y, por el contrario, la mayor confianza que se cree de que se ha comprado paz social, hará que la inversión se acelere”, argumenta.

Concuerda con ello, Gonzalo Sanhueza, economista de Econsult, que prevé que la eventual mejora en la calidad de la educación conlleve un incremento en la productividad, como también lo concibe Ffrench-Davis, quien asegura que es necesaria para un crecimiento con inclusión, a través de “premiar la inversión efectiva en Chile y dar trato preferencial para el desarrollo de la PYME, calidad de la educación, la capacitación laboral, y una reforma profunda del mercado de capitales para el desarrollo productivo”. Aunque mantiene que existe otro riesgo: las expectativas con miras de corto plazo.

"Se ha implantado un círculo vicioso de expectativas. Nos hemos convencido de que hay una desaceleración económica y, en la medida de ello, los inversionistas reducen sus planes y los consumidores desaceleran el gasto", advierte Joseph Ramos. Esto se ve empeorado por la merma en la inversión que se originó por los elevados costos energéticos y los atrasos de proyectos por la judicialización de temas ambientales, asegura.
Esta falta de confianza, que se advirtió en una caída del Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) desde 60,75 puntos en abril del 2012 a 51,05 puntos en febrero de este año, tendrá un impacto negativo en la creación de empleos y en la tasa de desempleo, adelanta Gonzalo Sanhueza.
Habría que sumar a ello, como apunta Cristóbal Doberti, una serie de condiciones que impactarán en un consumo que seguirá desacelerándose, como las alzas en los precios de bienes importados, el menor ritmo de creación de empleo o un acceso al financiamiento no tan favorable.
"Bachelet tendrá un importante desafío asociado a la inversión, por lo que debería cerrar con rapidez los temas abiertos relativos a la reforma y otros que siembran incertidumbre", opina Mauricio Cañas, gerente de Research de Banco Penta.
Sumado a lo anterior, algunos expertos advierten que el Banco Central se demoró en comenzar a bajar la Tasa de Política Monetaria.

China y un menor crecimiento

 El gigante asiático sigue provocando recelos entre los entendidos, aunque junto con Europa y Estados Unidos, tendrá un mejor año que el anterior en términos económicos, estima el académico de la Universidad Chile, Joseph Ramos.
Sin embargo, los síntomas de desaceleración siguen latentes. La menor demanda de los productos desde la segunda economía del mundo y la posible caída en precios de las materias primas como impacto del menor crecimiento del PIB son riesgos que han afcetado a ciertas variables de la actividad local, según Doberti.
"La caída en el precio del metal rojo significa un menor estímulo hacia la economía local y puede ir restringiendo el manejo de la política monetaria del Banco Central de Chile por los famosos efectos de segunda vuelta que genera la depreciación del peso", comenta.
La incertidumbre atañe también a una probable burbuja financiera, dice Cifuentes, ante un elevado nivel de deuda que se ha ido acumulando en los últimos cinco años y que ha permitido financiar el crecimiento de la economía china.
Pero además, también corrían rumores sobre una posible burbuja inmobiliaria, aunque por primera vez en catorce meses los precios de las viviendas nuevas en las ciudades más importantes del país se ralentizaron, lo que podría alejar este riesgo y demostraría que los planes del gobierno para reducir el mercado habrían tenido efecto.

Los costos energéticos, un riesgo en alza

El alza en el precio de la energía tiene un efecto directo sobre el ingreso real de los hogares y, por lo tanto, en su capacidad de consumo.
"La electricidad, el gas y otros combustibles representan del orden de 10% del consumo de los hogares por lo que un alza en el precio de la energía, disminuye la demanda agregada de la economía y, por lo tanto, la inversión", explica Sanhueza. "Por otra parte, la energía combustible es un insumo muy relevante en prácticamente toda la estructura productiva, por lo que un alza en su precio implica mayores costos de producción, disminuyendo la competitividad de la industria nacional", adelanta.
Por ello, los economistas concuerdan en que es un tema que no puede quedar en el rezago. "Creo que ese fue un déficit definitivo de la administración saliente. Espero que el nuevo ministro, Máximo Pacheco, le dé mucha prioridad porque los costos energéticos en Chile están muy por encima de los de nuestros vecinos. Si se pudiese aumentar la oferta energética y se definiera un plan futuro, tendría un efecto positivo sobre las empresas", apunta en esa línea Joseph Ramos. A ello hay que incorporar el aumento en el precio del petróleo a nivel internacional o la sequía, que presionan los costos de las compañías en un escenario donde es poco factible el traspaso de costos al precio final.
"Ya hemos visto márgenes más estrechos, lo que en el mediano plazo tiende a generar un menor flujo de inversión y menor dinamismo del empleo", explica Cecilia Cifuentes.

La presidenta electa recibe un país distinto al que dejó en marzo de 2010. Las movilizaciones sociales que se tomaron la agenda desde 2011 pusieron en el tapete una nueva forma de protesta de los chilenos, con una ciudadanía mucho más empoderada, que utiliza la calle para expresar su descontento en cualquier ámbito. Otro aspecto que cambió fue la realidad de la economía. Por un lado, cifras espectaculares a nivel de empleo y de crecimiento se conjugaron con las críticas por la falta de reformas estructurales y por la escasa movilidad de la agenda de energía, aspectos clave para el dinamismo de la actividad. Sobre estos temas, tres personajes relevantes de la sociedad dan su visión sobre el Chile que recibe Bachelet en su regreso al palacio de gobierno.

