¿Cómo podría interpretarse el acta de acuerdo de límites entre Puno y Moquegua?

Puno ha dado su conformidad al informe de la Dirección Nacional  Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT). Moquegua se ha distanciado.

La posición de las autoridades de Moquegua es que el fallo de la DNTDT no fue transparente.

Totalmente falso (…) Moquegua va a objetar una serie de cosas. De repente lo van a judicializar, pero aún cuando se judicialice, hay que precisar que se ha seguido un proceso transparente.

¿El acuerdo es solo un reconocimiento administrativo?

No. Lo que se ha definido es el límite político entre Puno y Moquegua, incluidos los distritos colindantes de ambas regiones.

¿Podríamos decir que Puno ha ganado?

Sí. Hemos ganado porque hemos conseguido que se ratifique lo que siempre hemos sostenido.

Pero un proceso de demarcación de todas maneras tiene que pasar por el Congreso y terminar en una ley.

Exactamente. El informe ahora va pasar a la PCM. Este organismo seguro va a llamar a Moquegua y decirle: “Moquegua, ¿qué pasa?, ¿no estás de acuerdo?”. Ahí el temor es que se llegue al arbitraje. Entonces tenemos que lucharla. Luego la PCM proyecta la ley, la cual será presentada al Congreso. Este poder del Estado tendrá la última palabra.

¿Quiere decir que no se ganó todo?

Para nosotros sí es un logro. Se ha probado técnicamente que los territorios que reclama Moquegua siempre le pertenecieron a Puno.

Las autoridades de Moquegua sostienen que no firmarán el acuerdo mientras no se reanude el diálogo.

Haremos prevalecer el informe técnico que es favorable para Puno.

Es evidente que Moquegua probablemente impugne la suscripción del acuerdo. ¿Qué hará su administración?

Asumiremos una defensa técnico legal (…) Afrontaremos las circunstancias futuras que se puedan presentar y la asumiremos en forma unida. Propiciaremos el diálogo, el entendimiento, y no caprichos de los hermanos  de Moquegua. Ellos están pensando más en beneficiarse de la actividad minera. El 100% de canon de Aruntani es para Moquegua. Ahora debemos lograr que el 100% de canon de esta empresa sea para Puno.

Rufino Motta.

Moquegua.

El problema por límites entre Puno y Moquegua se judicializó. El Gobierno Regional de Moquegua (GRM), a través de su procuraduría pública, presentó ante el Poder Judicial una acción de amparo arguyendo que en el tratamiento de la controversia no se respetó el debido proceso. 

La demanda que ingresó a la Sala Mixta de Mariscal Nieto se formuló en contra de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el equipo técnico de la región del Altiplano.

El procurador adjunto del GRM, Reynaldo Cuayla, sostuvo que con el recurso se busca que las cosas vuelvan al estado anterior.

Estas dos regiones participaron en una mesa de diálogo desde 2009. Ambas reclamaban la comunidad de Pasto Grande. Las negociaciones marcharon sin rumbo. En agosto pasado se realizaron las últimas reuniones de los equipos técnicos. 

La DNTDT presentó una propuesta de límites en los tramos I y II, en la que se incluyó como jurisdicción puneña a comunidades de los distritos de Ubinas, Ichuña y Chojata, que pertenecen a la provincia de Sánchez Cerro.

El documento fue elaborado en base al croquis y ley de creación del distrito de Chojata, pese a que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) advirtió que este no es cartointerpretable. 

La propuesta además coincide en un 90% con el reclamo de Puno, razón por la cual los moqueguanos la rechazan al calificarla de parcializada.

En esas condiciones, el martes último, representantes puneños firmaron una supuesta acta final de acuerdo de límites, pero Moquegua no lo hizo. El acto es considerado como un triunfo por el alcalde puneño, Luis Butrón, y el titular de esa región, Mauricio Rodríguez.

Para el subgerente de Demarcación Territorial del GRM, Renato Rojas, dichas autoridades pueden hablar muchas cosas, porque mientras no haya consenso en las propuestas técnicas, cualquier documento unilateral no prosperará. De acuerdo a la norma, en un proceso de solución de un asunto limítrofe entre dos regiones primero debe haber una propuesta consensuada y esta se deriva a la Presidencia del Consejo de Ministros, que la acoge para hacerla proyecto de ley que pasa al Congreso para su debate y aprobación.