La ley de minería de gran porte, aprobada en setiembre de 2013 con votos del Frente Amplio en el Parlamento, estableció un nuevo marco para proyectos de esas características, a partir de la llegada de la firma india Zamin Ferrous (Aratirí).

El texto enumera las características que debe tener un contrato para habilitar la extracción del mineral (hierro en este caso), el régimen tributario y las garantías. Pero también dedica un capítulo entero al plan de cierre de las minas. Se plantea objetivos para mitigar el efecto, para lo cual las empresas deben presentar sus herramientas. Aratirí, que piensa extraer 18 millones de toneladas de concentrado de hierro por año, durante 20 años, entregó al Poder Ejecutivo su proyecto con el plan de cierre correspondiente. Pero lo hizo antes de aprobarse la ley marco.

La compañía extranjera había planteado llenar con agua las minas con hasta 380 metros de profundidad, para convertirlas en lagos o reservas de agua. Ese proceso tardaría 80 años en completarse, aunque en la mitad del tiempo la superficie se llenaría a un 80% de su capacidad. Así lo explicó en el Parlamento la empresa, y lo repitió la semana pasada su gerente de medio ambiente, Cyro Croce, cuando disertó en una mesa redonda en la Facultad de Ciencias Sociales. Ese planteo recibió cuestionamientos de ambientalistas y dudas en el sistema político.

Aratirí analiza ahora cambiar parte de ese plan para adecuarlo a las exigencias del gobierno, sobre todo, para reducir el tiempo de reparación final, según pudo saber El Observador.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) estudia el proyecto para darle (o no) su aprobación. Cuando redacte su informe, dará su opinión técnica sobre la propuesta de plan de cierre de la empresa, y Aratirí espera que allí surja algún aspecto para modificar el plan.

Radio El Espectador informó ayer que Aratirí compara otras experiencias, “como el caso de una cementera (de ANCAP) en las cercanías de la ciudad de Minas, cuya mina quedará tal cual el día de cierre, para la visita de estudiantes de geología y de turistas”. La diferencia es que la de ANCAP es una mina y Aratirí tendrá cinco minas.

El gerente de medio ambiente de la empresa presentó en Ciencias Sociales casos de cierres de minas en otras partes del mundo.

Mostró proyectos en Nueva Zelanda, Inglaterra y Brasil. Ninguna mina era de hierro ni se le acercaba a la quinta parte de la dimensión del proyecto de Aratirí en Uruguay, pero el ingeniero Croce quiso mostrar cómo en algunos casos se puede remediar el daño con taludes de pradera, en vez de verter agua.

La ley indica que el plan de cierre de minas deberá contener medidas de “reacondicionamiento, con determinación de costo, oportunidad y métodos de control y verificación para las fases de instalación, operación y cierre”. También deberá comprender medidas de “compensación” de los impactos ambientales negativos, “acordes” con las conclusiones de la evaluación de impacto ambiental. Además, se le exige a la empresa una garantía, correspondiente a 10% del costo total del plan de cierre. Incluso deja abierta la posibilidad para que el Poder Ejecutivo pueda sumar “todo otro requisito” que “estime pertinente en atención a las mejores prácticas disponibles en esta materia”.

El plan debe ser revisado al menos cada tres años, y adecuado cada vez que el proyecto cambie de forma sustantiva. También tendrá que ser comunicado a la población en un portal de internet.

Aratirí piensa ocupar 14.500 hectáreas con su complejo minero. Las cinco minas ocuparán 522 hectáreas. Extraerá piedras con 27% de hierro, para triturarlas y separar el material con imanes.