 JORGE NAVARRETE, ex director ejecutivo tvn: El sentido profundo del cambio de mando

Mañana, Sebastián Piñera entregará la banda presidencial a la presidenta del Senado, quién la impondrá a la nueva presidenta, Michelle Bachelet. La entrega de la piocha de O'Higgins, la solemne promesa de "desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la Nación, y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes" y el himno nacional, serán la culminación del rito republicano más solemne de nuestro país.
Michelle Bachelet asumirá el cargo por segunda vez, pero lo que se inicia mañana será muy distinto de lo que terminó hace solo cuatro años. Ha cambiado la sociedad civil, han cambiado las demandas -y también los sueños y esperanzas- de los chilenos y ha cambiado la mujer que volverá a guiarnos desde mañana.
Su anterior gobierno cerró un ciclo político de veinte años, con cuatro sucesivos gobiernos de la Concertación, que ha sido calificada como "la coalición política más exitosa de la historia de Chile". Dicho éxito no fue sólo electoral. La obra política, económica, social y cultural de esos veinte años ofrece un balance positivo, del que Bachelet es parte importante y como toda la Concertación, ella es y se siente políticamente solidaria de sus éxitos y de sus fracasos.

Este ciclo histórico terminó. Lo confirma lo sucedido al propio gobierno de derecha que termina, con sus luces y sombras. La apreciación global del gobierno de Piñera y los resultados abrumadores de las elecciones presidenciales y parlamentarias hablan por sí mismos: el país no quiere "más de lo mismo", cualquiera sea el nombre del candidato o el color de su coalición.
El cambio de la Concertación a la Nueva Mayoría no es la incorporación del Partido Comunista y de otras agrupaciones menores, que venían votando en segunda vuelta por la Concertación ya en tres oportunidades. Lo verdaderamente importante es el cambio de las prioridades del programa de gobierno y la composición de los equipos de colaboradores ya informados por la presidenta.
El país quiere cerrar definitiva los resabios institucionales de la Dictadura, y la presidenta nos propone una nueva Constitución, que refleje un consenso nacional; de la amplitud de ese consenso dependerá no sólo su factibilidad sino, más importante, el respeto que inspirará y la duración que tendrá.
El país quiere ser más justo e igualitario, para que el futuro de los chilenos no esté determinado por la familia donde nació y el colegio en que estudió, sino por el mérito y el esfuerzo de cada uno. Y la presidenta nos ofrece una reforma educacional que debe ser la piedra angular del cambio del "crecimiento con equidad" a la "equidad con crecimiento".
El país sabe que estos cambios implicarán la necesidad ineludible de mayores recursos, y la presidenta nos ofrece una reforma tributaria que ponga justicia en uno de los aspectos más escandalosos del modelo vigente.
Para este cambio de perspectiva y prioridades, la presidenta ha designado equipos que, en su  mayoría, significan una renovación de los cuadros dirigentes. Pero el sentido político del cambio es el importante: disminuyen los demasiado satisfechos por lo ya hecho y aumentan los no tan satisfechos con lo que no se pudo y/o quiso hacer.

Por último, creo que Michelle Bachelet ha cambiado. No sólo por el paso del tiempo, ni porque ha tenido nuevas e importantes responsabilidades. Creo que el cambio más importante está en que ella es quien más ha tenido necesidad de reflexionar sobre esa aparente paradoja: este país que no quiere continuismo pero que la ha preferido consistentemente a ella, durante y después de su primer gobierno, y ahora en el contundente mandato que el pueblo ha puesto en sus manos.
Es más que probable que en esa reflexión ella haya concluido que el país quiere un cambio significativo de rumbo y no quiso o no pudo ponerlo en manos distintas a las de ella.
El resto es su innato sentido del deber: volvió, habló y ganó.
Desde mañana nos deberá guiar hacia un país mejor. ¡Buena suerte, presidenta!

Sin embargo, existen otros indicios que demuestran que este descontento no se aquietará.
El aprendizaje social alcanzado muestra una mayor voluntad ciudadana de demandar derechos. Asimismo, en los últimos cinco años se advierte un considerable descenso en la confianza social hacia un gran número de instituciones. Existe una generalizada percepción que el sistema beneficia solo a unos pocos, y en términos comparados con América Latina, la satisfacción con la democracia en Chile es baja.

Lo anterior no responde a una coyuntura. Desde el punto de vista de la ciudadanía, se advierte un sistema político distante, que no resuelve los problemas de la gente común y corriente, que no escucha las demandas sociales. Aunque se confía en la presidenta electa, recientes estudios de opinión muestran que no se cree que las reformas prometidas puedan llegar a ser aprobadas  y menos  implementadas.
Así las cosas, es muy probable que el gobierno que se inaugura enfrente presiones ciudadanas tal como ha venido sucediendo. Las regiones, indígenas, estudiantes, profesores, trabajadores de la salud, sindicatos, medioambientalistas, y otros actores sociales muy probablemente continuarán protestando porque para ellos la calle es un instrumento eficiente para obtener resultados en un sistema político que no ha dado respuestas a sus demandas.

Y ese es precisamente el desafío de Michelle Bachelet. ¿Podrá ensayar o institucionalizar mecanismos de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones?, ¿cómo canalizar demandas incorporando actores sociales y utilizando también mecanismos de toma de decisión que están deslegitimados (el Congreso Nacional)?

Pensemos en dos ejemplos. Desde la aprobación del Convenio 169 de consulta a pueblos indígenas en 2008, se han intentado sin éxito diferentes formas de reglamentar el proceso de consulta previa. Bachelet enfrentará el desafío de materializar un mecanismo de consulta que sea percibido como legítimo por los actores sociales y que permita viabilizar proyectos de inversión minera, forestal y de energía.
El segundo ámbito es la educación. La experiencia de incorporación de estudiantes a la Comisión de Educación luego de las protestas de 2006 fue fallido en la medida en que percibieron que sus demandas no fueron incorporadas. Hoy el movimiento estudiantil no solo demanda reformas, sino que también participar de la elaboración de nuevas propuestas.

La incorporación de la participación ciudadana en la agenda política involucra un gobierno capaz de escuchar, capaz de generar espacios de deliberación, y capaz de involucrarse en un diálogo genuino que, al involucrar a actores sociales, incrementa la legitimidad de las decisiones.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, este tipo de experiencias reducirán la incertidumbre sobre los acuerdos alcanzados, y permitirán políticas más estables y duraderas. El desafío no es otro que democratizar la democracia.

Ignorando los calores del verano, la actividad económica ha continuado enfriándose. El nuevo gobierno enfrenta la necesidad de recuperar el dinamismo. El entorno internacional es positivo en sus fundamentos, aunque hay viento en contra de los mercados emergentes. La buena noticia es que los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, avanzan hacia un sano crecimiento, a pesar que ello haga que Chile esté hoy menos de moda en los mercados de los capitales.
Paradojalmente, la desaceleración puede tener, también, efectos positivos como moderar las desatadas expectativas de la población, exacerbadas por la más populista y politizada elección presidencial en muchos años; impulsar a exportadores con el mayor nivel del dólar y, además, volver a priorizar el crecimiento en la agenda política.

En el debate político el crecimiento es hoy percibido como automático. Ahora recién parece estar despertando la necesidad de implementar reformas estructurales que busquen dinamizar la economía. La Concertación tiene muy viva la buena experiencia que es administrar un país con buen crecimiento económico y es de esperar que no descuidará este tema.
Durante la campaña las noticias no fueron buenas para el crecimiento: fue un objetivo político más bien olvidado y en cambio, la propuesta de grandes, ambiciosas y complejísimas reformas políticas y económicas, no hay duda que deben haber frenado la inversión.

La profunda y masiva reforma tributaria propuesta y la extrema complejidad de su implementación, son un elemento especialmente preocupante.
Hoy puede ser un momento preciso para efectuar las reformas estructurales económicas que Chile necesita.  La importante mayoría política gobernante, la capacidad y cohesión del nuevo gabinete y el pleno empleo podrían ayudar, por ejemplo, a flexibilizar el mercado laboral en beneficio de mujeres y jóvenes o para desenredar el sector energía.

El punto es que eso implicaría incorporar el crecimiento como prioridad en la agenda del nuevo gobierno. Eso se logrará si la Nueva Mayoría entiende que para luchar duraderamente contra la desigualdad, es indispensable el crecimiento económico y que éste requiere del apoyo activo de políticas correctas. La pura lucha contra la desigualdad no genera crecimiento. Entonces la política influenciará mucho a la economía.
Además de un sano manejo macroeconómico, el nuevo gobierno tendrá que clarificar a la brevedad sus reformas y lograr, ojalá, consensos moderadores. Es fundamental que el apuro no genere falta de prolijidad en las reformas.

Chile está sano y vigoroso, puede volver a crecer a mayor velocidad, sobre el 5%, como lo hizo hace muy poco. Requiere de aclarar incertidumbres, resolver los nudos que hacen de Chile un país con costos cada vez más altos como, por ejemplo, la escasez de mano de obra, la energía, las regulaciones anquilosadas y el propio sistema tributario si la reforma es mal hecha. Además, el gobierno tendrá que enfrentar las altas expectativas que generó en la campaña y evitar el populismo a la vez que controla los conflictos sociales. Nada fácil.
Si, por el contrario, el gobierno aplica sus ambiciosas reformas en forma ruda, descuida el crecimiento como objetivo y se entrega al populismo y a la entrega de bienes sin esfuerzo para tranquilizar los grupos sociales organizados, volveremos a un crecimiento mediocre, digamos 3%. Entonces habremos flotado como un corcho por cuatro años en vez de nadar hacia el desarrollo. Los buenos nadadores avanzan con esfuerzo, incluso contra la corriente, pero avanzan.